El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reiniciará esta semana las gestiones para la compra de electricidad a generadores privados que cuentan con plantas construidas y están sin contrato, según informó la institución este martes 13 de diciembre en un comunicado de prensa.
El objetivo de la entidad es completar la demanda nacional de energía en caso de que el sistema lo necesite.
La condición es que las plantas privadas ofrezcan un menor costo de adquisición que el ofrecido por las propias plantas del Instituto e inferior también al precio de importación del Mercado Eléctrico Regional (MER).
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La autorización de compra se le dio al ICE en setiembre, mediante un el decreto que se publicó en el diario oficial La Gaceta, firmado por el presidente Rodrigo Chaves.
El ICE proyecta un crecimiento en la demanda eléctrica mayor al esperado para estos últimos meses del año, algo que le adjudican a la recuperación de la economía.
Con esta decisión, el ICE asegura que el país cuenta con mayores previsiones de disponibilidad frente a la entrada de la época seca del 2023.
En octubre, cuando se dio a conocer el decreto firmado un mes antes, el presidente del ICE, Marco Acuña, manifestó que la intención del Gobierno es poder exportar excedentes nacionales al MER con el fin de bajar las precios en Costa Rica, pues se posibilita la compra de energía con tarifas más competitivas que utilizando las fuentes térmicas del ICE.
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La Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) valoró positivamente la posición de las autoridades de contar con la generación privada para satisfacer la demanda del verano que catalogaron como “desafiante”.
“Es muy importante que el país logre su seguridad energética, y eso pasa por considerar todas las fuentes eléctricas existentes, en particular las plantas con energía limpia y barata que se han desconectado”, aseguró en octubre Mario Alvarado, director ejecutivo de Acope, ante consulta de EF.
El ICE decidió en 2020 no renovar la compra de energía a las plantas privadas cuyos contratos vencieran entre 2020 y 2024, decisión que plasmó en el Plan de Expansión de la Generación (PEG) para el periodo 2020-2035, un documento que se actualiza cada dos años y es la guía para la planificación de la producción de energía a mediano y largo plazo.
Eso comprometió el futuro de 13 plantas, siete que ya fueron desconectadas. Cuatro más terminaban contrato este año, a las que se suman dos en 2023 y una más en 2024. Sin embargo, hay unas que han visto nuevos nichos de negocios, como la criptominería.
