La idea de un impuesto mínimo global a multinacionales que tomó fuerza a inicios del 2021 y acercó posiciones de más de 100 países parece ahora estancarse –o, al menos, retrasarse– en medio de las negociaciones que suman un año.
La entrada en vigor de la propuesta, que significa el cambio más significativos a las reglas fiscales globales, tomará más tiempo de lo esperado. El escollo principal es llegar a un acuerdo formal sobre cómo los países con grandes mercados de consumo podrían recaudar más ingresos por impuestos corporativos.
Esa incertidumbre envuelve también a Costa Rica, uno de los países que, en principio, apoyó la medida. Sin embargo, no está claro cuál será la posición que tomará el gobierno de Rodrigo Chaves.
“Ligero” retraso
Las nuevas reglas fiscales, originalmente proyectadas para instaurarse a mediados del 2022, deberán esperar al menos dos años más.
La discusión sobre establecer un impuesto mínimo global, conocido como el Pilar Dos, calentó en el 2021, aunque la idea se venía gestando en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde el 2019.
Después de varios meses de negociaciones auspiciadas por la OCDE, se llegó al acuerdo de 134 países en fijar una tasa del 15%, aunque el presidente estadounidense, Joe Biden, pedía un 21%. Este impuesto aplicaría a todas las compañías que tengan beneficios superiores a los $750 millones anuales.
No obstante, el debate sobre el impuesto ha perdido impulso. La OCDE reconoció que la entrada en vigor del nuevo marco fiscal internacional presenta “un ligero retraso” y todo apunta a que será hasta 2024, en vez de 2023 como se había previsto.
“Se trata de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos nuevos que reforman fundamentalmente los acuerdos fiscales internacionales, para hacerlos más justos y funcionar mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada”, manifestó Mathias Cormann, secretario general del organismo, en un informe dirigido a los ministros de Finanzas del G20, según publicó el diario español El País.
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También está en la discusión el Pilar Uno, que busca asignar ingresos obtenidos por multinacionales a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos, algo que favorecería a economías más pequeñas. Aquí se habla de alrededor de 100 empresas multinacionales, entre las que están Meta (casa matriz de Facebook), Amazon, Google, Apple o Netflix.
Cormann agregó que el trabajo técnico en torno a la tasa impositiva del 15% “está en gran parte completo”. El Marco de Implementación se publicará a finales de este año y algunos países ya preparan cambios en sus legislaciones nacionales.
Pero a pesar del tono optimista que quiere implantar la OCDE, el atraso conlleva riesgos que podrían dar al traste con los esfuerzos comunes. Uno de ellos es que algunos gobiernos puedan perder la paciencia e impulsar en sus territorios reformas propias para las empresas tecnológicas, que son el principal objetivo del impuesto global.
Además, se suma la incertidumbre ante las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, a realizarse en noviembre de este año, que podrían darle a los republicanos el control del Congreso. Con esto se necesitaría un acuerdo bipartidista con los demócratas para sacar el proyecto adelante. Una vez esté lista la propuesta mundial, esta debe ser aprobada por los parlamentos de cada país.
Ante el retraso, la secretaría del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, se mostró esperanzada. “Tengo muchas esperanzas de que se promulgue. Siento que es una iniciativa global increíblemente importante que es de interés para los Estados Unidos”, dijo Yellen al diario The Wall Street Journal.
La Unión Europea tampoco se ha animado a presentar una legislación propia para pasar el impuesto mínimo, pues existe un veto de Hungría, país que argumenta que con la inflación disparada, no es el momento de subir impuestos y aboga por que se preste más atención a las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Según cálculos de la OCDE, el impuesto mínimo del 15% generará anualmente $150.000 millones en ingresos fiscales en todo el mundo. El Pilar Uno reubicará $125.000 millones de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo.
La intención detrás de esta medida es que los países dejen de competir con impuestos bajos para atraer inversión.
¿Qué dice Costa Rica?
EF consultó al Ministerio de Hacienda su posición con respecto al impuesto mínimo global, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota. El jerarca anterior, Elian Villegas, aseguró a este medio en julio del 2021 que apoyaban la medida, pero que el país actuaría con “cautela”.
En ocasiones anteriores, la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) ha pedido al país no entrar en esta discusión “prematura”.
“La recomendación es que el país tiene que esperar (...). No es el momento para hablar de afectar el régimen de zona franca con impuestos”, dijo Carlos Wong, presidente de Azofras, en abril del 2021, en pleno auge mundial del debate.
Para Costa Rica, la aplicación de esta base mínima sobre las rentas empresariales augura efectos mixtos. Por un lado, la recaudación podría aumentar ante el cobro a multinacionales tecnológicas por sus operaciones en el país; pero, por el otro, también podría restringir la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción de inversiones.
“Costa Rica lo que tiene que hacer es poder centrar en su política de atracción de inversión esos elementos diferenciadores y explotar nuestras fortalezas”, dijo en noviembre Manuel Tovar, exrepresentante de Costa Rica ante la OCDE y actual ministro de Comercio Exterior, al diario La Nación.
Tovar quiere apostarle también al friendshoring: hacer negocios con países con los que se comparten valores como la democracia.
No obstante, todavía es temprano para determinar los efectos que podría tener la iniciativa del impuesto global sobre la economía costarricense. Las negociaciones deben madurar más hasta tener un acuerdo definitivo que agrupe a la mayoría de países.
