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Los diputados tienen en sus manos la agenda con el FMI desde inicios de año, pero los textos caminan a paso lento. Foto: Asamblea Legislativa (Minor Solís)
Pese a la aprobación definitiva del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las iniciativas de ley que el Gobierno convino con el organismo internacional para estabilizar las finanzas públicas, como contrapartida, caminan a paso lento y entre tensiones que dificultan su aprobación.
El proyecto que más avanzó hasta el momento es la reforma a empleo público. Este ya se aprobó en primer debate y se trata de un texto fundamental para el Fondo, según explicó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en una reciente entrevista con EF.
Sin embargo, actualmente pasa por una consulta de constitucionalidad, de la cual dependerá la prontitud con la que pueda avanzar a su votación definitiva en segundo debate.
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Los otros proyectos de ley con un efecto fiscal importante que componen la agenda –todos orientados a generar nuevos ingresos para las arcas estatales– ni siquiera han salido de las comisiones legislativas que los analizan; en las cuales todavía se realizan consultas y audiencias a sectores interesados.
El plan de empleo público, en conjunto con la aplicación de medidas administrativas para la contención de gasto, representa dos terceras partes del ajuste fiscal acordado con el Fondo para revertir el déficit primario (la diferencia negativa entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses).
Los demás proyectos representan una tercera parte del ajuste.
El FMI aprobó la ruta de acuerdo con Costa Rica desde el 1° de marzo pasado. No obstante, la Asamblea Legislativa apenas lo ratificó este 19 de julio, a pesar de que estuvo listo para su aprobación desde la ultima semana de junio. La lentitud ha marcado la discusión de la agenda con el Fondo.
Los proyectos principales
La agenda con el FMI está compuesta por seis proyectos con efecto fiscal, además del convenio de financiamiento en sí mismo.
La primera es la reforma al empleo público, que es la principal medida en materia de contención del gasto público; y los otros cinco son proyectos en materia de nuevos ingresos para:
- Establecer un sistema de renta global para personas físicas y aumentar la base de contribuyentes
- Fijar un aporte solidario de las empresas públicas del Estado, de hasta un 0,2% del PIB, por cuatro años
- Rediseñar el impuesto a las casas de lujo, para cobrar una tasa flat del 0,5% a las viviendas con un valor de construcción y terreno superior a los ¢150 millones
- Gravar los premios de lotería que superen el medio salario base (¢231.100), y
- Eliminar algunas exoneraciones, quitar la no sujeción del salario escolar al Impuesto sobre la Renta, estandarizar el cobro de rentas de capital en un 15% (y aumentar la tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionar 5 puntos a las tasas sobre remesas
Los últimos tres proyectos se encuentran la Comisión de Asuntos Jurídicos y, según la presidenta de ese foro, Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), su trámite es lento. Adujo que no solo existen trabas porque los diputados tienen diferencias de fondo con las iniciativas, sino además porque el Ejecutivo tampoco ha buscado con mayor ahínco los acuerdos políticos necesarios.
Los otros dos proyectos, el de renta global y el de aporte de empresas estatales, están en las comisiones de Asuntos Hacendarios y de Asuntos Económicos, respectivamente: y también siguen lejos de tener un dictamen para avanzar al Plenario legislativo.
El proyecto de aporte de las empresas estatales está en etapa de consultas, según explicó a EF el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y secretario de la comisión de Económicos, Luis Ramón Carranza; mientras que el de renta global avanza, pero todavía deberá someterse a “un amplio proceso de discusión nacional”, advirtió diputada liberacionista y presidenta de Hacendarios, Ana Lucía Delgado.
La gran mayoría de estos proyectos además enfrentan una realidad compleja de partida, pues diputados de distintas bancadas –como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Restauración Nacional (PRN) o el bloque independiente Nueva República, entre otras– ya han manifestado que, al menos mayoritariamente, optarían por no aprobar reformas relacionadas con cuestiones de impuestos o nuevos ingresos.
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Estos factores dejan como único proyecto con un nivel mayor de avance al plan de empleo público, que ya se aprobó en primer debate.
No obstante, este texto enfrenta dos factores que tensan su trámite.
El primero es que deberá superar una consulta de constitucionalidad que, de encontrar algún vicio, podría limitar sus alcances fiscales, pausar su aprobación o incluso traerse abajo por completo su avance.
También requerirá, en caso de que llegue a segundo debate, el respaldo final de al menos 38 legisladores: seis más que en primer debate, cuando 32 diputados lo dieron su visto bueno, 15 lo rechazaron y 10 diputados estuvieron ausentes.
Entre otras regulaciones, la reforma al empleo público establece una escala sistema salarial única para el Estado (con excepción de las empresas en competencia) e impone una serie de restricciones a la negociación de convenciones colectivas; y su impacto es de los más cuantiosos para las metas fiscales que se propone el Gobierno.
Prioridades
Pese al lento avance de las iniciativas de la agenda, el Gobierno sostiene que todos los proyectos que se propusieron al Fondo pueden caminar al mismo tiempo en el Congreso, sin la necesidad de priorizar uno por encima del otro.
Así lo manifestaron en entrevistas recientes con EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
Ambos afirmaron que la mayoría de los textos son de fácil tramitación, pues apenas se trata de ligeras reformas a legislaciones ya existentes, con excepción del texto de renta global, que sí varía sustancialmente los parámetros actuales.
El ministro Villegas valoró en una entrevista con el periódico La Nación que el proyecto de impuesto a las casas de lujo es el que podría tener un camino más simple, pues dijo considerar que se trata de un impuesto justo y progresivo.
No obstante, esta iniciativa ya provocó la molestia en diversos sectores, pues realizaría dos cambios de fondo que podrían afectar a propietarios de casas modestas en zonas de alto valor.
Esto ocurriría porque actualmente el gravamen únicamente contempla el valor de la construcción, pero la reforma ahora también incluiría el costo del terreno en el cálculo. De esta manera, el impuesto ya no se cobraría sobre las edificaciones de más de ¢133 millones; sino sobre los bienes inmuebles de más de ¢150 millones, entre el valor constructivo y el de su terreno.
Además, la tarifa del impuesto ya no sería escalonada entre un 0,25% y un 0,55%, según el costo de cada inmueble; sino que se aplicaría una tasa flat del 0,5%.
Al respecto, Villegas aseguró a radio Monumental que su cartera está preparada para llegar a algún punto de encuentro en la discusión. Según dijo, se propondría una exoneración para dueños de viviendas de entre ¢150 millones y ¢210 millones, de modo que no paguen el tributo cuando el valor de terreno represente más de un 40% del valor total del inmueble.
No obstante, la discusión de este texto apenas empieza –al igual que la de la mayoría de proyectos en materia de ingreso–, a pesar de que se presentaron entre diciembre y febrero pasados.
Consultada por EF, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido, aseguró que el acuerdo con el Fondo es “una tarea indispensable del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, por lo que confían en su aprobación por parte de una mayoría legislativa, a pesar de las dudas que persisten en el Congreso.
Recién aprobado el convenio macro con el Fondo, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, llamó al Poder Ejecutivo a ser “congruente” y acercarse a las fracciones para viabilizar una agenda de la que dependerá la estabilidad financiera que promete la negociación con el Fondo. “Lo que le resta a esta Asamblea Legislativa en materia de consolidación fiscal solo será posible si hay una genuina voluntad por parte del Ejecutivo para construir, modificar y mejorar mucho de la agenda que está pendiente”, concluyó.
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