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El Caso Cochinilla removió una vez más el añejo sentimiento de impunidad que existe entre los ciudadanos. El poco músculo que tiene el Poder Judicial para ofrecer una justicia pronta y cumplida es una de las causas de este malestar, pues de cada 100 casos por presunta corrupción que escalan hasta instancias penales solo siete reciben una sentencia.
Los otros ni siquiera pasan el tamiz de la fase de investigación y se desestiman, se archivan o quedan en sobreseimientos, confirmó Evelyn Villareal, coordinadora del tercer Estado de la Justicia.
Estas fueron las conclusiones a las que llegó el Programa del Estado de la Nación tras hacer investigaciones profundas sobre el desempeño que tuvo el Poder Judicial entre el 2016 y 2018.
Durante años el Poder Judicial ha demostrado que no está diseñado para ofrecer una justicia pronta y cumplida. Expedientes que involucraron a funcionarios públicos y empresas privadas en presuntos actos de corrupción como Caja Fischel, Ice - Alcatel, La Trocha, o el Cementazo, tardaron años en resolverse o aún hacen fila a la espera de un juicio.
Los problemas de recursos, la poca capacitación de expertos y algunas deficiencias de los procesos son algunas de las debilidades que posee el sistema para resolver los casos de forma expedita, considera Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Cuando usted inicia los casos por las noticias y va al ritmo de la noticia, puede ser que haga surgir una expectativa de que va haber una respuesta muy contundente del sistema, y a lo mejor no lo logra. Una cosa es la percepción noticiosa y otra es el contenido real de pruebas para llevarlo a un proceso tanto por acusación inicial como para llevarlo a debate”, comentó Cruz.
A la lentitud judicial se suma que los dos episodios más sonados de la historia reciente ―el Cementazo y el Caso Cochinilla―, golpearon las cúpulas del Poder Judicial y desencadenaron las pensiones anticipadas de los fiscales generales Jorge Chavarría y Emilia Navas.
Estos acontecimientos inciden en que cerca de un 50% de la población ya haya perdido la confianza hacia la Corte Suprema de Justicia, según indicó la tercera edición del Estado de la Justicia.
Poco músculo
“En los casos de delincuencia económica o de cuello blanco, la prueba documental voluminosa y generalmente se requiere de prueba internacional. Eso hace que la investigación sea lenta y el principio de justicia pronta y cumplida se vea afectado. Si la justicia no es pronta y cumplida, hay una sensación de frustración en el ciudadano”, manifestó Ewald Acuña, abogado penalista.
Parte del rezago se debe a que el sistema judicial costarricense está diseñado para atender casos pequeños, asegura Manrique Lara, abogado penalista, y especialista que participó en la audiencia preliminar del caso La Trocha.
“Son casos muy complejos que requieren una investigación muy profunda desde diferentes ópticas y lamentablemente nuestro sistema judicial está colapsado y no tiene el músculo para poder investigar la totalidad de causas tan complejas”, señaló Lara.
Estos grandes casos judiciales tienen tres áreas de investigación, explicó Acuña.
La primera es la fase documental, momento en el que se recaban todas las pruebas (actas, correos electrónicos, estudio de expedientes) para determinar conductas que eventualmente se puedan configurar en delitos. Aquí también se determinan las posibles relaciones entre los participantes, ya que por lo general son casos con multiplicidad de actores.
La segunda fase es la investigación financiero - contable que permite determinar la existencia de movimientos de dinero, analizar si los pagos concuerdan con lo acordado, si los movimientos evidencian dádivas, o si se dieron pagos por trabajos no concluidos.
Mientras que la tercera parte consta del análisis forense de cada contratación o actuación. Luego se debe establecer un mecanismo para determinar de manera individual cuáles conductas se le deben atribuir a cada uno de los involucrados.
La trocha
Uno de los casos que mejor ejemplifica este complejo viacrucis es la trocha fronteriza. El proyecto fue impulsado por la administración Chinchilla Miranda en diciembre de 2010, se paralizó en mayo de 2012 y podría ir a juicio hasta en el 2023, de acuerdo a información publicada por Telenoticias.
“Efectivamente tardó mucho la investigación para estar listo para el debate (...). El Ministerio Público acusa 508 hechos, figuran 13 personas, 114 testigos y ocho personas defensoras, el 2 de julio se emitió la resolución de señalamiento. (...) ¿Por qué razón? Porque hay espacios pero no para procesos de este calado”, señaló el presidente de la Corte.
Para contextualizar hay que recordar que en mayo de 2012 la presidenta Laura Chinchilla denunció que funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), recibieron supuestas dádivas de empresarios; posteriormente el proyecto en el que se habían invertido al menos ¢20.000 millones, quedó en el abandono. Así consta en una nota de La Nación publicada en enero de 2019.
Pese a que la denuncia salió a la luz pública en mayo de 2012 fue hasta enero de 2017 que el Ministerio Público presentó la acusación de manera formal contra 26 personas. La acusación se dio porque el grupo aparentemente integró una organización que defraudó al fisco al presentar facturas para cobrar la falsa utilización de maquinaria en las obras.
En este caso tres de los imputados eran funcionarios del Conavi, tres particulares que fingían ser supervisores de las obras, 18 empresarios y dos esposas de los implicados, señala una nota de La Nación.
A los 26 acusados se les atribuyeron los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
No obstante, a juicio llegarían solo 13 de los 26 imputados, pues la mitad se sometieron a una medida alterna con base en lo que dispone el Código Penal, según informó La Nación en febrero de 2020.
Por su parte, el Juzgado Penal de Hacienda dictó un sobreseimiento definitivo a favor de la expresidenta de la República Laura Chinchilla y el exfiscal Jorge Chavarría, según se dio a conocer en enero de 2019.
La resolución también benefició a otros 45 investigados como el exvicepresidente Luis Liberman, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez y la exmagistrada Ana Virginia Calzada. Los demás favorecidos con el sobreseimiento eran funcionarios y dueños de constructoras.
Para acusar a las 13 personas que finalmente irán a juicio tuvieron que pasar años y estudiarse cientos de documentos.
“La información tiene que ser analizada por la sección contable del Organismo de Investigación Judicial para brindar un informe al fiscal que lleva el caso.También debe ser analizada por el Conavi, por ingeniería. También fue analizada por la Contraloría General de la República (...), cada factura era de 10 centímetros de espesor, en este caso una factura eran cientos de folios y eso per se genera una complejidad”, dijo Lara.
Corrupción mete ruido al Poder Judicial
El Cementazo o el caso el cemento chino es otro de los escándalos de la historia reciente que involucra tanto a funcionarios públicos como a empresas privadas. Este episodio tiene una particularidad pues sacudió a la cúpula del Poder Judicial.
El 3 de noviembre de 2017, Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino y seis altos funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) fueron capturados por sospechas de corrupción con el otorgamiento de créditos bancarios.
Sin embargo, fue hasta este 15 de julio del 2021, que la Fiscalía solicitó la apertura a juicio contra Bolaños; el exdiputado, Víctor Morales Zapata; el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, y el exdirector general de aduanas, Benito Coghi Morales, por tráfico de influencias en el caso del cemento chino.
A esta acusación se suma la presentada en febrero de 2020 contra Bolaños por tres delitos de influencia contra la hacienda pública, por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal supuestamente destinado a la compra de cemento.
Ocho personas más fueron señaladas por estos mismos hechos y también se les atribuyó los delitos contra la hacienda pública y falsedad ideológica.
La investigación se abrió en octubre de 2017 para determinar si el Banco Popular fue estafado con la línea de crédito que le dio a la compañía Sinocem Costa Rica, parte del Grupo JCB y del que Bolaños es presidente.
De manera paralela este caso de presunta corrupción causó un huracán a lo interno del Poder Judicial, y desencadenó una crisis en todo el conglomerado judicial.
“Este escándalo reconfiguró por completo las fuerzas de la Corte Plena, debido a la salida de varios de los magistrados y magistradas. Casi toda la Sala III salió, solo quedó una persona. El presidente de la Corte (Carlos Chinchilla) en un acto sin ningún precedente histórico se acogió a su jubilación”, dijo Villareal.
El escándalo también desembocó en la suspensión por tres meses y la jubilación anticipada del fiscal general Jorge Chavarría el 1.° de diciembre de 2017.
Chavarría fue penalizado debido a una investigación para determinar las razones que había tenido la fiscalía, a inicios del 2017, para solicitar la desestimación de dos causas por supuesto tráfico de influencias contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata y otra contra el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y el exlegislador Wálter Céspedes, según consta en el archivo digital de La Nación.
El Caso Cochinilla también produjo la pensión anticipada de Emilia Navas, Fiscal General. 14 días después de los allanamientos la funcionaria anunció que se acogía a su pensión.
La decisión se debió a que Navas enfrentó cuestionamientos pues su esposo, Francisco José Campos, es abogado de MECO, una de las empresas cuestionadas en el caso.
Para el presidente de la Corte existe una diferencia fundamental entre el Caso Cochinilla y el Cementazo, pues este último se desató tras denuncias por parte de la prensa. Es decir, no había una investigación previa por parte de las autoridades.
Para meter el acelerador a los procesos judiciales, el presidente de la Corte sugiere crear una jurisdicción que atienda los mega casos de crimen organizado y corrupción, para que estén a cargo de jueves con amplia experiencia en una unidad aparte.
Procesos interminables
En este recuento también es importante recordar otros dos grandes casos de corrupción: el de Caja -Fischel e Ice - Alcatel. Estos procesos involucraron a dos expresidentes de la República, estuvieron años en instancias judiciales y terminaron con exoneraciones o disminuciones de las penas.
En abril del 2004 el diario La Nación reveló que el presidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas, vivía en una casa propiedad del gerente financiero de la Corporación Fischel, Olman Valverde Rojas. Ese fue el instante en que se destapó el caso conocido como Caja - Fischel.
La denuncia periodística llevó a acusaciones contra el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, el expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel, y el expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas.
La sentencia se dictó hasta el 2009 luego de diez meses de debate; para las conclusiones fue necesario que 147 testigos desfilaran por los tribunales y que se creara el expediente más voluminoso (al menos hasta ese momento) con 180.000 folios.
En la sentencia del 2009 los jueces determinaron que el expresidente cometió dos delitos de peculado al recibir comisiones obtenidas por la aprobación de un crédito del Gobierno de Finlandia destinado a la compra de equipos médicos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así consta en el archivo digital de La Nación.
La defensa del expresidente Calderón impugnó la sentencia del Tribunal de Juicio de Goicoechea que le imponía cinco años de prisión.
En mayo de 2011, la Sala III ratificó la condena contra el expresidente, aunque lo eximió de ir a prisión al reducir la pena de cinco a tres años de cárcel. Con esta sentencia también se vieron beneficiados otros cinco imputados del caso.
Para mayo de 2015 el Tribunal Penal de Hacienda exoneró al expresidente de una demanda por daños que había presentado la Caja por la venta de equipo médico del préstamo finlandés.
Los jueces consideraron que la entidad no logró demostrar que con el empréstito de $32 millones se hubiese adquirido equipo con sobreprecio, innecesario o en mal estado.
Esa resolución también benefició al expresidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas; al exgerente de Modernización de esa entidad, Juan Carlos Sánchez; el expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel; así como el exabogado de esa empresa, Randall Vargas, y el exgerente de O. Fischel R & Cía., Marvin Barrantes.
Otro de los sonados mega casos fue el conocido como ICE - Alcatel. Este se remonta al año 2004 cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez renunció a la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras ser acusado por presuntamente recibir sobornos de la empresa francesa de telecomunicaciones.
En abril de 2011 el Tribunal de Hacienda del segundo circuito penal de San José sancionó al expresidente con cinco años de prisión por instigador de corrupción agravada, y a 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embarg, en 2012 el Tribunal de Apelación de Sentencia anuló la condena.
En agosto de 2016 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el Ministerio Público, y ratificó la absolutoria de Rodríguez Echeverría.
Alerta roja
La lentitud del sistema judicial, las causas archivadas, e incluso los extensos procesos judiciales que se diluyen a lo largo del tiempo y pierden impacto ante la opinión pública, producen malestar entre los ciudadanos.
La confianza ciudadana sobre el quehacer judicial se viene deteriorando, lo cual enciende las alertas en Costa Rica. La confianza en la Corte Suprema de Justicia pasó del más del 60% a caer alrededor del 50%.
“Si usted ve 50%, usted dice: no está tan mal todavía, pero eso significa que hay otro 50% que no cree y no tiene confianza en nuestro árbitro, el que resuelve los conflictos sociales, la entidad que garantiza los derechos de la ciudadanía. Si tiene el 50% de la gente que no cree debemos tener una alerta roja, pues este es uno de los pilares de la convivencia pacífica y (evita que) la gente no se tome la justicia en sus manos”, acusó la coordinadora del Tercer Estado de la Justicia.
