EscucharLa presidenta Laura Fernández asegura que el Poder Judicial vive “en Narnia”, que se convirtió en “un lastre” para el país y que necesita una “cirugía mayor”. En tanto, las máximas autoridades judiciales responden resaltando la independencia judicial y las evaluaciones internacionales que sitúan al sistema judicial de Costa Rica como uno de los más sólidos e independientes del continente.
En medio de ese choque, aparecen diagnósticos externos que dibujan un punto medio: el Poder Judicial sí es fuerte e independiente en comparación con el resto de la región; pero arrastra problemas serios de lentitud, gobernanza, gestión y confianza ciudadana.
Con ese contexto de fondo, la necesidad de reformas deja de parecer un mero invento del oficialismo. Sin embargo, la discusión empieza a tensarse cuando llega el tiempo de definir cuáles cambios son realmente necesarios y quién debería impulsarlos.
A todo ello, además, se suma la influencia de un contexto atípico para el equilibrio democrático e institucional de Costa Rica; con un gobierno poderoso, respaldado popularmente y que tiene en sus manos la mayoría del Congreso.
Las grietas
El último informe del Estado de la Justicia publicado por el Programa Estado de la Nación (PEN) en 2025 resumió “fuertes rezagos en justicia pronta y cumplida” que el Poder Judicial costarricense arrastra desde hace décadas.
Entre otros asuntos, el informe señaló problemas históricos del sistema judicial como la duración cada vez más extensa de los procesos, las dificultades para responder al crecimiento del crimen organizado y la concentración de la Corte Suprema de Justicia en labores administrativas; así como los costos crecientes, las debilidades disciplinarias y los problemas en la selección del personal idóneo.
Solo en materia de duración, el PEN documentó que los procesos notariales, contenciosos y de cobros tardan más de 40 meses en promedio para resolverse en primera instancia; es decir, antes de cualquier apelación.
En el caso de los procesos penales, civiles y de trabajo, el tiempo de espera promedio alcanza o supera los 20 meses para la primera resolución, y los tiempos se han ensanchado en los últimos años.
A eso se suma una Corte Suprema de Justicia, que dedica una buena parte del tiempo a labores administrativas, en lugar de solucionar los grandes problemas institucionales.
Según los investigadores, un 41% de los acuerdos de la Corte en 2022 se relacionaron con análisis de proyectos de ley, un 26% con evaluaciones de desempeño y un 19% en contrataciones, seguidos de cuestiones como permisos para impartir lecciones, sanciones disciplinarias, revocatorias y jubilaciones.
Y en el campo disciplinario, menos del 10% de los casos por presuntas faltas de funcionarios terminan calificándose “con lugar” por parte de la Inspección Judicial, y la gran mayoría de los que sí lo hacen solo se resuelven con amonestaciones escritas o medidas inferiores.
Todas esas y otras situaciones se trasladan a las percepciones ciudadanas, que no ven un modelo suficientemente fuerte ni eficiente. Según encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) de 2024, citadas por el mismo Estado de la Justicia, un 72% de la población considera erróneo decir que el Poder Judicial castiga correctamente a los culpables de delitos y un 45% considera que sus tiempos de respuesta judiciales son inadecuados.
Esa amalgama se traduce en un contexto delicado para la institución, que cada vez es más susceptible a las críticas, pero también a los ataques de actores a los que incomoda.
Así lo redactaron los investigadores del PEN, quienes señalan que los rezagos del sistema judicial costarricense “son de carácter estructural” y “se arrastran, al menos, desde inicios de este siglo”; pero que, ahora, “la falta de mejoras” volvió al sistema “más vulnerable a los ataques a su legitimidad e independencia”.
La ‘cirugía mayor’
Frente a ese escenario, la presidenta Laura Fernández dibuja una realidad catastrófica del Poder Judicial.
Después de la reunión que sostuvo con los principales jerarcas del Poder Judicial, este 18 de mayo, aseguró considerar que el Poder Judicial “está destruyendo la seguridad jurídica de Costa Rica” y que su ineficiencia “ya no va solo con el tema de la impunidad o de la mora judicial”, sino que se está convirtiendo en “un lastre que frena el desarrollo y el progreso de Costa Rica”.
“Yo se los comenté, así como se los estoy comentando a ustedes”, aseguró a la prensa, al hablar sobre los resultados del encuentro.
Las palabras confirmaron además una tendencia continuista del discurso del expresidente y nuevo ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves; quien usó una buena parte de su mandato para pedir a la población que eligiera una nueva conformación legislativa capaz de aplicar grandes reformas.
Con 31 de 57 legisladores en Cuesta de Moras, Fernández ahora promete impulsar cambios al Poder Judicial a partir de junio.
La presidenta no detalló los planes específicos que impulsará, pero sí señaló considerar que la judicatura necesita una “cirugía mayor”.
Aunque no profundizó en cada plano, dijo que seguramente se incluyan enmiendas relacionadas con las normas de ejecución de la pena, el Código Penal y el Código Procesal Penal, y hasta deslizó la posibilidad de que impulse una reforma para evitar que los magistrados de la Corte Suprema puedan reelegirse de forma indefinida.
En el pasado, además, Fernández había hablado sobre otras posibilidades como replantear el diseño institucional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Sala Constitucional, que hoy están bajo la sombrilla del Poder Judicial pero podrían reorientarse.
En sus declaraciones de este 18 de mayo, la presidenta no realizó una mención directa sobre esos temas, pero sí hizo una mención indirecta.
Después de que una magistrada indicó que el crecimiento del presupuesto para el Poder Judicial ha sido más lento que el crecimiento de las funciones que se le han añadido, Fernández aprovechó para decir que ve necesario “analizar ese otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecerle”.
La presidenta dijo esperar que la mayoría de la que dispone en el parlamento sea una base suficiente para aplicar los cambios que pretende al Poder Judicial, pero no descartó usar otras vías como el referéndum. “Ustedes recordarán que yo ahorré a los costarricenses más de ¢11.000 millones en la campaña electoral y yo creo que con esa plata me alcanza para financiar un par de referéndums, pero por lo pronto mi apuesta es a que la Asamblea Legislativa pueda empujar ese paquete de proyectos”, afirmó.
La respuesta judicial
El Poder Judicial no antagoniza frente a las críticas, pero sí rechaza que el sistema esté en crisis y que esa sea la percepción de la mayoría de los ciudadanos.
Luego de la reunión con Fernández, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que la visión de la mandataria “no es una visión generalizada” y que “el Poder Judicial es sólido, independiente y eficiente”.
“Si bien es cierto que tenemos problemas, hemos sido abiertos en el sentido de que estamos dispuestos a mejorar”, añadió.
El máximo representante del Poder Judicial evitó adelantar posición alguna sobre las propuestas que podría hacer la presidenta. Sin embargo, días atrás había señalado al medio CRHoy que históricamente se ha intentado modificar el modelo de elección y reelección de magistrados para hacerlo “más político”.
“Los políticos quisieran hacer una revisión de los magistrados cada cuatro años y quitarlos por muchas razones, desde que no les gustan las resoluciones hasta cuestiones ideológicas” aseguró.
Por otra parte, el director interino del OIJ, Michael Soto, dijo estar en desacuerdo con la idea de sacar al OIJ del Poder Judicial y recordó que esa cobija es la que actualmente le permite a la policía especializada “hacer cualquier tipo de investigación” con la mayor independencia. Dichas declaraciones las dio consultado por la prensa, minutos antes del encuentro con la mandataria.
La lógica detrás de mecanismos como la estabilidad de los magistrados o la permanencia de la policía especializada dentro del Poder Judicial es evitar que cada cambio político permita a cada gobierno reconfigurar jueces, fiscales o investigaciones, según los intereses de turno. Ese tipo de tensiones ha sido común en la mayoría de países de América Latina e incluso en Estados Unidos, en donde el presidente tiene una alta responsabilidad en el nombramiento de jueces y fiscales.
Según Fernández, ella no considera que deban existir magistrados “vitalicios”, pero eso “no significa que vaya a consentir politización ni manoseo político”.
Las dudas sobre las intenciones de reforma del chavismo no son un aspecto menor en la discusión. El movimiento que hoy representa el gobierno de Laura Fernández controla el Poder Ejecutivo y cuenta con mayoría en el Legislativo; por lo que el Poder Judicial aparece como el único gran contrapeso institucional que permanece fuera de su alcance inmediato.
El Programa Estado de la Nación considera que hay un amplio margen de mejora en el plano judicial. Pero también advierte que no se debe erosionar la independencia de un órgano clave para controlar a los demás actores del sistema democrático del país.
Tensiones políticas
Los planteamientos de reforma por parte del Poder Ejecutivo también llegan en medio de un clima tenso por las investigaciones que se han abierto en contra de miembros del gobierno en los últimos cuatro años.
La Fiscalía y la Sala III han conocido varios expedientes relacionados con figuras del oficialismo, incluidos el expresidente Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández.
Una gran cantidad de las causas que se abren contra políticos son desestimadas por falta de pruebas, pero muchas otras siguen en curso.
En el caso de Chaves, por ejemplo, el expresidente incluso fue acusado por la Fiscalía en dos casos (uno de financiamiento electoral y otro sobre una contratación con dinero del BCIE); sin embargo, ambos procesos penales siguen en pausa porque el Congreso anterior no reunió los votos para levantar la inmunidad del gobernante, a pesar de que la oposición era mayoría.
La tensión con el Poder Judicial es reconocida por la misma presidenta Fernández.
Según dijo este 18 de mayo, vive “con el sentimiento de persecución política” y de que ”nos van a tumbar la puerta de la casa”. Inclusive, dijo que ese fue uno de los temas conversados con las autoridades judiciales.
La falta de confianza también se nota en otros gestos más pequeños.
Los magistrados, los fiscales y los directores que asistieron a la primera reunión en Casa Presidencial con Fernández tuvieron que entregar sus celulares y dispositivos electrónicos antes del encuentro y, según la magistrada Patricia Solano, también tuvieron que someterse a otros controles como escáneres corporales.
La presidenta de la Sala III también comentó que le revisaron su cartera, en una actitud general que luego calificó como “hostil” e “insólita” para un país como Costa Rica.
El gobierno también ha tenido roces con entidades judiciales como la Sala Constitucional, que en algunos casos ha fallado en contra de decisiones políticas o administrativas del Ejecutivo.
El propio día de la reunión, la presidenta Fernández dijo haber visto “disposición al diálogo” y que “había imperado la madurez”. Incluso dijo haber “echado para su saco” cuestiones que podía mejorar y corregir. Sin embargo, solo dos días después cambió de tono y aseguró haber salido “pasmada” del encuentro. También calificó al fiscal general Carlo Díaz como “una vergüenza nacional” y le preguntó públicamente a Solano si esperaba “rosas” y “una serenata”.
El fiscal general Carlo Díaz respondió pocas horas después con un mensaje en el que le pidió a la presidenta separar diferencias institucionales de ataques personales. “En una democracia sólida”, redactó, “el debate debe desarrollarse con respeto, altura y responsabilidad institucional”.
Díaz es un símbolo de la tensión entre ambas partes. El expresidente Rodrigo Chaves incluso promovió y participó en una marcha contra el fiscal general encargado de llevar las decenas de expedientes en su contra en mayo de 2025, cuando aún ejercía como mandatario.
Reforma sin destrucción
El gobierno presenta sus ánimos de reforma judicial como una respuesta al enojo ciudadano; mientras que los magistrados, los fiscales y otros sectores civiles advierten sobre el riesgo de que esa frustración legítima derive en cambios inadecuados.
A fin de cuentas, se trata de reformar un sistema cuya realidad actual es ambivalente. Por un lado, sus índices de confianza ciudadana son bajos pero, aún así, permanecen entre los mejores del continente.
Fernández dijo que presentará sus primeros proyectos para modificar la judicatura a partir de junio.
Los grandes debates apenas están por empezar.
