La recuperación de impuestos no pagados es un tema fundamental para la salud de las finanzas públicas de Costa Rica.
Este proceso, conocido como cobro administrativo, es la principal herramienta del Ministerio de Hacienda para asegurar que las deudas tributarias en morosidad ingresen a las arcas del Estado, financiando así los servicios públicos.
La Dirección General de Tributación (DGT) es la entidad encargada de ejecutar esta labor, gestionando una cartera morosa que a abril de 2025 alcanzaba los ₡262.578 millones solo en esta fase administrativa.
La reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) puso la lupa sobre la planificación, ejecución y evaluación del cobro de estas deudas entre enero de 2023 y marzo de 2025. Los hallazgos del ente contralor apuntan a debilidades significativas en la gestión de la DGT.
El informe de la CGR concluye que la gestión de cobro administrativo realizada por Tributación “no cumple en aspectos significativos, con los criterios del marco normativo y técnico aplicable”.
Esto significa que la Dirección General de Tributación (DGT) está fallando en seguir las leyes y los procedimientos correctos para cobrar los impuestos.
Planificación deficiente y ejecución incompleta
La auditoría encontró una “deficiente planificación estratégica y operativa”, evidenciada por la ausencia de un plan estratégico formal en la DGT para los años 2024 y 2025. Esta falta de planificación, según el informe, limita la capacidad de establecer prioridades y gestionar los riesgos asociados al cobro.
En la fase de ejecución, la Contraloría revisó una muestra de 102 expedientes de cobro y encontró omisiones recurrentes. En ninguno de los expedientes analizados se observó la totalidad de las actividades requeridas por la normativa, como llamadas persuasivas o la documentación completa.
Adicionalmente, se detectó que de las 74.531 declaraciones rectificadas por contribuyentes, no se observan verificaciones para determinar si corresponden a un error o a un intento de evadir el pago de la deuda.
Datos imprecisos
El informe de la CGR también señala una “rendición de cuentas parcial e imprecisa”. La auditoría detectó diferencias millonarias entre las cifras de recaudación reportadas por distintas dependencias de la DGT y los datos finales presentados en sus memorias anuales.
Estas inconsistencias, que fueron corregidas a raíz de la auditoría, ascendían a ₡2.318 millones para el año 2023 y ₡2.797 millones para 2024.
La Contraloría advierte que estas debilidades afectan la capacidad del Ministerio de Hacienda para recuperar las deudas tributarias de manera oportuna, deterioran la percepción de justicia tributaria y fomentan el incumplimiento.
Según el informe, en 2024, la DGT recuperó únicamente un 20% de la cartera morosa gestionada en cobro administrativo.
