La modernización de Puerto Caldera empezó a dar sus primeros pasos con la publicación del cartel licitatorio, tras más de una década con una capacidad obsoleta. Pero ese pliego de condiciones desató la inconformidad de las compañías interesadas en la concesión.
APM Terminals B.V, SAAM Puertos S.A., DP World Cl Holding Américas Inc. y la firma International Container Terminal Services, Inc. enviaron a la Contraloría General de la República (CGR) las objeciones al cartel.
Las compañías enlistaron, en conjunto, 105 puntos que consideran se deben eliminar o ajustar en el cartel. El 61% de esas objeciones corresponden a DP World Cl Holding Américas Inc., pero en muchas de ellas coinciden con lo expuesto por las demás firmas.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) fue el ente encargado, junto con la asesoría técnica de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, en crear el cartel licitatorio.
En sus respuestas, el Incop ha optado principalmente por rechazar las apelaciones, aunque en algunos casos ha aceptado realizar ajustes o bien suprimir las condiciones.
La decisión final sobre estas observaciones recae en la CGR, que se pronunciará este lunes 20 de enero. El fallo definirá el curso de la modernización de uno de los puertos por donde ingresan mayormente las importaciones que realiza el país.
Aceptación de Incop
El Incop aceptó total o parcialmente cerca de 30 objeciones, de las cuales algunas presentan puntos en común.
Las cuatro compañías plantearon que el plazo de construcción de 30 meses es insuficiente y que no responde a ningún criterio técnico de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, la autoridad portuaria se comprometió a aclarar la condición, ya que el tiempo contemplado sí valora los distintos volúmenes de obra y los rendimientos de la maquinaria que se tendrá que utilizar.
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La institución identificó, por medio de las objeciones, que cometieron un error material al utilizar un marco normativo que no está vigente. Esto sucede en el contrato que regula el procedimiento de resolución contractual, ya que hace referencia al marco jurídico anterior a la Ley General de Contratación Pública (9.986).
Por otra parte, APM Terminals señaló que “no existe fundamento legal alguno para establecer exclusiones en el pliego relativo a pérdidas vinculadas con contratos legítimos que se puedan haber dado con sociedades del mismo grupo económico o empresas vinculadas”. Incop respondió que modificará ese punto del cartel.
Las demás quejas, en las que la administración concedente dio la razón a los interesados y se compromete a ajustar las condiciones, incluyen:
- No se hace mención explícita al concepto de ofertas base y de oferta alternativa.
- Irrazonabilidad del plazo para obtener la Licencia Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). En este punto el Incop accedió a ampliar el plazo de 12 a 15 meses para obtener la Viabilidad Ambiental Definitiva; además, incorporarán de manera explícita “una causal de eximente de responsabilidad”, en caso de mora de procedimiento por parte del ente ambiental.
- Los requisitos de admisibilidad sobre la capacidad financiera deja por fuera “la posibilidad de que la empresa oferente ha obtenido financiamientos de empresas de su mismo grupo de interés económico”, argumentó APM Terminals.
- En la presentación de estados financieros auditados se requiere la aclaración de los últimos tres años fiscales a los que hace referencia el cartel.
- En los criterios técnicos, ambientales y sociales se requiere mejorar la redacción de lo requerido para dar claridad a los posibles oferentes.
- Se requiere precisar la forma de acreditación en la documentación legal referente a empresas extranjeras.
- Mayor claridad en el requerimiento de los años de experiencia como criterio de admisibilidad.
- “Nos allanamos, por lo que se adecuará el procedimiento (declaración jurada en caso de empresas públicas cotizantes) para que refleje que en los casos en que la estructura corporativa de un oferente incluya una entidad que cotice en bolsa se proceda a adaptarse este requerimiento a una carta del regulador…”
- Modificar los requerimientos para la incorporación de obras.
- Las garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales no prevé el procedimiento respectivo, según DP World Holdin.
- Eliminación de la declaratoria de desierto por falta de competencia.
- Modificación de las aclaraciones y subsanaciones de la oferta.
- En el procedimiento de información y reconocimiento es necesario ajustar frases incompletas. También es necesario cambiar el plazo para pronunciarse sobre notificaciones.
- No se contempló la forma en que se elige al evaluador independiente ni cuál de las partes asume sus costos.
- Discrepancia en los plazos para notificar un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
- Eliminación del pliego relacionado a los timbres Ciudad de las Niñas y timbres fiscales porque están derogados.
- Ausencia de documento en uno de sus anexos.
Rechazo por parte de Incop
“En las respuestas planteadas por Incop se evidencia que las objeciones rechazadas corresponden a carencia de fundamentación o pruebas técnicas”, comentó Manuel Parrales, coordinador técnico de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
De hecho, Incop argumenta que algunos puntos de lo expuesto por los posibles oferentes son un “cúmulo de manifestaciones discursivas” y otras no logran explicar la objeción con una adecuada relación jurídica y técnica. Los argumentos “escuetos” e “improcedentes” dan pie al rechazo que manifiesta la institución y que le hace saber al ente contralor.
Las compañías hicieron hincapié en el modelo tarifario presentado ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no contempla la fase de explotación inicial.
“Las tarifas resultantes de la oferta económica entren en vigor cuando inicie la etapa de explotación total del proyecto. Previo a este hito, el concesionario aplicará en la fase de transición las tarifas que actualmente rigen a Puerto Caldera”, aclaró Incop. Añadió que el recurso debe ser “rechazado de plano por improcedencia manifiesta”.
La exigencia de implementar normas de Banco Mundial, los tipos de carga a atender, los requerimientos mínimos de las obras, los ingresos de la concesión, el servicio de escaneo y los riesgos de dragado son algunos de los puntos que las compañías solicitaron ajustar.
No obstante, la institución portuaria manifestó el rechazo porque los planteamientos se encuentran aclarados en el mismo cartel.
