Los cuestionamientos del Gobierno a la labor de la Fiscalía, los enfrentamientos entre jerarcas y las críticas públicas a la gestión del Poder Judicial han convertido a este poder de la República en uno de los principales focos de confrontación política durante las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.
En medio de ese escenario, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, consiguió el respaldo de los magistrados para continuar cuatro años más al frente del Ministerio Público. Su reelección llega, sin embargo, en medio de un escenario complejo: una relación deteriorada con el Poder Ejecutivo y un panorama presupuestario que amenaza con complicar la operación del Poder Judicial.
El proyecto de presupuesto nacional para 2027 plantea reducir en ¢10.552 millones los recursos asignados al Poder Judicial y mantener bloqueados otros ¢30.000 millones. Para Díaz, el impacto de esa decisión no se limitaría a un ajuste administrativo: podría comprometer la capacidad de respuesta de la institución frente a la delincuencia y el crimen organizado.
En entrevista con El Financiero, el fiscal general se refirió a las tensiones con el Gobierno, la infiltración del narcotráfico en las instituciones y los resultados que espera alcanzar durante su nuevo periodo. También lanzó una advertencia sobre el costo que tendría una eventual reducción presupuestaria.
¿Qué mecanismos verificables garantizan que se investiga con el mismo criterio a todas las figuras políticas?
—Mecanismos verificables son las investigaciones que hemos tramitado.
Somos absolutamente objetivos y nosotros hacemos las acusaciones siempre con el sustento probatorio que nos va a permitir llevar estos asuntos a un juicio y demostrarle en un juicio que es oral y público —no solo a los jueces, sino también a la ciudadanía— que puede verificar que se trata de persecuciones penales objetivas y con sustento probatorio.
La fiscalía no es un órgano político y nosotros vamos a acusar a quien corresponda.
¿La ruptura con el Ejecutivo está en la relación entre ustedes como jerarcas o está afectando también el trabajo cotidiano de fiscales y policías?
—La ruptura se da prácticamente a nivel jerárquico. Desde el Ministerio Público nosotros no tenemos ninguna objeción de trabajar con quien sea, ya sea con los jerarcas, trabajar con mandos medios o con los policías de la calle.
Nosotros estamos conscientes de que la situación de seguridad en nuestro país es una de las prioridades. Para atacar la criminalidad y el crimen organizado también necesitamos estar todos compenetrados.
La relación entre los diferentes cuerpos policiales es bastante buena. Hay una relación de colaboración entre los diferentes cuerpos policiales y la fiscalía; tal vez no existe esa misma relación a nivel de jerarquías.
Entonces, ¿No ha afectado de ninguna manera la cotidianidad de los trabajos que ustedes realizan?
—No, no ha afectado.
Podríamos mejorar muchísimo, por supuesto. Y ya lo hemos visto en el pasado: cuando hubo un aumento de la violencia en Puntarenas se hizo un trabajo conjunto en aquel momento con el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres; esto permitió bajar un poco los niveles en este caso de homicidios que se estaban presentando.
Los resultados son más visibles cuando se hace un trabajo en conjunto.
¿Usted ha recibido una solicitud o presión concreta de alguien del ejecutivo para abrir, frenar u orientar una investigación?
Presión no. En realidad no ha habido ninguna presión indebida, pero de alguna manera, en determinado momento, sí hubo tal vez un interés en que el Ministerio Público persiguiera un hecho delictivo o a una persona.
Y también de alguna manera, pero no de manera indebida, se ha dicho que nosotros hacemos persecución política. Incluso en la primera reunión con la señora presidente, Laura Fernández, uno de los puntos de la agenda de ella era ‘no queremos persecución política’. Nosotros como funcionarios del Poder Judicial no hacemos persecución política.
Pero en realidad, alguna presión indebida no la he recibido; y nunca la voy a recibir. Creo que eso ha quedado bastante demostrado: yo cumplo con mi función y cuando tengo que investigar algo lo investigo.
Al inicio de su respuesta mencionó que sí existió el interés de que el Ministerio Público persiguiera un hecho delictivo. ¿Cuál es ese caso?
—Era la investigación de un supuesto mega caso de evasión fiscal. Don Rodrigo Chaves estuvo muy interesado en esa supuesta investigación que era contra Leonel Baruch.
Nosotros hicimos lo que correspondía, pero no atendimos algunas acciones que él pretendía que tomara. Es a eso a lo que me refiero: él presentaba un interés en que esa persecución penal se diera.
¿De cuáles acciones en concreto?
—Como que contratáramos alguna firma de contadores o de peritos foráneos para agilizar el proceso, contando el Poder Judicial con peritos para realizar ese tipo de estudios, lo cual era absolutamente inviable.
Nosotros tenemos nuestros propios peritos, pero también tienen una gran cantidad de trabajo y entonces no son tan expeditos. Él (Chaves) proponía hacer ese tipo de investigación a través de firmas contables privadas.
(El Financiero consultó al exmandatario y actual ministro, Rodrigo Chaves, sobre el relato de Díaz, mediante el departamento de prensa de Casa Presidencial. En su respuesta, solicitaron las pruebas que respaldan las afirmaciones del fiscal y señalaron que “no es correcto, no hay ninguna prueba, evidentemente no existía ningún interés específico del expresidente Chaves para contratar a ningún perito en este caso”.)
¿Y propuso nombres específicos de firmas?
—No, no, no se propuso nada en específico.
¿Debe ser cambiado el proceso de levantamiento de la inmunidad a las personas en los supremos poderes?
—Eso tiene que ser cambiado. ¿En qué sentido? No debería existir inmunidad para hechos de delitos comunes.
Por ejemplo, si un diputado comete un homicidio, no debería tener inmunidad. Pero, si un diputado es señalado por un delito que está asociado a la función pública que él estaba desarrollando, podríamos darle la inmunidad.
También debería existir un límite a esa inmunidad. ¿Y cuál es ese límite? Mientras esté desarrollando la función pública por la cual fue nombrado, y si ya pasó el periodo de cuatro años (de ejercicio del puesto) y vuelve ejercer un cargo público que tiene inmunidad, ya este nuevo período no debería cubrir esos hechos. Porque si no se va a convertir en impunidad y eso es lo que no debería suceder.
¿Cuánto ha avanzado el crimen organizado y el narcotráfico en las esferas del poder del Estado?
—El crimen organizado y el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones y eso ustedes lo ven aquí y lo van a ver en otras latitudes. ¿Por qué? Porque ellos necesitan infiltrarse para llevar a cabo sus economías criminales y sus negocios ilícitos en algunas instituciones; pueden ser instituciones privadas, pero también pueden ser instituciones públicas.
¿Instituciones privadas como qué? Si yo soy un narcotraficante transnacional, por supuesto que mucha de esa droga va a salir o por puertos o por aeropuertos. Entonces ellos buscan cómo permear, por ejemplo, los funcionarios que les faciliten esa función.
Si yo soy un narcotraficante o un delincuente transnacional también voy a ocupar legitimar los capitales, ya sea en bancos privados o bancos públicos.
Ellos necesitan de todo ese andamiaje para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas y por eso es que de alguna manera ustedes siempre que van a ver crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones, generalmente va a haber también detrás un funcionario público o una persona de alguna entidad privada que tenga cierta relevancia para poder desarrollar esas actividades ilícitas.
¿Y cómo se puede combatir ese avance de manera estructural?
—De manera estructural creo que tenemos que empezar por los valores en la sociedad. Yo creo que esto es una cuestión de valores.
También es necesario mejorar las condiciones de todas las personas. Las condiciones sociales han ido desmejorando poco a poco; la igualdad que teníamos en nuestro país de clase media ha estado un poco más debilitada y eso crea brechas que aprovechan los delincuentes.
¿Y cómo se puede combatir la infiltración del crimen organizado en los funcionarios?
—Hay funcionarios que usted dice “ganan bien, no deberían de estar involucrados en ese tipo de actividades”, pero el crimen organizado busca debilidades y en el sector estatal nosotros generalmente tenemos a veces los privilegios de que nos dan muchos préstamos, de que nos facilitan la adquisición de bienes y esto hace que las personas se vayan enredando económicamente y aunque tenían un buen salario ya es insostenible.
Las personas que están en el narcotráfico y en el crimen organizado logran determinar si una persona puede caer en corrupción. Generalmente las personas que se involucran en ese tipo de actividades tienen ya unas cuentas bastante enredadas económicamente y ya no le llega su salario completo o tratan de ostentar niveles de vida que no corresponden a su realidad; esto lo huele el crimen organizado.
¿Cómo ha cambiado la relación que tenemos con Estados Unidos en temas de crimen organizado desde que usted asumió su labor hace cuatro años?
—La relación con la DEA era bastante buena, pero a raíz de la pandemia hubo un alejamiento. Cuando pasó la pandemia, nosotros nos pusimos como objetivo en la fiscalía reactivar este tipo de trabajos conjuntos con la DEA.
Incluso, se propuso el cambio constitucional para permitir la extradición de nacionales. ¿Por qué era fundamental? Porque nosotros veíamos cómo personas vinculadas al narcotráfico de otras latitudes se casaban con mujeres costarricenses para obtener la nacionalidad y de esa manera no ser extraditadas.
Entonces, eso era para ellos (crimen organizado) un seguro de que aquí ya no me van a extraditar y puedo seguir así. Al venir esta reforma constitucional, el trabajo con la DEA se ha reforzado y se hace más visible.
Yo he tenido la oportunidad de reunirme dos veces con los diferentes administradores de la DEA. Una reunión la tuve en septiembre del 2024 y la otra en agosto de este año donde reconocieron el trabajo que desarrolla el Ministerio Público como guía de dirección funcional con ese organismo y con el cual trabajamos directamente.
Uno de los pocos respaldos del oficialismo desde la Asamblea se vio con la presentación de esa reforma constitucional.
—Más bien esto se aprobó con la legislatura anterior y el oficialismo era un grupo de diputados. El proyecto vino del seno de ellos, pero si no hubiera tenido el respaldo de las otras fracciones no se hubiera aprobado.
Es importante hacer ver que se hizo conciencia en la necesidad de ese proyecto. Incluso, en aquel momento, nosotros también proponíamos que se ampliara el catálogo de delitos.
Existen críticas cuando suceden filtraciones del contenido de expedientes de diferentes casos en investigación. ¿Qué responde usted a esas críticas y qué hace la fiscalía para desmarcarse de esas filtraciones?
—Las filtraciones son algo muy difícil de controlar, pese a que debe privar el secreto de las actuaciones. Nosotros sí nos desmarcamos de esas filtraciones; al Ministerio Público no le interesa estar filtrando ‘X’ o ‘Y’ información.
A pesar del secreto de las actuaciones, las partes tienen acceso al expediente. Y, en muchas ocasiones, hemos notado que interponen una denuncia y dos minutos después ya está en prensa; y eso no es algo que pueda limitar el Ministerio Público.
Nosotros como fiscalía sí tenemos nuestros controles, sabemos quiénes revisan los expedientes y eso sí lo podríamos determinar fácilmente.
¿Cuáles son los tres resultados verificables por los cuales la ciudadanía debería evaluar su gestión? Tomando en cuenta la incertidumbre del presupuesto.
—Ah no, con el presupuesto así (reducido) no voy a obtener ningún resultado. Eso tiene que estar muy claro.
Si se da la reducción del presupuesto será un caos. Y ahí no va a haber ningún resultado verificable. Ustedes van a verificar que efectivamente todo lo que yo decía era cierto y que al Poder Judicial prácticamente lo están cerrando.
Una cosa es con presupuesto y otra cosa es sin presupuesto. A mí no me pidan ningún resultado, porque no va a haber ningún resultado verificable si el presupuesto se limita como se está limitando.
Y ustedes lo van a ver muy, muy, claro. Van a decir: “sí, fue un caos”.
¿Y en un escenario ideal con el presupuesto necesario?
—Seguir la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Continuar a la baja en los homicidios. Mantener la dinámica que venimos realizando de operatividad, investigaciones contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.
No solo desarticular organizaciones, sino mantener una vigilancia constante e investigaciones constantes a esas organizaciones y no creer que ya porque detuvimos a los líderes va a acabar la actividad delictiva de estas personas.
Los resultados visibles que espero obtener: contención de la criminalidad y poquito a poco ir deteniendo a todos los líderes que se dedican al narcotráfico y a la legitimación de capitales.
