El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó el tono sobre uno de los problemas más punzantes de la realidad costarricense: la seguridad ciudadana.
Al término de su misión para la consulta del Artículo IV de 2026, el equipo técnico del organismo identificó el auge delictivo no solo como un reto social, sino como un factor determinante que podría lastrar el dinamismo de la economía nacional en el corto plazo.
Así se explicó en un comunicado de prensa emitido la tarde del martes 10 de marzo.
La inseguridad como “riesgo adverso”
Aunque el FMI reconoce que el ímpetu del crecimiento se mantiene sólido —con una proyección del 3,8% para 2026—, el informe enumera amenazas internas.
Según el comunicado, “el aumento de la criminalidad podría impactar negativamente el turismo, la inversión y la demanda de consumo”.
Este señalamiento coloca a la seguridad ciudadana en el mismo nivel de preocupación que factores globales como las tensiones geopolíticas o la volatilidad de los precios de las materias primas.
Para el organismo, la percepción de inseguridad actúa como un freno invisible que desincentiva tanto al visitante internacional como al inversionista local y extranjero.
Inversión en seguridad como prioridad fiscal
Para contrarrestar esta tendencia, el FMI propone un enfoque dual: mejorar la recaudación de impuestos y dirigir esos recursos a áreas críticas.
El informe sugiere una reforma tributaria que permita “aumentar la recaudación para apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas”.
Esta recomendación es significativa en un contexto donde la deuda del gobierno central ya superó el 60% del PIB en 2025, lo que activa restricciones automáticas de gasto bajo la regla fiscal para los próximos años.
El FMI sugiere que, a pesar de la disciplina fiscal necesaria, el país no puede permitirse desatender el financiamiento de sus cuerpos policiales y sistemas de protección.
La “receta” del FMI: prevención y ley
El diagnóstico del organismo va más allá del patrullaje. El equipo técnico, dirigido por Varapat Chensavasdijai, delineó una hoja de ruta estructural para atacar el problema desde la raíz. Según el documento, el país requiere de “las inversiones a favor del cumplimiento de la ley, las mejoras en la cooperación interinstitucional y la ampliación de los programas para disuadir a los jóvenes de involucrarse en actividades delictivas”.
Para el FMI, este conjunto de medidas es fundamental para “reducir la tasa de homicidios y mitigar las repercusiones en el turismo, el consumo privado y la inversión”, permitiendo así que el país libere su potencial económico no explotado.
Contexto de urgencia
La advertencia llega en un momento crítico. Costa Rica ha experimentado en los últimos años un aumento sostenido en la tasa de homicidios, vinculada principalmente a pugnas entre grupos dedicados al narcotráfico.
El sector turístico, que representa una parte vital de las divisas del país, ha expresado reiteradamente su preocupación por cómo la violencia en zonas costeras y urbanas erosiona la imagen internacional de “paz y naturaleza” que caracteriza a la marca país.
El FMI concluye que, si bien las zonas francas y la inversión extranjera directa siguen apuntalando las reservas internacionales, la sostenibilidad del modelo costarricense dependerá de su capacidad para resolver los “cuellos de botella” estructurales, donde la seguridad ciudadana ocupa ahora un lugar prioritario en la agenda macroeconómica.
