El Ministerio de Hacienda informó, la tarde de este martes, que recortará ¢2.543 millones del presupuesto del Poder Judicial para el 2020 hasta que esa entidad se acoja a las nuevas reglas aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que tienen como objetivo contener el crecimiento del gasto en salarios.

Por votación de mayoría, la tarde de este lunes, los magistrados de la Corte Plena decidieron que la normativa de la reforma fiscal en materia de salarios –específicamente en el pago de incentivos y anualidades– no se aplicará para los 14.000 empleados judiciales.

Hacienda señaló, mediante un comunicado de prensa, que debido a la decisión de la cúpula del Poder Judicial de no aplicar los ajustes salariales establecidos en el plan fiscal, se le hará un recorte en el presupuesto del próximo año que se destinaría inicialmente a la creación del juzgado anticorrupción.

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Los magistrados indicaron a Hacienda que no es posible crear la nueva dependencia judicial con los recursos asignados y por esa razón requerían de los ¢2.543 millones adicionales en el presupuesto del 2020.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anticorrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, comentó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Sin embargo, la decisión de la Corte Plena significa dejar fuera de la aplicación de la reforma fiscal a los 14.000 empleados del Poder Judicial quienes no tendrán cambios en el crecimiento anual de sus salarios, mientras que para los otros 127.000 trabajadores del Gobierno Central sí se aplicarán las normas para evitar que los pluses y anualidades crezcan de manera porcentual y se ajusten a un sistema nominal (monto fijo).

“Lo que no se nos informó (el Poder Judicial) fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9.635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones. Siendo así, no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, agregó Aguilar.

El Gobierno está dispuesto a reintegrar los ¢2.543 millones al Poder Judicial una vez que se ajuste a los términos de la ley.

Pluses en la Corte

Dentro de la planilla del Poder Judicial existen 1.800 empleados que reciben un sueldo mensual que supera los ¢3 millones.

La reforma fiscal establece que las anualidades se pagarán de acuerdo con un monto nominal fijo que se calculará en 1,94% del salario base de enero del 2018 para trabajadores profesionales y 2,54% para no profesionales.

La Corte Plena decidió que los empleados judiciales, nuevos y antiguos, continuarán recibiendo anualidades que oscilan entre 1,95% y 2,55% del salario base por cada año laborado.

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El artículo 54 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ordena que todos los incentivos o compensaciones que existan en el sector público y que se expresen en términos nominales deben transformarse en montos nominales (fijos) con respecto al salario base recibido a enero del 2018.

Los magistrados resolvieron en su acuerdo de este lunes que los incentivos creados mediante reglamento o por acuerdo de la Corte se mantendrán en “su conceptualización y forma de cálculo” para los trabajadores que ingresaron a la entidad antes de la aprobación de la reforma tributaria.

Solamente se hará el ajuste a montos nominales fijos para los nuevos empleados judiciales que entraron después del 3 de diciembre del 2018.

Además de los incentivos y anualidades de la función pública, el Poder Judicial entrega cada año un total de ¢60.000 millones por medio de 21 pluses creados por normativas propias.