Escuchar“Ustedes saben que tengo un compromiso firme con la transparencia”. Con esa frase, la presidenta Laura Fernández anunció esta semana la separación de siete directores policiales que, según dijo, no aprobaron las pruebas de polígrafo aplicadas a los altos mandos de la Fuerza Élite, un comando recién creado por la administración para coordinar acciones policiales del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno todavía mantiene bajo reserva aspectos centrales del procedimiento.
El anuncio se realizó el 22 de junio pasado, pero la Presidencia todavía no revela la identidad de los funcionarios removidos, el cuestionario utilizado, el costo de contratación, los criterios empleados para determinar que una persona no aprobó la evaluación ni la forma en que se contrató el servicio.
Esto es lo que se sabe y lo que todavía se desconoce sobre el uso de polígrafos en el Gobierno.
¿Quiénes se sometieron al polígrafo?
La presidenta Fernández aseguró que la prueba fue realizada a un total de 33 altos cargos policiales.
Todas se aplicaron desde el 8 de junio pasado, cuando la mandataria señaló por medio de una publicación en redes sociales que los ministros de Justicia, Comunicación y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Gabriel Aguilar, Arnold Zamora y Pablo Martínez, pasaron la prueba.
¿Quién aplicó las pruebas?
Según la presidenta, la DIS coordinó la aplicación de la prueba. Esta entidad responde a la Presidencia de la República y es su principal servicio de inteligencia técnico-policial.
Fernández agregó que se contó con “el apoyo” de la empresa IPSC (International Polygraph Service Center) que, según dijo, está certificada internacionalmente.
No obstante, el Gobierno aún no explica cuáles tipos de polígrafos se usaron, ni los detalles de tal contratación.
En sus redes sociales, la empresa promociona sus servicios para empresas privadas, con los objetivos de evitar ilícitos, fraudes internos, información filtrada y personal no confiable.
¿Qué ocurrió tras la aplicación?
La presidenta aseguró que siete directores nombrados en puestos de confianza reprobaron el examen. Como consecuencia, aseguró que los siete serían “removidos de inmediato de sus puestos” y que se abriría una investigación preliminar conducida desde su despacho contra cada uno de ellos.
Por otra parte, señaló que los ministros y los directores de la DIS y de la UEI (Unidad Especial de Investigación) “aprobaron sin problema”.
La Presidencia no ha querido revelar los nombres ni los puestos de las personas cuya remoción fue anunciada, así como los asuntos en los que habrían fallado dentro de los chequeos.
¿Qué sigue sin explicar el Gobierno?
EF consultó al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de la Presidencia cuáles funcionarios se sometieron a la prueba, cuál cuestionario se utilizó, cuáles funcionarios reprobaron la evaluación y cómo se procederá con los despidos anunciados (con o sin responsabilidad patronal). También se preguntó sobre los términos, el costo y la forma de contratación de los polígrafos. No obstante, solo Seguridad emitió una respuesta incompleta, hasta el momento de esta publicación.
Seguridad solo respondió que los resultados “son personales”, que “se hará la sustitución” de los funcionarios removidos y que no se hará referencia sobre identidades.
Ante esa situación, EF reiteró todas las consultas.
¿Cómo fueron las pruebas?
Fernández dijo este 24 de junio en conferencia de prensa que a las personas sometidas a la prueba se les realizaron preguntas “facilísimas” sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios indebidos en el ejercicio de sus cargos.
En un vídeo del 8 de junio sobre la aplicación de las pruebas a los primeros jerarcas, aseguró que también se había consultado sobre filtración de información sensible, corrupción y actos de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la administración no ha revelado el contenido del cuestionario.
¿Es un procedimiento legal?
La presidenta sostiene que las pruebas están habilitadas por la legislación costarricense. La Ley 9.958, en efecto, autorizó desde el año 2021 la utilización del polígrafo dentro de los cuerpos policiales para determinar “rasgos de confiabilidad”, con carácter “optativo y voluntario”.
Sin embargo, la misma norma añade una condición: la prueba no debería ser considerada como “parámetro único de selección para la permanencia en los cuerpos policiales, sino como una herramienta complementaria”.
Hasta ahora, el Gobierno no ha explicado cuáles otras pruebas técnicas acompañaron la destitución de los siete funcionarios que fue anunciada el 22 de junio pasado.
¿Qué responde la presidenta a los cuestionamientos?
En su conferencia de este 24 de junio, Fernández criticó que haya quienes cuestionen el procedimiento de despido y empiecen a buscar “el micropelo en la sopa”.
“A los que dicen que me van a demandar y que más adelante el Estado va a tener que pagar… demándenme, los estoy esperando, no me importa”, afirmó, y luego añadió que las personas despedidas estaban en puestos “de libre remoción y nombramiento”.
Fernández aseguró que ella misma, así como los dos vicepresidentes, Francisco Gamboa y Douglas Soto, también se han sometido a pruebas de polígrafo.
¿Y los funcionarios del Poder Judicial?
Las pruebas se aplicaron en el marco de la Fuerza Élite, que reúne exclusivamente a las policías del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Laura Fernández y otros jerarcas relacionados con su administración han insistido en que otros jerarcas de alto rango deberían de someterse al mismo examen.
Las respuestas de los máximos jerarcas del Poder Judicial han sido distintas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, rechazaron someterse a este tipo de ejercicios por motivos legales. Según explicaron en una respuesta conjunta a Teletica, eventualmente podrían conocer recursos relacionados con el uso del polígrafo y deben preservar su imparcialidad.
Por otra parte, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que ya se practicó una prueba certificada internacionalmente y que está dispuesto a mostrar el resultado si la presidenta Fernández se lo requiere.
A su vez, el fiscal general Carlo Díaz dijo que estaría anuente a someterse a la evaluación, pero únicamente si fuese aplicada por entidades autónomas como la DEA o el FBI y bajo estándares internacionales comprobados.
Díaz, que se encarga de llevar los casos en contra de los miembros del Poder Ejecutivo y que es blanco constante de ataques por parte del Gobierno, expresó reservas. Señaló que una empresa privada podría manipular los resultados y “jamás” se sometería a esa posibilidad.
¿Son fiables las pruebas de polígrafo?
Los polígrafos registran cambios fisiológicos involuntarios como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y la conductividad de la piel mientras una persona responde un cuestionario. Su premisa es que determinadas reacciones pueden asociarse con respuestas engañosas.
No obstante, su confiabilidad ha sido objeto de debate durante décadas.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha indicado que el polígrafo tiene una base científica débil y que no hay evidencia suficiente para garantizar su precisión como “detector de mentiras”. Por otra parte, la Asociación Estadounidense de Psicología ha señalado que las reacciones fisiológicas también se pueden asociar con factores como el nerviosismo o el estrés.
Por eso, aunque los polígrafos son utilizados por numerosas agencias policiales en distintos países, normalmente no se consideran pruebas concluyentes y, en muchos sistemas judiciales, tampoco resultan admisibles por sí solos.
En Costa Rica, por ejemplo, el polígrafo no se admite como prueba concluyente en procesos penales y la jurisprudencia laboral ha rechazado que, por sí solo, sirva para justificar sanciones o despidos. Cuando se aplica, además, los tribunales y la legislación especial sobre cuerpos policiales parten de que el examen se debe realizar de forma voluntaria.
La propia empresa IPSC —señalada por el Gobierno como parte del proceso— compartió en sus redes sociales una nota periodística de Canal Opa, del 3 de junio pasado, en la que un experto calificaba como “un mito” el hecho de que el polígrafo se pueda comprender como un “detector de mentiras”. Lo que hace, subrayaba el entrevistado, es registrar múltiples “reacciones cognitivas” ocasionadas por una pregunta.
