Después de varios intentos, el pasado 23 de septiembre se publicó la quinta versión del cartel para la licitación de Puerto Caldera y se esperaba que esta fuese la definitiva. Sin embargo, una nueva objeción presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) vuelve a poner en pausa el proceso y a encender la discusión en torno al proyecto.
Según lo informó la CGR, la objeción fue presentada el 7 de octubre por la empresa Logística de Granos S.A. Esta es representada por José Pablo Chaves Zamora y es socia de las actuales concesionarias del puerto, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC), tal como consta en el recurso de objeción.
Tres días después, este 10 de octubre, trascendió una nota dirigida por la SPC y la SPGC al presidente ejecutivo del Instituto de Puertos del Pacífico (Incop), Wagner Quesada, en la cual aclaran que no comparten ni avalan dicha objeción al proceso de licitación.
“No compartimos las consideraciones, ni el enfoque planteado y nos desmarcamos totalmente de esa línea de pensamiento y de cualquier interpretación que pudiera vincular a SPC o SPGC con ese recurso”, indica en la nota el presidente de la Junta Directiva de ambas empresas, Mauricio Carrasco.
La nota hace énfasis en que la posición de las empresas SPC y SPGC ha sido la de respaldar el proceso de concesión liderado por el Gobierno de la República.
Carrasco lidera la Junta Directiva en representación de Hanseatic Global Terminals, compañía cuya matriz es la naviera alemana Hapag-Lloyd y que en 2023 adquirió SAAM Terminals y su cartera. Desde entonces es controlador de las sociedades a cargo de la concesión de Puerto Caldera.
Según lo constató El Financiero en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Jose Pablo Chaves es hijo del reconocido empresario Calixto Chaves, financista del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Tanto el mandatario como el sector empresarial han instado a la CGR a agilizar el proceso de licitación. Por su parte, la CGR ha señalado que dicho proceso es responsabilidad del Incop.
¿Qué dice la objeción?
El recurso de objeción se sustenta en el artículo 2 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (Ley 7762), la cual establece que toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público.
En el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, la ley indica que únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes.
“Así las cosas, para otorgar en concesión los muelles, ello únicamente se podrá hacer en las obras nuevas o las ampliaciones y no las existentes. La licitación que nos ocupa obvia taxativamente esta regulación y remite a la ley indicada 7762, a pesar de que es de conocimiento público la existencia de obras con las cuales es posible llevar a cabo la operación normal propia de Puerto Caldera, Puntarenas, Costa Rica”, dice el recurso.
“Sin dichas obras existentes, no sería posible llevar a cabo la actividad que durante años ha permitido movilizar las cargas por nuestra costa pacífica. Se pretende mediante el concurso que se promueve, ignorar dichas obras, alegando el monto de la inversión que se estima necesaria para las ampliaciones y obras nuevas a realizar, las cuales nunca se darían en Caldera, si no existiesen las obras actuales”, añade.
Entre otros puntos, el recurso de objeción sostiene que la licitación infringe la regulación indicada en la Ley 7762, dado que se están dando en concesión obras ya existentes.
Según el recurso, los temas descritos generan inseguridad jurídica en la participación de esta licitación.
Ahora la CGR tendrá plazo hasta el 6 de noviembre para resolver este recurso, lo cual posiblemente obligará al Incop a trasladar la fecha para la apertura de ofertas, que se había establecido para el 7 de ese mes.
Este medio envió consultas al presidente del Incop para conocer su reacción, pero no se ha recibido respuesta.
Antecedentes
Los servicios que se brindan en Puerto Caldera se ejecutan mediante tres contratos de concesión que vencerán entre agosto y diciembre de 2026, tras 20 años de vigencia.
En octubre de 2024 se publicó el primer cartel para la licitación, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y el equipamiento del puerto, que hoy presenta una elevada congestión.
En este proceso de licitación han surgido tres rondas de objeciones contra el cartel y la Contraloría ha declarado “con lugar” o “parcialmente con lugar” 83 de unos 200 alegatos presentados por las empresas. Entre ellos, 19 inconformidades que fueron aceptadas por el Incop en la primera ronda.
“Esto refleja un pliego de condiciones que presenta problemas sustantivos desde el inicio y eso es responsabilidad de la administración, es decir, del Incop, de modo que cualquier aseveración de atraso o burocracia, no es atribuible a la Contraloría General”, sostuvo la gerencia de la División de Contratación Pública de esa entidad, en respuesta a consultas de El Financiero.
El pasado 17 de septiembre se emitió un comunicado conjunto entre 13 cámaras y asociaciones representantes del sector productivo costarricense, en el cual instaron a la CGR a agilizar el proceso licitatorio.
“La situación de Puerto Caldera es crítica y su modernización resulta prioritaria para aliviar la saturación de la terminal, dinamizar el comercio nacional e impulsar la competitividad del país. Los atrasos en el proceso generan sobrecostos logísticos que afectan directamente a las empresas y, en última instancia, al consumidor final”, decía el comunicado.
La respuesta de la CGR no tardó en llegar, también mediante un comunicado, en el cual señaló al Incop como responsable del atraso sufrido en la licitación.
“La Contraloría coincide con la necesidad de hacer eficiente el trámite de la licitación, lo cual corresponde al Incop”, dijo Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la CGR, a través de un video que acompañaba el comunicado.
