EscucharEl Banco de Costa Rica (BCR) vuelve a ocupar el centro del debate público. No es la primera vez que su nombre aparece asociado a la posibilidad de venta como tabla de salvación para las finanzas del Estado.
La presidenta electa, Laura Fernández, anunció que impulsará la venta de la entidad con el objetivo de atender la crisis del fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De hecho, la institución tuvo que recurrir recientemente a parte de sus reservas para cubrir el pago de jubilaciones, un escenario que las proyecciones actuariales situaban originalmente hacia el 2041.
Fernández defendió su propuesta al afirmar que la transacción debe concretarse “antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”. La próxima mandataria plantea que el monto obtenido se destine a capitalizar el fondo de pensiones del IVM.
Sin embargo, las cifras actuales del banco dibujan un panorama distinto. En 2025 el BCR registró utilidades por ¢38.494 millones, lo que lo ubicó como la tercera entidad financiera comercial con mayores ganancias en el país.
El valor de la institución tampoco es una incógnita reciente. En 2022, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que el activo rondaba los $1.785 millones, cálculo realizado cuando el presidente Rodrigo Chaves planteó vender el banco para amortizar deuda pública.
No obstante, especialistas en pensiones advierten que, aun si se concretara una operación de ese monto, el efecto sería limitado. Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, y Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, coinciden en que se trataría de un alivio de corto plazo, no de una solución estructural.
Posibilidad de quebrar
Durante los primeros años del gobierno saliente, vender el BCR para pagar la deuda del Estado fue un estribillo recurrente. La idea perdió fuerza conforme la relación deuda/PIB logró estabilizarse. El continuismo político retoma ahora el interés en la venta, pero con otro destino: una inyección económica para el régimen de pensiones.
Fernández hizo la advertencia sobre una eventual quiebra del banco un día después de triunfar en las elecciones presidenciales. La afirmación se realizó sin cifras ni estadísticas que evidenciaran un deterioro inminente y sin precisiones técnicas por parte del economista que la acompañaba en la conferencia de prensa: Francisco Gamboa, exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y próximo vicepresidente de la República.
Los datos disponibles en la plataforma de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) muestran un escenario lejano. Al cierre de 2025, la suficiencia patrimonial del BCR se situó en 14,4%, indicador que coloca a la entidad dentro de la categoría de “Normalidad 1″, el rango más alto posible. Esto quiere decir que el banco tiene la capacidad patrimonial para cubrir los riesgos de su giro de negocio.
Asimismo, las utilidades del banco en 2025 representaron el 13,05% del total generado por los 13 bancos comerciales del país —grupo al que ya no pertenece Prival Bank tras el cese de operaciones—. Solo el BAC y el Banco Nacional lo superaron, con participaciones del 32,9% y 29,4%, respectivamente.
Ante los discursos sobre una posible venta, el gerente general del BCR, Julio César Torres, informó a los clientes mediante correo electrónico que “sus recursos están respaldados por un banco sólido, estable y rentable”.
Torres le bajó el tono a las aseveraciones de Fernández al indicar que la entidad sigue operando con normalidad “independientemente de las discusiones que puedan darse en el ámbito político”.
En cuanto al porcentaje de la cartera que registra mora crediticia superior a 90 días y cobro judicial corresponde al 2,72%, un resultado que se ha mantenido estable en los últimos cuatro años (en 2024 estuvo en 2,43%).
Si se busca una señal de deterioro, el punto de comparación está en la variación interanual de utilidades: en 2025 fueron 9,69% inferiores a las de 2024. Sin embargo, más de la mitad de los bancos comerciales experimentaron variaciones negativas similares. En el caso del BCR, la reducción responde al incremento en las estimaciones crediticias, vinculado a la estrategia de colocación de préstamos, según explicó la institución el mes pasado al diario La Nación.
A pesar de esas fluctuaciones —habituales en el mercado financiero—, el banco se mantiene en el tercer puesto de mayores utilidades del sistema desde 2023 y no registra pérdidas.
Ante los resultados bancarios de la entidad, y la alerta dada por Fernández, el sindicato del BCR (Unebanco) también intervino en la discusión. En un comunicado calificó como “totalmente irresponsable y falso afirmar que el banco está en crisis. Los estados financieros auditados y supervisados por la Sugef reflejan que el BCR es una de las instituciones más sólidas y rentables del Sistema Bancario Nacional”.
Unebanco enfatizó que el BCR es “un motor que genera utilidades netas y aporta enormes recursos a toda la población año tras año”.
En esa misma línea, la Sugef se pronunció ante consultas del diario La Nación y confirmó que el BCR está catalogado como una entidad de importancia sistémica debido a su tamaño y peso en la economía nacional, al tiempo que advirtió que cualquier duda sobre su solidez puede afectar el sistema financiero.
¿Salvar el IVM?
El debate, sin embargo, trasciende la salud del banco. Según el último informe actuarial de la CCSS, los ingresos por cotizaciones, sus rendimientos y la reserva del IVM podrán cubrir el pago de pensiones hasta 2047. En otras palabras, la sostenibilidad financiera del régimen tiene fecha límite.
No obstante, el Comité de Vigilancia advirtió el 20 de enero anterior a la Junta Directiva que las reservas podrían agotarse antes de esa fecha si no se adoptan medidas correctivas. La necesidad de utilizar ¢50.000 millones de las reservas para pagar pensiones —algo que empezaría a ocurrir en 2041— encendió nuevas alarmas.
Ese contexto alimentó el interés de la presidenta electa por convertir el BCR en liquidez. “Aquí no se trata tampoco de vender las joyas de la corona sin antes aprobar un paquete de proyectos de ley que deben acompañar la capitalización del IVM”, afirmó.
Fernández no detalló el precio final de una eventual venta ni las reformas estructurales que impedirían el agotamiento de las reservas, aunque aseguró que los ajustes aportarían eficiencia, transparencia y mejores retornos.
La posibilidad de venta del activo del Estado por $1.785 millones —último valor estimado— daría un efecto positivo sobre las reservas del IVM, pero es un monto insuficiente que cubriría la mitad del pago anual de pensiones.
“El gasto anual de pensiones que hoy tenemos es de $4.000 millones anualmente. Entonces, si hablamos de casi $2.000 millones, significa que es la mitad del gasto de este año. Eso es un gasto que va a seguir aumentando”, explicó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.
Es decir, el dinero obtenido a través de la venta del BCR capitalizaría la reserva y mejoraría el flujo de intereses, los cuales se utilizan actualmente para pagar las pensiones.
Barrantes aclaró que esa posible ayuda para el IVM tendría efectos en el corto plazo, pero “no va a solucionar el tema; siempre se va a agotar en algún momento (la reserva)” hasta que se realicen ajustes estructurales.
Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones, comparte la lectura que hizo el representante de la CCSS. Robles mencionó que la venta no soluciona nada si solamente logra ser una ayuda equivalente a un año o menos de pensiones.
“A partir del momento que se vuelva insolvente, el costo para el Gobierno va a ser aproximadamente del 2% del PIB anual”, señaló Robles.
La postura de los expertos en pensiones pone sobre la mesa la realidad financiera de la CCSS y apunta a la necesidad de reformas estructurales que den mayor tiempo de vida a las reservas del IVM. Una de las principales necesidades es que el Estado reconozca la deuda que tiene con la institución por ¢4,43 billones, así como mejorar las condiciones de empleo para que aumente la formalidad y así ingresen más cotizantes.
Ese desafío estructural no ocurre en el vacío. Se ve agravado por una transformación demográfica silenciosa pero contundente: el envejecimiento acelerado de la población y la disminución en la tasa de nacimientos. Este cambio en la pirámide poblacional implica que cada vez habrá más personas jubiladas y menos trabajadores activos sosteniendo el fondo de pensiones, lo que presiona aún más la sostenibilidad del régimen.
La posible venta del BCR, además de ser una curita en una represa que está por desbordarse, tendría un impacto negativo a largo plazo sobre el propio IVM y otras instituciones que se ven beneficiadas con las cargas parafiscales que paga cada año el banco.
Con el BCR fuera de operación como banco estatal, el IVM ya no recibirá el 15% de las utilidades que el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (7.983) dicta que se debe girar a dicho régimen de pensiones.
A la vez, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), ya no recibiría anualmente el 10% de las utilidades que genera anualmente el BCR y que está dispuesto en la Ley de Asociaciones Cooperativas y de creación del Infocoop (4.179).
Otras entidades que dejarían de percibir ingresos por parte del banco a través de cargas parafiscales son la Comisión Nacional de Préstamos (Conape) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a las que les corresponde un 5% y 3% de las utilidades, respectivamente.
“Yo no voy a echarle plata a un canasto y que se salga por un montón de huecos y que en 30 o menos años estemos otra vez con una crisis a la vuelta de la esquina”, aseguró Fernández en conferencia de prensa.
Diferente gobierno, mismo objetivo
El continuismo político a través de Laura Fernández no solo heredó la silla presidencial, sino el objetivo de vender el BCR.
La intención de privatizar un banco con 149 años de historia fue planteada por Rodrigo Chaves en 2022 para abonar al pago de la deuda pública y reducir intereses. En ese momento, la relación deuda/PIB se situaba en 63,8%.
Chaves argumentó que la venta permitiría ahorrar hasta ¢600.000 millones en intereses hacia 2030 y que la propiedad estatal hacía vulnerable al banco frente a usos políticos, corrupción y clientelismo. Ante esto último, hay que tomar en cuenta que es el mismo Poder Ejecutivo el que nombra la Junta Directiva del BCR, su máximo órgano de dirección. Es decir, es responsabilidad del Gobierno nombrar directivos que cumplan con la idoneidad para tomar decisiones que no comprometan la salud de la entidad financiera.
La idea de Chaves perdió fuerza durante su administración tras la estabilización de la relación deuda/PIB que logró situarse en 58%.
Hoy, la meta es la misma; cambia la justificación. El próximo Gobierno retoma la iniciativa, ahora bajo la premisa de salvar al IVM. No obstante, las razones de quiebra y deterioro interno que sostiene Fernández contrastan con los indicadores oficiales reportados por la Sugef.
La discusión sobre el BCR no se limita a la venta de un activo estatal ni a la capitalización temporal de un fondo de pensiones. En el fondo, lo que está en juego es la estrategia para enfrentar un problema estructural.
En esa encrucijada, el país se debate entre medidas de impacto inmediato y reformas de fondo que exigen mayor costo político. El banco permanece sólido según sus indicadores; el régimen de pensiones, en cambio, enfrenta una cuenta regresiva.
