EscucharEl Partido Liberal Progresista (PLP), que obtuvo seis diputaciones en las elecciones de 2022, no logró ni una sola en los comicios de este año. Durante la campaña, la agrupación política recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero no podrán cobrar la contribución estatal. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en las elecciones de 2026.
De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el certificado de cesión –conocido popularmente como bono de deuda política– es un mecanismo de financiamiento con recursos privados, el cual permite a las agrupaciones políticas ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado solo si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.
La valoración de ventajas y desventajas ante la compra de certificados de cesión depende del incentivo del inversionista al realizar el desembolso, hay personas que los adquieren por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen en búsqueda de un retorno financiero.
El TSE ha señalado que la adquisición de bonos de deuda política no constituye un derecho puro y simple, sino que es uno eventual. La devolución de los fondos y sus respectivas ganancias depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido.
En este caso, no habrá devolución por medio de fondos estatales, porque no se cumplió con los umbrales requeridos para que el partido tuviese derecho a la contribución estatal.
Estos certificados solo pueden ser comprados por ciudadanos costarricenses o naturalizados, medios de comunicación y bancos. El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. En el caso del PLP, sus bonos fueron vendidos con un descuento del 15%.
Según el informe que brindó la tesorería del partido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fueron 13 personas las que compraron 73 certificados de cesión al PLP por un valor total de ₡360.250.000.
La agrupación política liderada por el diputado y candidato presidencial Eliécer Feinzaig Mintz logró apenas el 0,45% de los votos válidos en la papeleta presidencial y no obtuvo ningún diputado.
Al no superar los umbrales antes mencionados, su partido no tiene acceso a la contribución estatal, por lo que el dinero que gastaron los financistas en los certificados de cesión no será devuelto por medio de la deuda política, que para estas elecciones era de ₡39 mil millones que se repartirán entre los partidos que cumplieron los requisitos.
“Tengo clarísimo que hicimos una campaña de altura, que hablamos de propuestas, que lo hicimos con respeto. Hablamos con decencia y, evidentemente, eso no es lo que estaban esperando los costarricenses. Vivimos en tiempos de polarización, de discursos incendiarios y eso en algo habrá tenido que influir. Hay que hacer un análisis de lo que hemos hecho en estos cuatro años y de lo que le pasó a la fracción para sacar nuestras conclusiones”, mencionó Feinzaig a diversos medios de comunicación después de que el TSE dio los resultados electorales.
La persona que compró más bonos del PLP, según lo reportado al TSE, fue Javier Quirós Ramos de Anaya, que adquirió certificados por un valor superior a los ₡290 millones.
Quirós es vicepresidente de Grupo Purdy, empresa que distribuye y respalda más de 12 marcas de automóviles entre las que destacan Toyota, Ford, Volkswagen, entre otras.
Para los comicios de 2022, Quirós adquirió certificados de cesión por un valor superior a los ₡140 millones para el PLP, elecciones donde el resultado sí fue favorable para ese partido, ya que obtuvo 6 curules.
El empresario ha sido un recurrente financista de campañas políticas con diversos partidos en otros periodos electorales.
Para los comicios del 2014 y el 2018, realizó donaciones a cinco partidos diferentes: al Republicano Social Cristiano (₡22 millones), a la Unidad Social Cristiana (₡16 millones), al Movimiento Libertario (₡8 millones), a Nueva Generación (₡8 millones) y a Liberación Nacional (₡7 millones).
Cada agrupación política maneja su administración de fondos de manera distinta, pero, al ser los certificados de cesión un derecho eventual, la legislación vigente no obliga a ninguna organización a pagarle a tenedores de bonos cuando no se logran los resultados electorales para cobrar la deuda política. Es decir, no es imperativo que realicen una gestión de cobro con los financistas en caso de que no tengan acceso a la deuda política.
A continuación, se presenta la lista completa de los 13 compradores de bonos del PLP que no podrán cobrar al Estado por no cumplir los requisitos de los resultados electorales necesarios para acceder a ese derecho:
Javier Quirós Ramos de Anaya: ₡296.500.000
Enrique Alfonso Berrocal Salazar: ₡27.750.000
Erick Zamora Alfaro: ₡20.000.000
Carolina Leñero Jiménez: ₡5.000.000
Alexander Carmiol Herrera: ₡2.000.000
Luis Carlos Mita Alban: ₡2.000.000
Francia Zúñiga Hernández: ₡2.000.000
Raúl Méndez Contreras: ₡1.500.000
Mariano Francisco Carvajal Rodríguez: ₡1.000.000
Pablo Eugenio Barbier López: ₡1.000.000
Xinia Mayorga Núñez: ₡1.000.000
Carlos Mondragón Soto: ₡250.000
Mayra Zúñiga Clachar: ₡250.000
