Hacienda traslada al Ministerio Público caso de evasión fiscal por ¢11.000 millones

El caso corresponde a un banco privado del cual las autoridades de Hacienda no dijeron el nombre, pero que ya fue denunciado ante la Fiscalía por cometer el delito de fraude fiscal.

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“Esta maniobra (del banco) representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se hicieron, y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público”, aseguró Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

El traslado del caso a la Fiscalía se debe a que ya prescribió el periodo de cuatro años que tenía Tributación para ejercer la investigación desde que se cometió el delito.

Maniobras del banco evasor

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“Este caso se trata de una persona jurídica que tiene una empresa en Costa Rica y a su vez tiene el control de una empresa financiera en Panamá y también de una holding panameña”, explicó Mario Ramos, directos general de Tributación.

La empresa costarricense habría trasladado $65 millones a la empresa panameña y la holding. Luego la entidad financiera habrá tomado como garantía el monto y lo habría trasladado a la holding.

Esa supuesta triangulación hace que la empresa costarricense pagara intereses a la entidad financiera en el país vecino y habría creado una especie de ‘escudo fiscal’ a favor de la empresa costarricense.

“Además, la salida de utilidad de la empresa en Costa Rica a la entidad panameña permite el traslado de recursos a los socios sin pago respecto de los impuestos”, señaló Ramos.

Más casos

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Una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres habrá reportado en la declaración de la renta del periodo 2008, ¢3.700 millones en costos y gastos.

“Esta empresa mostró absoluta resistencia a todas las actuaciones de control y no aportó ni un solo comprobante de las compras que había hecho”, subrayó Ramos.

Esa inconsistencia en los datos generó una diferencia en el cobro, para ese periodo, de ¢1.136 millones de impuesto determinado.

Ese caso también fue enviado al Ministerio Público al ser mayor de ¢230 millones.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que dentro de esta estrategia puedan ellos también hacer lo que corresponde”, aseveró Acosta.

El tercer caso enviado a la Fiscalía es una sociedad anónima dedicada a la venta de vehículos. Esa empresa habría reportado una venta bruta por ¢7.700 millones, pero el 86% de esas ventas corresponderían a celulares.

Hacienda asegura que no logró localizar compras nacionales ni importaciones de la empresa por esos productos.

“Se generó un presunto impuesto determinado de ¢1.000 millones en la deuda del impuesto general sobre la ventas y 2.202 millones de impuesto general”, acotó Ramos.

El Ministerio enviará a la Fiscalía otros tres casos más antes del 15 de febrero.