La victoria del oficialismo en las pasadas elecciones presidenciales no solo llevó a Laura Fernández a la Presidencia de la República, sino que abrió un escenario político poco habitual en Costa Rica: un Congreso con al menos 29 diputados alineados al Ejecutivo, lo que redefine la forma en que se tomarán decisiones que impactan directamente al electorado.
El número final de diputados oficialistas todavía está por confirmarse. Los cálculos de la plataforma de Grupo Nación ponen al partido de Fernández con 31 curules.
En términos prácticos, esta mayoría simple le permitirá al partido Pueblo Soberano aprobar leyes ordinarias con mayor rapidez, controlar el orden del día, avanzar en su agenda legislativa y reducir el riesgo de bloqueo.
El impacto de esta mayoría se sentirá en dos vertientes dentro de la Asamblea Legislativa: administrativa y política.
Con 31 curules, el oficialismo dominará el Directorio Legislativo, órgano encargado del manejo interno del Congreso, que incluye el nombramiento de personal, la aprobación de viáticos y viajes, la gestión financiera y la definición del orden de los debates.
Además, el partido oficialista ocupará los principales cargos del Directorio —presidencia, vicepresidencias y secretarías— y tendrá ventaja en la integración de las comisiones legislativas, lo que permitirá que los proyectos de interés del Ejecutivo avancen y se dictaminen con mayor celeridad.
Efectos para el electorado
Este escenario tiene implicaciones directas para la ciudadanía. Entre las ventajas destacan una mayor agilidad en la aprobación de leyes, mayor coherencia entre el Ejecutivo y el Legislativo y una mayor posibilidad de cumplir promesas de campaña.
No obstante, también surgen riesgos, como un menor espacio para la oposición, un debilitamiento del control político y preocupaciones sobre transparencia y fiscalización si no existen contrapesos efectivos.
Los límites del poder
A pesar de la fortaleza legislativa, el poder del oficialismo no es absoluto. Para reformas estructurales y decisiones de alto impacto institucional se requiere una mayoría calificada de 38 votos, lo que obliga al partido de gobierno a negociar con otras fracciones.
“Si bien esta mayoría genera un remezón en el funcionamiento del Congreso, existe un contrapeso claro: para cambios radicales o estructurales se necesitan 38 votos, lo que impide una transformación profunda sin consenso”, explicó el politólogo Sergio Abarca.
Entre las decisiones que requieren mayoría calificada figuran, entre otras:
- Modificaciones a la Constitución Política.
- Eliminación de las garantías individuales.
- Nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
- Levantamiento de la inmunidad.
- Empréstitos y convenios relacionados con el crédito público.
- Proyectos de ley en materia electoral con criterio negativo del Tribunal Supremo de Elecciones.
- Reformas constitucionales, incluidas las que crean nuevas provincias.
- Resello de decretos legislativos vetados por el Poder Ejecutivo.
- Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Destitución del contralor y subcontralor de la República.
- Creación de instituciones autónomas
Actualmente, la Asamblea Legislativa quedó conformada por Pueblo Soberano con 31 diputados, Liberación Nacional con 17, Frente Amplio con 7 y Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana (PUSC) con 1 por bancada, lo que condiciona cualquier intento de alcanzar los 38 votos necesarios.
“No veo esta mayoría como un golpe a la democracia, sino como una concentración de poder dentro de la democracia, ya que estos 31 diputados fueron electos por voluntad del pueblo y eso pasó también en la administración de Luis Alberto Monge. Sin duda, esto facilita la aprobación de las leyes para el Ejecutivo que únicamente requieren 29 votos”, aseguró Constantino Urcuyo, politólogo.
Uno de los efectos más relevantes de esta mayoría simple será la aprobación del Presupuesto Nacional, que permitirá al Ejecutivo garantizar el financiamiento del Estado sin depender de pactos legislativos. Sin embargo, para reformas constitucionales, tratados internacionales o el levantamiento de inmunidades, la negociación seguirá siendo indispensable.
En esa línea, el consultor político Daniel Calvo Sánchez considera que el hecho de no alcanzar los 38 votos reduce el riesgo de erosionar el sistema de pesos y contrapesos, ya que el oficialismo no puede, por sí solo, definir nombramientos clave en el Poder Judicial ni en otros órganos constitucionales.
