Los trabajadores independientes y otras personas físicas con actividades lucrativas representan otra base del impuesto sobre la renta que no consiguió crecer durante los últimos cinco años. Al contrario, Hacienda registra actualmente menos contribuyentes que al inicio del lustro y también recibe menos dinero de ellos en términos reales.
El Ministerio de Hacienda contabilizaba 319.000 personas físicas inscritas activas en el impuesto sobre las utilidades en 2021 y la cantidad cayó a 314.500 para 2025, a pesar de que llegó a sumar casi 20.000 personas adicionales en el período intermedio.
La recaudación siguió una dirección similar. Expresados todos los montos en colones de diciembre de 2025, para eliminar el efecto de la inflación, los pagos de este grupo en favor de Hacienda pasaron de ¢59.600 millones en 2021 a ¢46.500 millones en 2025, para una reducción del 22% en cinco años.
La tendencia resulta relevante para entender por qué el impuesto sobre la renta ha perdido vigor en los últimos años. La base de independientes registrada por Hacienda no consiguió expandirse, mientras que la recaudación procedente de ella sufrió un retroceso considerablemente mayor.

Una base que no crece
El impuesto sobre las utilidades grava las rentas obtenidas por las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades lucrativas.
En el caso de las personas físicas aparecen, entre otros, los profesionales y trabajadores que ejercen actividades económicas por cuenta propia y que, a diferencia de los asalariados, deben determinar y declarar sus propios ingresos, gastos y renta imponible.
Los registros de Hacienda muestran una trayectoria irregular que terminó 2025 por debajo del punto de partida.
Eran 319.000 en 2021 y la cantidad llegó a subir a las 338.500 tres años más tarde, pero el registro cayó a solo 314.500 en 2025. En otras palabras, a pesar del incremento registrado en los años intermedios, Hacienda terminó el año pasado con menos personas físicas inscritas en utilidades que cinco años atrás.
Fernando Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Ingresos, advierte que esa serie debe interpretarse con cautela. Históricamente, explicó, los registros han incluido a personas que se inscribieron para realizar alguna actividad lucrativa, pero posteriormente la abandonaron y no se desinscribieron. Sin embargo, sí permiten observar tendencias generales.
EF descartó realizar comparaciones con los años anteriores a la pandemia porque el impuesto sobre las utilidades de personas físicas varió considerablemente a partir de 2019 y 2020, por la reforma fiscal de 2018. En esos años hubo múltiples contribuyentes que pasaron a tributar por medio de otras declaraciones, por ejemplo, quienes recibían dinero por alquileres.
También aportan menos
Más allá del número de contribuyentes, la recaudación real procedente de las personas físicas tampoco muestra una expansión que compense la menor base.
Al contrario, Hacienda recaudó ¢46.500 millones en 2025, después de que llegó a alcanzar casi ¢60.000 millones (descontando la inflación) solo cinco años atrás.
La caída de largo plazo tampoco puede explicarse exclusivamente porque haya menos contribuyentes.
El número de contribuyentes cayó un 1,4% desde 2021 hasta 2025, pero la recaudación lo hizo un 22,1%. Es decir, el principal cambio no está en cuántas personas permanecen inscritas, sino en cuánto impuesto genera en conjunto esa base.
Los ingresos generados por el sector en 2025 representaron apenas un 1,9% de los ¢2,45 billones recaudados por todo el impuesto sobre la renta: muy por debajo de los asalariados, que alcanzan un 28,1% a pesar de que esos contribuyentes tienen un mínimo exento más alto.
Coyuntura y estructura
Rodríguez considera que la caída recaudatoria de los últimos años puede responder en buena medida al comportamiento del tipo de cambio. A su juicio, esta es una de las explicaciones más plausibles, tomando en cuenta que existen profesionales que venden servicios a empresas locales y extranjeras en dólares y que, por tanto, reciben menos colones ante la apreciación del colón de los últimos años.
El economista insiste, sin embargo, en que no puede señalar este asunto como la única causa.
También podrían influir cambios en la demanda de determinados servicios y el comportamiento de actividades económicas vinculadas con servicios profesionales.
Esa observación coincide con las estimaciones de empleo nacionales. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), el país registraba 120.000 asalariados más entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025; pero 28.000 trabajadores por cuenta propia menos, aunque muchos podrían seguir inscritos ante Hacienda sin actividad actualmente.
A esas causas coyunturales se suman otros problemas estructurales.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, considera que una parte del problema debe buscarse fuera del propio sistema tributario, en las obligaciones de los trabajadores independientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A su criterio, las tarifas y los procesos de cobro de la Caja pueden desincentivar la formalización de algunos trabajadores independientes, pues acercarse a Tributación también implica hacerse visibles para la seguridad social, que suele cobrar grandes montos atrasados cuando los identifica. Villegas considera que este problema se ha agudizado en los últimos años y que termina afectando la recaudación tributaria.
“Si no tuviéramos el problema que tenemos hoy en la Caja”, señaló, “tendríamos una cantidad mucho mayor de trabajadores independientes buscando formalizarse”.
La informalidad en Costa Rica sigue siendo considerablemente alta. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que cerca de cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran en puestos informales.
Rodríguez añade otro problema histórico: las dificultades de Hacienda para seguirle la pista a los gastos deducibles. Según explicó, Hacienda puede rastrear fácilmente determinados ingresos de las personas físicas, pero encuentra mayores dificultades para identificar deducciones mal empleadas como gastos personales que se cargan a la actividad económica, depreciaciones sin activos que las respalden y gastos financieros sin pasivos asociados.
Aun así, el exjerarca reconoce que esas prácticas existen desde hace años y que es imposible asegurar que hayan aumentado lo suficiente en los últimos años como para explicar la caída reciente de la recaudación.

Un desafío conocido
Los datos de Hacienda no permiten determinar con certeza todas las causas del descenso de la actividad y la tributación de personas físicas por actividades no asalariadas, pero sí muestran un resultado concreto: al terminar 2025 había menos personas físicas registradas y su aporte real perdió terreno.
El desafío combina además problemas diferentes: identificar quién realmente continúa ejerciendo actividades independientes, incorporar a quienes permanecen en la informalidad y determinar correctamente cuánto deben pagar quienes sí declaran.
Mario Ramos, director general de Tributación, explicó a EF que la institución utiliza una matriz de gestión de riesgos para seleccionar los contribuyentes que presentan mayores probabilidades de incumplimiento, ante la imposibilidad práctica de fiscalizar a todos.
Hacienda también ha comenzado a utilizar información de comprobantes electrónicos y herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo y dirigir las fiscalizaciones hacia los contribuyentes con mayor probabilidad de incumplimiento.
La capacidad humana, no obstante, es limitada. Ramos indicó que, al momento de esa entrevista, Tributación solo contaba con 30 inspectores para grandes contribuyentes y otros 67 inspectores para el resto del país —incluidas jefaturas—, además de 26 funcionarios encargados de resolver los procedimientos.
En un impuesto sobre la renta que ha perdido impulso, el cobro por utilidades a las personas físicas con actividades lucrativas deja dos grandes preguntas abiertas: por qué su base no consigue crecer y, sobre todo, por qué quienes permanecen en ella generan en conjunto un 22% menos de recaudación real que hace cinco años.
