En las últimas décadas, Costa Rica tenía un modelo país establecido en el cual el estilo de desarrollo combinaba la conservación del territorio y la recuperación de la cobertura forestal con la atracción de inversión extranjera directa y la promoción de exportación. Hoy, existe una ruptura narrativa entre el “país verde” que se promociona ante el mundo y la toma de decisiones estatal en pro de la sostenibilidad ambiental.
Esto lo detalla un Informe del Programa Estado de la Nación (PEN) del 2025 en el Capítulo 4, titulado “Armonía con la naturaleza”, en el cual se realizó una investigación cualitativa que analizó los decretos y proyectos de ley en materia ambiental en el último cuatrienio. En él, se concluye que el Estado se ha alejado de la idea de concebir el ambiente como factor de desarrollo humano.
“Actores políticos, sociales e institucionales han reinstalado un discurso del ambiente como ‘obstáculo para el desarrollo’ y se han tomado medidas consecuentes con ese cambio”, señala la investigación.
El documento añade que el país no ha logrado armonizar ni resolver las tensiones entre protección del ambiente y producción. El alejamiento estatal de la histórica postura ambiental de Costa Rica se nota en la reducción de regulaciones ambientales en temas estratégicos.
“No hay una discusión clara, abierta y transparente sobre cómo enfrentar el reto de la sostenibilidad”, resalta el informe.
La tendencia que se detectó en la última administración tiene relación con que los entes gubernamentales realizan cambios que debilitan su propia capacidad institucional, la participación ciudadana y el peso del criterio técnico en las reformas.
Para una gestión ambiental sostenible y efectiva se requiere del cumplimiento de principios como la participación de los distintos sectores sociales en el proceso de toma de decisiones y del uso del criterio técnico-científico. En los últimos años se registraron acciones contrarias a estos principios.
En el 2023, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) (expediente 23.213) que disminuye el grado de desconcentración de máximo a mínimo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Ese mismo año, la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo Escazú, el cual promovía la participación pública en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.
Otro ejemplo al que le ponen especial énfasis es la reforma al Reglamento para la calidad del agua potable (decreto 45196-S), concretamente en lo relativo a los valores de referencia para sustancias contaminantes en el agua.
El Ministerio de Salud modificó los parámetros de calidad del agua, al sustituir los límites fijos permitidos de concentración de sustancias por valores dinámicos. Eso quiere decir que se cambia el concepto de “valores máximos admisibles” a “valor de alerta”.
De esta forma, si se detectan “valores de alerta” el Ministerio de Salud y demás instituciones con competencias realizarán un análisis para decidir el valor máximo de riesgo permitido en el agua.
Con esta variación se pasa de una lógica de prohibición total de plaguicidas a una de tolerancia transitoria.
Sobre esto, en la investigación se menciona que “distintos actores sociales han cuestionado este cambio por considerar que no atiende las causas estructurales de la contaminación, permite la distribución de agua contaminada mientras se realiza un análisis de riesgo, omite medidas estructurales como protección de zonas de recarga y el control efectivo del uso de agroquímicos, introduce un enfoque más permisivo frente a sustancias de alta peligrosidad y no incorpora adecuadamente criterios de toxicidad crónica, bioacumulación y efectos combinados”.
Preocupación sobre los modelos de desarrollo
De acuerdo con Vanessa Valerio, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), el informe del PEN refleja una “preocupación relevante” sobre las tensiones existentes entre los modelos de desarrollo económico y la protección ambiental en Costa Rica.
“Esto merece ser analizado con mucha cautela, específicamente porque nuestro país vive de la imagen internacional de una estrategia de desarrollo histórico que ha estado estrechamente vinculada con la conservación ambiental, la protección de la biodiversidad y el liderazgo climático”, mencionó.
La académica añade que desde los años 70 las políticas de conservación ambiental fueron fructíferas para la economía del país con el pasar de los años, generando réditos por las actividades turísticas, por ejemplo.
“Además, hay tendencias internacionales que están apuntando muchísimo hacia el cuidado del ambiente y para la siguiente década ya se está exigiendo por diferentes organismos internacionales incorporar en la gestión financiera el tema de sostenibilidad”, recalcó.
La experta sostiene que, para responder a los complejos desafíos actuales como el cambio climático, la gestión de riesgos, la contaminación ambiental y la seguridad hídrica, se necesita una institucionalidad fuerte con las herramientas y el conocimiento técnico necesario para afrontarlo.
“No podemos pensar que la ciencia y los datos estorban, porque más bien robustecen y aclaran la toma de decisiones. Si no, estamos tomando decisiones con los ojos cerrados y con una visión muy cortoplacista con la que, posteriormente, podemos tener afectaciones grandes en el desarrollo del país”, manifestó.
El Financiero contactó al Minae desde el 13 de mayo para conocer su reacción ante los resultados de la investigación del PEN. En el Ministerio señalaron que la consulta estaba en trámite y al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
