Los diputados están a menos de un año de cerrar su cuatrienio legislativo y ceder sus curules.
En mayo del 2026 ingresará a Cuesta de Moras un nuevo grupo de legisladores como resultado de las elecciones nacionales del próximo año.
La nueva Asamblea tendrá la responsabilidad de designar a 13 magistrados propietarios de la Corte Plena, marcando así el rumbo de la política judicial del país.
Después, será la Corte la que elegirá al próximo fiscal general, encargado de administrar el Ministerio Público y de supervisar las investigaciones penales realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otras labores de la administración de la justicia penal.
El peso de esta decisión se magnifica en un contexto donde se han abierto causas contra altos jerarcas, incluido el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En el próximo cuatrienio, los legisladores también realizarán nombramientos claves en la Defensoría de los Habitantes y en la Contraloría General de la República (CGR).
Magistrados
Los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por el Poder Legislativo, según indica el artículo 121 de la Constitución Política.
La Corte indicó a EF que los nuevos legisladores que conformen el Congreso en el periodo 2026-2030 tendrán que nombrar a 13 magistrados propietarios. El primer nombramiento en este caso lo deberán hacer en septiembre del 2026, mes en el que vence uno de los puestos en la Sala Segunda.
A pesar de que el tiempo en el puesto tiene vencimiento cada ocho años, los magistrados pueden aspirar a continuar en el cargo y salir de él hasta que se jubilen o en caso de fallecimiento. No obstante, son los diputados los encargados de permitir la permanencia de los funcionarios.
“Los diputados primero analizan la reelección. Si no se alcanzan los 38 votos en contra, se abre un nuevo expediente para nombrar el puesto”, explicó la politóloga Kattia Benavides, experta en política legislativa, quien explicó que esta es la única votación que se determina con votos en contra.
Por el contrario, en caso de que no se busque la reelección, el nuevo nombramiento se aprueba con 38 votos a favor. Los postulantes deben aplicar al puesto durante el periodo de recepción de solicitudes que abre la Asamblea.
En cuanto a las suplencias, los nombramientos comenzarán en el 2028. Tienen una extensión de cuatro años.
La Corte también tendrá que designar al nuevo fiscal general, pues el nombramiento de Carlo Díaz concluye en octubre de 2026. Más que un nombramiento, se trata de una pieza clave en el ajedrez judicial: de la figura del fiscal general ha dependido el curso de investigaciones de alto calibre, como la que salpica al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Vives, por presunto delito de conclusión.
Los magistrados de la Corte, por otra parte, también estarán encargados de elegir a sus homólogos en el TSE. Aquí también juegan un papel clave los magistrados de la Corte, ya que los dirigentes del Tribunal deben garantizar que no se realice beligerancia política. Los actuales magistrados precisamente han tenido que resolver en los últimos meses diferentes amparos electorales relacionados con este tema.
A partir del 2027, la Corte nombrará a dos magistrados propietarios y tres suplentes para el TSE. De forma ordinaria, el TSE está integrado por tres magistrados propietarios.
Otros puestos
“Los diputados también se encargan de los nombramientos de los órganos auxiliares de la Asamblea, los cuales son la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes”, comentó José Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo).
El puesto de Defensor de los Habitantes se deberá elegir a partir de marzo del 2027 y el nombramiento tiene una duración de cuatro años. La reelección es posible únicamente por un nuevo periodo, lo cual aplica con la defensora actual, Angie Cruickshank.
El artículo 3 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República señala que la elección se realizará “mediante mayoría absoluta de los diputados presentes”.
Complementariamente, el puesto de nuevo defensor adjunto se votará en 2029.
Por su parte, el órgano encargado de fiscalizar los fondos públicos y la legalidad de la contratación pública también se someterá al parecer de la conformación del próximo congreso. Los nuevos puestos de contralor y subcontralor se nombrarán en el 2028, tras el vencimiento del cargo actual.
El puesto de Procurador General de la República, abogado del Estado, también se someterá a votación en el 2029.
Ratificaciones
Benavides explicó que el Consejo de Gobierno se encarga de nombrar a directivos en distintas instituciones y es en la Asamblea donde se le da el visto bueno al nombramiento por medio de 38 votos a favor.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la Comisión para Promover la Competencia (Corpocom) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estarán sujetos al parecer de los legisladores para que se efectúe el nombramiento de sus directivos.
El puesto de Regular General de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como el de regulador adjunto y miembros de su Junta Directiva también deberán someterse a las ratificaciones de los legisladores.
Lo mismo sucederá con ocho miembros del Tribunal Registral Administrativo.
Así, el próximo Congreso no solo heredará grandes retos de agenda legislativa como tal, sino también la responsabilidad de definir el rumbo de instituciones clave para el Estado costarricense.
Las designaciones y ratificaciones que realice en su mandato tendrán un impacto directo en la administración de justicia, la fiscalización de los recursos públicos y la estabilidad del sistema democrático.
