EscucharEl impuesto sobre la renta tiene un problema de impulso. Su recaudación real creció un 13,7% entre 2021 y 2023, pero luego perdió fuerza: en los dos años siguientes se contrajo un 1,2% y cerró 2025 todavía por debajo del techo alcanzado hace dos años.
Sus principales fuentes de recaudación muestran distintas señales de estancamiento o retroceso durante los últimos cinco años: no aumenta la proporción de asalariados que tributa, prácticamente no crece la cantidad de contribuyentes inscritos por alquileres, disminuyen las personas físicas registradas en utilidades y los pagos de las personas jurídicas perdieron el empuje que mostraron hasta 2023.
Ninguno de esos fenómenos explica por sí solo el comportamiento del impuesto y tampoco tienen necesariamente las mismas causas. Los salarios están condicionados por la evolución de las remuneraciones y el mínimo exento; los alquileres plantean problemas estructurales de control; las personas físicas se mueven entre la formalidad, el trabajo asalariado y el independiente; y las utilidades empresariales reaccionan, entre otras cosas, al desempeño económico y al tipo de cambio.
EF analizó datos suministrados por el Ministerio de Hacienda sobre recaudación y cantidad de contribuyentes de distintos componentes del impuesto durante los últimos cinco años. Para comparar los montos a través del tiempo, se eliminó el efecto de la inflación y se expresó la recaudación histórica en colones de diciembre de 2025. Los resultados permiten identificar cuatro historias diferentes de un mismo impuesto.
Los cuatro componentes analizados tienen un peso determinante dentro del tributo. En conjunto generan ¢1,95 billones, equivalentes al 79,5% de los ¢2,45 billones recaudados por renta: casi ¢8 de cada ¢10.
Los mismos asalariados
La primera señal aparece en el impuesto sobre los salarios.
En 2025, Hacienda contabilizó 1,55 millones de asalariados, pero solamente unos 384.400 (24,9%) se encontraban en alguno de los cuatro tramos sujetos al impuesto sobre la renta.
Los restantes 1,16 millones, equivalentes a tres de cada cuatro trabajadores, estaban exentos.
La proporción prácticamente no ha cambiado desde el 2019, cuando el 25,1% de los asalariados estaba gravado.
Eso no significa que Hacienda tenga hoy la misma cantidad de contribuyentes: el número de asalariados creció y también aumentó el número absoluto de trabajadores que pagan a Hacienda. Lo que no se ensanchó fue la proporción de los trabajadores que pagan el tributo: solo una cuarta parte del total.
Fernando Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Ingresos, relaciona parte de ese comportamiento con lo ocurrido con los salarios públicos. Durante años, explicó, estos crecieron por encima de la inflación, entre otros factores por acumulación de pluses como anualidades, lo que permitió que cada vez más remuneraciones fueran superando el mínimo exento. Sin embargo, la llegada de la reforma fiscal, el congelamiento de los salarios públicos durante la pandemia, la regla fiscal y otros cambios normativos limitaron esa tendencia.
Además, Rodríguez considera que el mínimo exento costarricense es alto (¢922.000 mensuales) y que existe espacio para discutir una reducción, acompañada de mayores créditos familiares y otros incentivos, para que el impuesto considere mejor las diferencias en la capacidad de pago de cada persona.
Aun así, solo los salarios generaron ¢688.862 millones en 2025, equivalentes al 28,1% de toda la recaudación de renta.
Cinco años, mismos arrendadores
El segundo caso es todavía más llamativo.
Hacienda registraba 32.291 contribuyentes activos por rentas de capital inmobiliario en 2020. Cinco años después, contabiliza apenas 82 más (un crecimiento de solo un 0,3%).
La estabilidad contrasta con el tamaño del mercado inmobiliario: solo en viviendas, la última Encuesta Nacional de Hogares contabiliza 360.000 hogares bajo condición de alquiler, sin considerar locales, oficinas, bodegas, terrenos y otros inmuebles arrendados.
El mismo estudio además proyectaba unas 120.000 personas que decían recibir ingresos por alquileres: 25.000 más que hace cinco años.
Estas cifras no son directamente comparables —una persona puede alquilar varios inmuebles y existen diferencias en el tratamiento tributario—, por lo que no se puede concluir que la diferencia corresponda a evasión. Pero sí plantean dudas sobre el tamaño de la base impositiva registrada y su cumplimiento.
Rodríguez, sin embargo, explicó que los alquileres tienen una dificultad particular en materia de control para Hacienda. Según el economista, que coordinó por cuatro años los ingresos del Estado, muchos arrendadores permanecen como contribuyentes “ocultos” para efectos tributarios cuando sus inquilinos no necesitan factura para deducir el gasto y, por tanto, no existe incentivo para exigirla.
La situación es particularmente relevante en alquileres residenciales, puntualizó.
La recaudación real por este concepto, al igual que el número de contribuyentes, ha variado poco en los últimos años. Se ha mantenido entre los ¢72.500 millones y los ¢77.500 millones, descontando la inflación.
Como consecuencia, la fuente tiene un peso mucho menor que salarios o empresas dentro del impuesto sobre la renta: los ¢76.461 millones que generó en 2025 representan solo un 3,1% de toda la recaudación de renta.
Menos personas físicas y menos dinero
El tercer componente presenta un comportamiento diferente y más claramente negativo.
Las personas físicas inscritas activas en el impuesto sobre las utilidades pasaron de 319.000 en 2021 a 314.500 en 2025, una reducción de 1,4%. El número incluso llegó a 338.000 en 2023, pero terminó el período por debajo del punto de partida.
La recaudación real tuvo un retroceso mucho mayor: cayó un 22% en términos reales, de ¢59.600 millones a ¢46.458 millones en el mismo período: solo el 1,9% de toda la recaudación de renta.
Los datos muestran el retroceso, aunque no explican automáticamente sus causas.
Rodríguez considera que la apreciación del colón es una de las hipótesis relevantes, particularmente para profesionales que venden servicios o facturan en dólares, aunque advierte que no necesariamente es la única explicación.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, incorpora otro factor. Desde su punto de vista, las cargas y los procesos de aseguramiento de los trabajadores independientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pueden desincentivar la formalización y, como consecuencia, afectar también a la base tributaria.
Ese factor se mantiene desde hace años, pero, según Villegas, las presiones de cobro de la Caja parecen haber aumentado en los últimos años y limitar cada vez más la formalización.
Los resultados hasta 2025 son los más bajos de los últimos cinco años y podrían empeorar este 2026, si las condiciones se mantienen similares. A mediados del año pasado se aprobó una reforma legislativa que habilita a los trabajadores independientes para aplicar una deducción automática del 25% de sus ingresos sin presentar comprobantes, y que elevó el umbral a partir del cual se empieza a tributar.
Recaudación empresarial se desinfla
El cuarto componente fue durante varios años una historia distinta. Los pagos realizados por personas jurídicas crecieron con fuerza durante la recuperación posterior a la pandemia y alcanzaron su máximo reciente en 2023, pero después dejaron de avanzar.
En términos reales, la recaudación por rentas empresariales bajó en 2024 y para 2025 todavía no había recuperado el nivel de dos años antes.
Las rentas empresariales son, por mucho, la principal de las cuatro fuentes de impuestos analizadas. Generaron ¢1,14 billones en 2025, equivalentes a un 46,4% de la recaudación general de renta ese año, aunque hace dos años incluso se llegaron a acercar al 50%.
Tanto las empresas del Estado como las empresas privadas han mostrado retrocesos desde 2023 (-20,5% y -5,6%, respectivamente); sin embargo, las segundas son más significativas en términos absolutos.
En este caso, el comportamiento no significa necesariamente que existan menos empresas ni que haya mayor evasión. El impuesto depende de las utilidades de las compañías, que pueden variar por costos, resultados empresariales, tipo de cambio y otras situaciones particulares.
Rodríguez y Villegas coinciden en señalar al tipo de cambio como una de las variables más relevantes. Rodríguez destaca que el efecto no se limita a las zonas francas, sino que también existen empresas dentro del régimen definitivo —que pagan altas cantidades de impuestos— que facturan bienes y servicios en dólares y pueden registrar pérdidas cambiarias que reducen sus utilidades gravables.
Ambos añaden un factor estructural: una parte importante del crecimiento reciente de la economía costarricense se ha concentrado en las empresas de regímenes especiales, que disfrutan de exenciones relevantes y, por tanto, no traducen su dinamismo económico en ingresos por concepto de utilidades.
El resultado fiscal, en cualquier caso, es el mismo: las rentas empresariales que había impulsado el crecimiento de renta hasta el 2023 dejaron de hacerlo.
Cuatro problemas y un resultado
Las cuatro historias requieren explicaciones diferentes.
En salarios existe una base que aumenta en números absolutos, pero no consigue abarcar una proporción mayor del mercado laboral. En alquileres, la cantidad registrada de contribuyentes prácticamente no cambia. Entre las personas físicas con actividades lucrativas, la base termina reduciéndose y también retrocede la recaudación. Y entre las personas jurídicas, el fuerte crecimiento posterior a la pandemia se agotó después de 2023.
No hay, por tanto, una única explicación para la pérdida de vigor del impuesto sobre la renta. Lo que sí comparten es una dificultad para generar nuevas fuentes de crecimiento: ninguna de las cuatro bases analizadas terminó 2025 mostrando simultáneamente una expansión fuerte y sostenida de contribuyentes y recaudación real.
Tampoco todos los indicadores apuntan necesariamente a problemas tributarios. Algunos casos reflejan problemas relacionados con las estructuras salariales, la estructura productiva, el tipo de cambio o las utilidades empresariales; aunque también hay interrogantes en materia de informalidad, cumplimiento tributario y capacidad de control.
Mario Ramos, director general de Tributación, reconoció en una entrevista previa con EF que la institución dispone de recursos limitados para sus labores de fiscalización. En ese momento señaló que la Dirección de Grandes Contribuyentes contaba con 30 inspectores y que para el resto del país apenas había 67 inspectores adicionales —incluidas jefaturas—, además de 26 funcionarios encargados de resolver los procedimientos.
La Administración Tributaria intenta compensar esas limitaciones mediante matrices de riesgo y nuevas herramientas tecnológicas que permiten identificar y priorizar los casos con mayor probabilidad de incumplimiento.
Aun así, Rodríguez considera que la tecnología por sí sola no resolverá el desafío. El país, sostiene, necesita fortalecer las capacidades de control con personal y herramientas legales, pero también encontrar nuevos motores de crecimiento económico vinculados con la economía local y capaces de generar mayor valor agregado y recaudación.
Las cuatro señales analizadas por EF apuntan a un mismo desafío: el impuesto sobre la renta se ha frenado y no aparecen motores claros para una pronta aceleración.
