La seguridad se ha convertido en un catalizador político de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, la propuesta lanzada desde octubre de 2025 por Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y respaldada recientemente por el exministro de Hacienda y candidato a diputado Nogui Acosta, ha cruzado una línea que la política costarricense no tocaba desde mediados del siglo XX: la suspensión formal de garantías individuales como herramienta de gobierno.
Fernández fue explícita al señalar su disposición a solicitar a la Asamblea Legislativa la aplicación del artículo 121, inciso 7, de la Constitución Política para realizar operativos sin orden judicial en zonas conflictivas. Acosta, por su parte, reforzó esta tesis en un debate en enero de este año, argumentando que Costa Rica posee un sistema “tan garantista” que impide actuar con rudeza contra la delincuencia.
Si bien la Constitución contempla esta figura para casos de “evidente necesidad pública”, la evidencia internacional del siglo XXI sugiere que cuando los Ejecutivos contemporáneos invocan estas excepciones bajo banderas de seguridad, el resultado rara vez es un retorno al orden democrático pleno, sino una erosión sistemática del Estado de Derecho.
A continuación, analizamos la propuesta del chavismo costarricense a la luz de los datos globales sobre recortes de libertades.
El modelo Bukele: La seguridad como cheque en blanco
La referencia ineludible para la propuesta de Fernández es El Salvador. Desde marzo de 2022, la administración de Nayib Bukele gobierna bajo un régimen de excepción renovado continuamente.
- El argumento: Una “guerra contra las pandillas” para retomar el control territorial.
- La realidad jurídica: Se han suspendido derechos clave como la defensa técnica, la presunción de inocencia y la inviolabilidad de las comunicaciones.
- El costo institucional: Aunque popular por la reducción de homicidios, el costo ha sido la detención de más de 85.000 personas sin orden judicial y la celebración de juicios masivos. Organizaciones de derechos humanos documentan más de 6.000 denuncias de detenciones arbitrarias, aunque se sospecha que la cifra real es mucho mayor. También se registran al menos 400 muertes bajo custodia estatal desde el inicio del régimen.
La propuesta de Fernández de detener personas mediante inteligencia policial y sin orden judicial calca este modelo, asumiendo que la inteligencia estatal es prácticamente infalible y que el daño colateral a las garantías de terceros es un precio aceptable.
Cuando la excepción se vuelve la regla: Venezuela y Nicaragua
El peligro, según advierten politólogos y el Observatorio del Estado Constitucional de Derecho de la UCR, es la normalización de la excepcionalidad. En América Latina, la suspensión de garantías ha sido la puerta de entrada para anular a la oposición política.
- Venezuela (desde 2016): Nicolás Maduro ha utilizado decretos de “Estado de Excepción y Emergencia Económica” no solo por seguridad, sino para legislar en materia presupuestaria y financiera sin control parlamentario, bajo la premisa de una “guerra económica”. Lo que inició como emergencia, se convirtió en la forma ordinaria de gobernar.
- Nicaragua (desde 2018): Bajo leyes de “seguridad soberana” y antiterrorismo, el régimen de Ortega suspendió de facto los derechos de asociación y reunión. La justificación oficial de “restablecer el orden” tras las protestas sirvió para confiscar bienes y cancelar la personería jurídica de disidentes y ONGs.
La aritmética del poder: El objetivo de los 40 diputados
Para que la propuesta de Laura Fernández sea viable, el oficialismo necesita una mayoría calificada. El artículo 121 de la Constitución exige el voto de dos tercios de la Asamblea (38 diputados) para suspender garantías.
Aquí cobra sentido la insistencia del movimiento de Rodrigo Chaves en alcanzar la cifra de 40 diputados en 2026. Con esa aritmética, el Ejecutivo no tendría necesidad de negociar la “evidente necesidad pública” con la oposición. Tendría vía libre para suspender, hasta por 30 días renovables, derechos contenidos en los artículos 22 (tránsito), 23 (inviolabilidad del domicilio), 24 (secreto de las comunicaciones) y 37 (detención sin orden).
El precedente global: Reformas bajo pretexto de crisis
La tendencia a recortar garantías no es exclusiva de regímenes autoritarios consolidados; también ocurre en democracias que sufren deterioros rápidos, a menudo liderados por figuras que, como Nogui Acosta, cuestionan los “excesos” del garantismo.
- Hungría (Europa): Desde 2010, Viktor Orbán ha utilizado mayorías parlamentarias para aprobar reformas constitucionales y leyes de emergencia (por inmigración o COVID-19) que le permiten gobernar por decreto, limitando la libertad de prensa y la independencia judicial.
- Filipinas y la “Guerra contra las drogas”: Durante el mandato de Duterte, la retórica de seguridad pública permitió a la policía ejecutar operaciones letales con mínima rendición de cuentas, suspendiendo en la práctica el debido proceso.
- Argentina (Caso reciente): El uso de Mega-DNU por el actual gobierno para modificar regulaciones masivas sin debate legislativo, alegando “emergencia económica”, muestra cómo la crisis se utiliza para eludir los contrapesos republicanos.
El riesgo del desmantelamiento institucional
La propuesta del PPSO no ocurre en el vacío. Se da en un contexto donde el actual gobierno ha sido condenado por la Sala Constitucional por ataques a la prensa y donde existen denuncias sobre el uso de troles para manipular la opinión pública, entre otros.
Si Costa Rica avanza hacia la suspensión de garantías propuesta por Fernández y Acosta, no estaría innovando, sino siguiendo lo que muchos estudiosos de la ciencia política califican como un manual global bien documentado en el siglo XXI.
La evidencia de casos como Turquía, Polonia, El Salvador o Venezuela demuestra que, una vez que el Poder Ejecutivo logra suspender derechos fundamentales con el aval de un legislativo controlado, recuperar esas garantías no se logra rápida ni fácilmente.
La “eficacia” inmediata contra el crimen que promete el oficialismo podría implicar, según la experiencia comparada, el desmantelamiento a largo plazo de la seguridad jurídica que ha diferenciado a Costa Rica en la región.
