EscucharEl 9 de agosto de 1884, San José hizo historia. En el barrio Aranjuez, una pequeña central hidroeléctrica de 50 kilowatios encendió 25 lámparas de carbón en el centro de la capital. No era un hecho menor: Costa Rica se convertía en una de las primeras ciudades del mundo en contar con alumbrado eléctrico público. Esa noche de agosto presagiaba lo que vendría: una relación larga, compleja y políticamente cargada entre los costarricenses y la energía eléctrica que hoy, en mayo de 2026, sigue sin resolverse del todo.
La era del capital extranjero: concesiones, monopolios y descontento
Los primeros 44 años del sistema eléctrico costarricense fueron dominados por el capital privado, primero nacional y luego extranjero. La Compañía de Luz Eléctrica de Costa Rica, fundada en 1889 por Luis Batres junto a Minor Keith y Fabián Esquivel, marcó la entrada del capital ferroviario-bananero al negocio energético. Para la primera década del siglo XX, varias compañías pequeñas competían —o más bien, se fragmentaban— en el servicio eléctrico metropolitano.
El punto de inflexión llegó en 1927, cuando la empresa estadounidense American & Foreign Power Co., subsidiaria de Electric Bond and Share, adquirió el control de las tres principales compañías eléctricas del Valle Central y estableció, en la práctica, un monopolio privado extranjero sobre la energía de la Gran Área Metropolitana. El modelo fue claro: maximizar ganancias con la mínima inversión. Las consecuencias fueron igualmente claras: infraestructura deteriorada, tarifas discrecionales y un creciente malestar ciudadano que se organizó en la Liga Cívica para exigir que el Estado recuperara el control.
La respuesta llegó el 31 de julio de 1928, cuando el Congreso decretó la Ley N.° 77: la nacionalización de las fuerzas eléctricas obtenibles de aguas de dominio público y la creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE). Era la primera vez que el Estado costarricense asumía la rectoría formal del sector. El SNE operó bajo el principio de “servicio al costo” —que sobrevive hasta hoy como pilar de la regulación eléctrica— y comenzó a controlar las tarifas que las compañías privadas cobraban a sus abonados.
El Contrato Eléctrico de 1941 y el nacimiento de la CNFL
La Electric Bond and Share no salió del negocio de inmediato. Tras una década de negociaciones tensas entre el Gobierno y la compañía estadounidense, el 8 de abril de 1941 se firmó el denominado “Contrato Eléctrico” (Ley N.° 2), que creó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL) con capital mixto: parte estatal, parte de la empresa extranjera.
La nacionalización completa de la CNFL llegó 27 años después, mediante la Ley N.° 4197 del 20 de setiembre de 1968, cuando el Estado adquirió la totalidad de las acciones de la compañía. El 16 de octubre de ese año se firmó el traspaso formal. Hoy la CNFL opera como subsidiaria del Grupo ICE, atiende a más de 632.000 clientes en el área metropolitana y es la distribuidora eléctrica más grande del país.
1949: Figueres, el ICE y la apuesta por la soberanía energética
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, apenas el 14% del territorio costarricense tenía acceso a electricidad. El servicio era caro, intermitente y concentrado en el Valle Central. El 8 de abril de 1949, la Junta Fundadora de la Segunda República —presidida por José Figueres Ferrer— emitió el Decreto-Ley N.° 449 y creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La Ley Constitutiva del ICE le encomendó tres tareas esenciales: dar solución urgente a la escasez de energía, desarrollar racionalmente los recursos hidráulicos del país y llevar el servicio a todo el territorio nacional.
Lo que siguió fue una de las transformaciones más aceleradas en la historia institucional de Costa Rica. En 1958 entró en operación La Garita, la primera planta construida directamente por el ICE. En 1963 se le asignó el desarrollo de las telecomunicaciones del país. En 1966 inauguró Cachí, el primer embalse de regulación del sistema eléctrico nacional. Para los años 70, el proyecto del embalse Arenal —el mayor del país— estaba en marcha.
Las cooperativas y la electrificación rural
El modelo centralizado del ICE tenía un límite geográfico. Así surgieron, en 1965, las primeras cooperativas de electrificación rural: Coopelesca, Coopeguanacaste y Coopesantos. En 1972 se sumó Coopealfaroruiz. Las cuatro forman hoy el Consorcio Coneléctricas y atienden a cerca de 200.000 socios en regiones que de otro modo habrían quedado rezagadas por décadas. A ese mapa se sumaron la ESPH de Heredia y la Jasec de Cartago, completando el esquema de distribución multioperador que caracteriza al sistema costarricense: ocho empresas autorizadas por ley, cada una en su zona de concesión, bajo la supervisión de la Aresep.
1990 y la apertura al mercado: la Ley 7200
Los años 80 pusieron al ICE en una encrucijada. El país crecía, la demanda aumentaba y las restricciones presupuestarias limitaban la inversión del instituto. La solución explorada fue la apertura regulada al capital privado. En 1990, Costa Rica aprobó una ley específica para la generación eléctrica autónoma.
La Ley N.° 7200 estableció las condiciones: proyectos de hasta 20 MW, con energía renovable, contratos de 15 años con el ICE y un techo del 15% de la capacidad instalada del sistema para la generación privada acumulada. La regla más importante era también la más restrictiva: los generadores privados solo podían vender electricidad al ICE, a tarifas fijadas por regulación pública. En 1995, la Ley N.° 7508 reformó ese esquema, amplió los contratos a 20 años y creó un capítulo para licitaciones abiertas.
El 5 de setiembre de 1996, la Ley N.° 7593 transformó el antiguo SNE en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), completando el andamiaje institucional que rige el sector hasta hoy.
La apuesta por las renovables: geotermia, agua y viento
Mientras el marco legal se consolidaba, el ICE diversificaba su portafolio. En 1994 inauguró la Planta Geotérmica Miravalles I (55 MW) en Guanacaste, iniciando tres décadas de liderazgo continental en energía del subsuelo. El complejo Miravalles creció hasta cinco plantas.
En setiembre de 2016 se inauguró Reventazón, con 305,5 MW, la mayor planta hidroeléctrica de Centroamérica. Con su entrada en operación, Costa Rica generó ese año el 98,12% de su electricidad con fuentes renovables. En 2025, se registró más del 98% de producción con fuentes renovables, cobertura superior al 99% y un consumo per cápita en el orden de los 2.000–3.000 kWh anuales.
2026: el debate que regresa
Sobre ese fondo irrumpe el expediente 23.414, la “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, impulsada por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández con el argumento de que el modelo actual es ineficiente y debe modernizarse para abaratar la electricidad.
La propuesta es de fondo. Plantea crear un Mercado Eléctrico Nacional donde distintos actores vendan y compren energía por oferta y demanda, y un Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) que asumiría el control operativo que hoy ejerce el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE. Los defensores argumentan que más competencia derivará en precios más bajos y los críticos señalan que separar el Cence del ICE equivale a extraer el cerebro operativo del sistema y que las ganancias de las exportaciones eléctricas, que hoy impactan positivamente el recibo de los costarricenses, podrían pasar a manos privadas.
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea concluyó que la reforma requiere 38 votos debido a la creación del Ecosen como institución autónoma. El PLN —con 17 votos— anunció que no respaldaría el proyecto. La aritmética es inapelable: el expediente no tiene los números para avanzar al segundo debate.
El debate que no cierra
Lo que el expediente 23.414 pone sobre la mesa no es nuevo, es la misma tensión que recorre los 140 años del sistema eléctrico costarricense: la disputa entre el modelo de servicio público solidario y la propuesta de abrir el mercado como mecanismo para mejorar la eficiencia.
Lo que no está en discusión es el resultado de 140 años de política energética: un país pequeño, sin petróleo, que logró una cobertura eléctrica cercana al 100% de la población, construyó una matriz casi enteramente renovable y mantuvo tarifas reguladas para sus ciudadanos.
De cara al futuro, el desafío de Costa Rica no radica únicamente en resolver la aritmética legislativa del momento, sino en definir cómo modernizar un sistema exitoso sin desmantelar la equidad social que lo fundamentó. Tras casi siglo y medio de evolución, la energía eléctrica en el país sigue siendo mucho más que un flujo de electrones o una simple mercancía: es un espejo del modelo de desarrollo y de las prioridades de la sociedad costarricense.
