EscucharEl Gobierno de la República insistirá en aumentar la tarifa del Impuesto sobre la Renta a las ganancias de capital por un período de dos años, y ahora lo hará con una tasa todavía más elevada.
Las ganancias de capital son aquellas que se generan por la disposición de un activo propio; es decir, por actividades como inversiones, venta de bienes o propiedades, alquileres y similares.
La intención del Ejecutivo quedó plasmada en el proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital (22.801): la nueva versión de esta iniciativa que ya fue rechazada en la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos y que ahora reiniciará su camino en el Congreso por insistencia del Gobierno.
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Con la redacción de la iniciativa, el impuesto pasaría de una tarifa actual del 15% a un 17,5% transitorio, por 24 meses. Este aumento es todavía mayor que el que se planteó con la versión inicial de la reforma, que ya pretendía una subida al 16,5%.
En su exposición de motivos del proyecto presentada a la Asamblea Legislativa, el Gobierno dijo considerar “el perfil” de las personas que rentan de esta manera para impulsar el aumento. Asimismo, dijo que “las inversiones en rentas del capital suponen la existencia de una renta disponible o capital excedente por parte de quien invierte”.
En el caso de los alquileres, por ejemplo, el contribuyente ya debe pagar una tarifa 15%. Asimismo, debe sumar un 13% a la factura de sus arrendatarios, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Quienes invierten en certificados a plazo, por otra parte, también deben pagar un 15% de sus rentas al Ministerio de Hacienda.
Ambos tendrían que pagar un 17,5% de renta por dos años, de manera transitoria, si se aprueba el proyecto de ley.
Más blando con salario escolar
El nuevo proyecto de ley busca revivir el expediente 22.369, el cual fue rechazado por los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
En ese foro, legisladores enterraron el proyecto por distintas inconformidades, incluidas algunas relacionadas con la intención de reinstaurar el Impuesto sobre la Renta al salario escolar.
La nueva redacción de la iniciativa recién presentada pretende, una vez más, implantar ese gravamen. Sin embargo, ahora lo hace de una forma mucho más blanda.
El Ejecutivo desistió de cobrar el gravamen de la misma manera que a cualquier otra mensualidad salarial, y ahora más bien propone que se le aplique una tarifa escalonada a partir de ¢1 millón.
Los asalariados del sector público tendrían que pagar un 10% sobre el exceso de ese monto; un 15% sobre el exceso de ¢1,27 millones; un 20% sobre el exceso de ¢2,17 millones; y un 25% sobre el exceso de ¢4,34 millones.
Inicialmente se buscaba que la mensualidad tributara sobre los primeros ¢842.000, como cualquier pago de su tipo.
Esta mensualidad salarial únicamente la reciben los trabajadores del Estado desde 1994, cuando se creó como un aumento salarial. Luego se exoneró de renta, en 2008, por mandato de la Asamblea Legislativa de entonces.
Además de estas dos medidas, la nueva versión del proyecto de ley mantiene la mayoría de sus pretensiones iniciales.
Buscará aumentar en 5 puntos porcentuales (p.p.) las remesas al exterior; con excepción de las relacionadas con reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros. Asimismo, pretende subir a 15% las tarifas por rentas de capital relacionadas con títulos valores de cooperativas, cuando sean bursátiles, y aquellos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
En el caso de los excedentes y las utilidades pagadas por cooperativas y similares a sus asociados, el Gobierno desistió de eliminar su trato preferencial y mantener sus tarifas reducidas de hasta un 10%.
Este proyecto de ley se incluyó en el acuerdo de financiamiento por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aparejado a una agenda de ajuste fiscal de corto plazo para las finanzas públicas del Estado.
Al haber sido presentado nuevamente, tras su rechazo en comisión, el texto ahora deberá reiniciar completamente su trámite en el Congreso.
Este trámite puede constar de espacios para audiencias legsilativas, consultas a instituciones y enmiendas por parte de los diputados, entre otras etapas previas a su eventual votación.
