EscucharLa propuesta de valor que Costa Rica ofrece al mundo para atraer más inversión extranjera directa (IED) se ha construido sobre dos pilares: una democracia sólida y un Estado de derecho estable. Sin embargo, ambos atributos empiezan a ser cuestionados desde la propia Presidencia de la República.
Mientras la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) destaca en su sitio web la “tradición democrática” como una de las principales ventajas competitivas del país para captar inversión, desde el Poder Ejecutivo se impulsa una narrativa distinta: que el Gobierno es víctima de un supuesto “golpe de Estado judicial”.
La afirmación provino de la presidenta de la República, Laura Fernández, tras la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa concluye las designaciones pendientes.
A los comentarios sobre temas antidemocráticos se sumó el expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien durante un acto público en Guanacaste preguntó a los asistentes si les daba miedo “la dictadura” y el cierre del Poder Judicial.
Más allá del debate político interno, ese tipo de mensajes se aleja de la imagen de estabilidad democrática y fortaleza institucional que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ha promovido durante años como uno de los principales activos del país para atraer inversión.
Alexander Mora, exministro de Comex, enfatizó que las repercusiones de las palabras de Fernández y Chaves serán negativas para la atracción de inversión. “En las nuevas inversiones el daño puede ser contundente, porque las empresas que están cerca de tomar la decisión de ingresar al país pueden frenar el proceso hasta que las tensiones se resuelvan”, comentó Mora.
Dependientes de la democracia
El éxito de Costa Rica para atraer comercio e inversión extranjera ha estado estrechamente ligado a su compromiso con la democracia, las instituciones sólidas y el Estado de derecho. Así lo aseguró Manuel Tovar, exministro de Comex durante la administración Chaves Robles y actual canciller, en una entrevista concedida en 2023 a la Sociedad de las Américas.
Los resultados han acompañado ese posicionamiento. La inversión extranjera directa pasó de $4.856 millones en 2022 a $5.216 millones al cierre de 2025, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La relación entre institucionalidad e inversión también ha sido documentada por organismos internacionales. El Banco Mundial estima que, en las economías emergentes y en desarrollo, un incremento del 10% en los flujos de inversión extranjera se asocia con un crecimiento de 0,3% del PIB real tres años después.
El efecto que estima el Banco Mundial puede elevarse hasta un 0,8% en los países con instituciones más sólidas, menor informalidad, mejor capital humano y mayor apertura comercial. En contraste, cuando esos factores presentan debilidades, el impacto de la inversión extranjera sobre el crecimiento se reduce considerablemente o incluso desaparece.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide con ese diagnóstico al señalar en su Kit de herramientas de política de calidad de la IED que “las instituciones sólidas y la buena gobernanza pública” son condiciones necesarias para implementar políticas de inversión efectivas.
La lectura también es compartida por quienes estuvieron durante décadas al frente de la atracción de inversiones. La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), responsable oficialmente de esa labor por más de 40 años, sostiene que las empresas analizan permanentemente si Costa Rica continúa siendo un destino confiable para establecer operaciones y expandirlas, ya sea mediante nuevos proyectos o reinversiones.
Esa relación entre fortaleza institucional y atracción de capital explica por qué varios exministros de Comercio Exterior consideran que el principal riesgo de la narrativa presidencial no está en una salida inmediata de empresas, sino en el mensaje que reciben quienes evalúan instalar nuevas operaciones en Costa Rica.
Repercusiones para la IED
La inversión extranjera directa que recibe Costa Rica se divide entre capital fresco —greenfield— y reinversiones —brownfield—. Históricamente, estas últimas representan la mayor parte de los flujos que ingresan al país.
En 2025, los proyectos brownfield concentraron el 81% de toda la IED recibida. En 2024 representaron el 66,9% y un año antes el 78%.
El capital fresco, por su parte, suele aportar una proporción menor. Esa tendencia solo se rompió entre enero y marzo de este año, cuando los proyectos greenfield representaron el 75% de la IED del trimestre, impulsados por una adquisición empresarial en el sector de alimentos y bebidas bajo el régimen definitivo, que podría corresponder a la compra de Fifco por parte de Heineken.
Precisamente ese componente de nuevas inversiones es el que, según Mora, podría resentirse con mayor fuerza si aumenta la percepción de incertidumbre institucional.
A esa valoración se suma Marco Vinicio Ruiz, también exministro de Comex, quien considera que los constantes ataques al Poder Judicial y a los magistrados erosionan la institucionalidad y llevan a los inversionistas a actuar con mayor cautela.
“Va a ser perjudicial para el modelo de IED si la nueva inversión, la que todavía no ha puesto un pie aquí, percibe que en dos o tres años la situación puede derivar en una mayor inestabilidad política”, explicó Ruiz. A su juicio, los cuestionamientos al sistema judicial y a las instituciones generan “una inseguridad enorme” entre quienes evalúan invertir en el país.
Debilitamiento de la propuesta
La democracia consolidada y la fortaleza institucional que durante años han servido como carta de presentación de Costa Rica ante los inversionistas internacionales comienzan a recibir cuestionamientos desde el mismo Poder Ejecutivo, cuyos jerarcas forman parte de la estrategia de promoción del país en el exterior.
El Financiero consultó tanto a Procomer como al Ministerio de Comercio Exterior qué mecanismos de coordinación han activado junto con la Presidencia y la Cancillería para evitar que expresiones como “golpe de Estado” o “dictadura” entren en contradicción con la narrativa oficial que promueve a Costa Rica como un destino estable y confiable para la inversión. Al cierre de esta edición, ninguna de las dos instituciones había respondido.
Ruiz comentó que la acusación de la mandataria sobre un supuesto golpe de Estado es “profundamente preocupante porque se está atacando la raíz de lo que ha sido nuestra ventaja a nivel internacional sobre muchos países”.
Por ahora, el discurso dentro del propio Gobierno evidencia una fractura. Mientras la Presidencia sostiene que existe un “golpe de Estado judicial” y califica de golpistas a magistrados de la Sala Constitucional, las instituciones responsables de promover el comercio exterior continúan defendiendo a Costa Rica como una democracia sólida, con estabilidad política y seguridad jurídica.
Para Manuel González, excanciller y también exministro de Comex, el verdadero impacto sobre la inversión extranjera se producirá si las tensiones políticas terminan por traducirse en un deterioro de la seguridad jurídica. “Eso pone más en riesgo la inversión extranjera directa que el cacareo que pueda hacer un político a nivel local”, comentó.
Más allá de que las consecuencias sobre la inversión se materialicen o no en el corto plazo, los especialistas coinciden en que el principal activo de Costa Rica para atraer inversión extranjera ha sido la confianza que generan su democracia, la solidez de sus instituciones y el respeto al Estado de derecho. Ese es, precisamente, el activo que, a juicio de los expertos consultados, queda en entredicho cuando desde la Presidencia se habla de un supuesto “golpe de Estado judicial”.
