A pesar de que Costa Rica proyecta ante el mundo una imagen asociada con prácticas ecológicamente responsables, el panorama cambia cuando el foco se dirige hacia los resultados de la valorización de residuos.
Apenas el 4% de los residuos que generó el país en 2024 fue catalogado como revalorizable, mientras que en 2020 esa cifra alcanzó el 9%, según datos del Ministerio de Salud. En otras palabras, la capacidad de los costarricenses para reciclar no avanza: retrocede.
Ese músculo, ya de por sí reducido y además debilitado, provoca que miles de toneladas de residuos terminen engrosando la presión sobre los rellenos sanitarios, aun cuando parte de esos materiales pudo haber sido aprovechada para otros usos.
Para Paula de la Paz, ingeniera forestal de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), la caída en la capacidad de reciclaje del país responde, en buena medida, al desinterés ciudadano. Sin embargo, ese desapego tiene una raíz más profunda: la escasa educación ambiental dentro de las aulas.
Poca educación
El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con apenas tres colegios con orientación ambientalista en todo el territorio nacional. Esa cantidad equivale al 0,4% de la oferta de colegios públicos diurnos y nocturnos del país.
Ese reducido catálogo ambiental está conformado por las sedes de Pejibaye (Jiménez, Cartago), Llano Bonito (Pococí, Limón) y Horquetas (Sarapiquí, Heredia). En conjunto, esas instituciones recibieron 1.332 estudiantes en 2025, según datos proporcionados por el MEP. La cifra representa apenas el 0,3% de la matrícula inicial registrada por el sistema de colegios públicos el año anterior.
Aunque podría interpretarse como una señal de que el país intenta fortalecer la formación ambiental desde las aulas, lo cierto es que esa oferta especializada se ha ido desdibujando con el tiempo: pasó de seis sedes a solo tres.
Parte de esa pérdida de terreno encuentra explicación en la propia estructura académica. La malla curricular, establecida desde 2003, carecía de programas de estudio específicos para el núcleo ambiental, una omisión que terminó condicionando la calidad, uniformidad y profundidad de los contenidos impartidos a los estudiantes de esta modalidad.
El Informe 16-2025 del MEP señala que “la malla curricular aprobada generó diferentes interpretaciones que llevaron a inconsistencias sostenidas durante dos décadas, las cuales no fueron subsanadas por la Dirección de Desarrollo Curricular y el Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, instancias que dejaron en el olvido el seguimiento para esta oferta educativa, con una malla que genera incertidumbre y ausente de programas educativos que enmarquen el objetivo de su creación”.
La debilidad de los programas escolares especializados en temas ambientales es apenas una de las piezas del engranaje que ayuda a explicar la limitada cultura de reciclaje en Costa Rica.
“Si no se tiene claridad de que el medio ambiente no es solo la naturaleza, sino todo lo que nos rodea, entonces es poco probable que nos comprometamos a separar residuos”, afirmó De la Paz.
Fuera del sistema educativo, una de las principales alternativas para capacitar a la población en manejo de residuos recae en los gobiernos locales. Sin embargo, ahí también aparecen limitaciones: el 8,6% de las municipalidades no cuenta con este tipo de programas, mientras que un 30,8% los desarrolla apenas una vez al año o incluso cada dos años, según el informe Indicadores Cantonales de Gestión Integral de Residuos 2023-2024, elaborado con información de 81 gobiernos locales.
Cada cantón recicla a su manera
“A pesar de que tenemos la Ley para la Gestión Integral de Residuos (8839), lamentablemente existe un completo desapego en muchas municipalidades. ¿Por qué? Porque cada gobierno local trabaja de manera independiente, al menos en lo que respecta al reciclaje”, señaló Silvia Isabel Vargas, fundadora de Yo Hago el Cambio, organización social enfocada en desarrollo sostenible en Costa Rica.
De acuerdo con Vargas, esa disparidad territorial provoca que en algunos cantones el interés por separar residuos gane terreno, mientras que en otros el tema apenas figura en la agenda pública.
De hecho, el Indicador Cantonal de Gestión de Residuos revela que mientras Garabito, en Puntarenas, logró que el 37,2% de sus residuos fuera catalogado como valorizable, en La Cruz, Guanacaste, esa proporción apenas alcanzó el 0,02%.
El segundo cantón con mejor desempeño fue San Rafael, en Heredia, con un 24%. En el extremo opuesto aparecen Turrubares, en San José, y Palmares, en Alajuela, ambos con apenas un 0,03%.
Para Gustavo Paz, gerente de Ecoins, la separación de residuos todavía no forma parte del ADN cultural de los costarricenses.
“Desde pequeños, muy pocas personas recibimos información sobre cómo separar residuos. Reciclar no es solo un tema ambiental; también existe un componente económico muy fuerte. Estamos tirando a la basura materiales valiosos que podrían reintegrarse como insumos productivos”, enfatizó.
Mientras la cantidad de residuos valorizables cae a nivel nacional, la oferta educativa especializada se reduce, los programas municipales avanzan a ritmos dispares y la brecha entre cantones se ensancha. La capacidad del país para separar, recuperar y reincorporar materiales a la cadena productiva sigue dependiendo más de esfuerzos aislados que de una estrategia ambiental articulada a escala nacional.
