EscucharUn informe de la Contraloría General de la República (CGR) identificó incumplimientos significativos en la gestión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para planificar y ejecutar proyectos de transmisión eléctrica.
Según la auditoría, estudios y validaciones técnicas incompletas, riesgos no resueltos oportunamente y limitaciones de personal especializado derivaron en rediseños, obras adicionales, aumentos de costos por ¢13.437 millones y atrasos de hasta 6,6 años en proyectos estratégicos para el Sistema Eléctrico Nacional.
La revisión abarcó los cinco proyectos que el ICE clasificaba en etapa de inversión. De ellos, tres acumulaban atrasos de entre 1,5 y 6,6 años respecto de sus fechas originales de finalización.
El Refuerzo de Transmisión Anillo Miravalles presenta la mayor desviación porcentual en costos. Su presupuesto pasó de ¢6.962 millones a ¢13.634 millones, un incremento de 95,8%. El proyecto acumula un atraso de 2,9 años y, al corte de la auditoría, registraba un avance físico de 25,5%, frente al 92,2% programado; es decir, avanzaba a cerca del 28% del ritmo previsto.
La CGR señaló que, durante el diseño, no se realizaron oportunamente los estudios geotécnicos necesarios para validar el terreno donde se construiría la subestación Fortuna. Una vez iniciada la ejecución, se determinó que el sitio era incompatible con el diseño, lo cual obligó a reubicar la subestación, modificar la solución constructiva y sustituir la tecnología originalmente definida. Estas situaciones contribuyeron a una ampliación de plazo de 507 días y al aumento en el costo de equipos principales importados.
El Refuerzo de Transmisión Península de Nicoya registra el mayor atraso: 6,6 años respecto de la fecha de finalización establecida en su línea base original. Su costo total aumentó en más de ¢5.634 millones, equivalente a 23,6%, y su avance físico apenas llegaba a 47,5%. La CGR determinó que el ICE no validó oportunamente con la empresa distribuidora las condiciones para desenergizar la línea Cañas–Guayabal. Al resultar inviable la solución constructiva planteada, se incorporó una nueva línea para el enlace Santa Rita–Guayabal y se replanteó la ingeniería del proyecto.
En la Modernización de la Subestación Moín, la auditoría identificó un atraso de 1,5 años. Al 30 de abril de 2026, el costo acumulado ascendía a ¢5.974,6 millones, aproximadamente ¢1.131,9 millones —23,4%— por encima del costo total vigente de ¢4.842,7 millones, aunque el proyecto aún no había concluido. La CGR atribuyó parte de esas desviaciones a deficiencias de preinversión: el diseño básico y final se estimó inicialmente en $23.005, pero los cargos reales alcanzaron $91.582,57; además, no se contempló oportunamente un estudio topográfico requerido para el diseño definitivo.
Para la Contraloría, estos casos responden a un patrón recurrente en la gestión de los proyectos de transmisión. La entidad fiscalizadora señaló debilidades en la articulación de la gobernanza de las inversiones, que permitieron iniciar proyectos con estudios, validaciones o riesgos pendientes y que posteriormente se tradujeron en cambios de alcance, mayores costos y atrasos en infraestructura estratégica para el sistema eléctrico.
Según el documento emitido por la Contrraloría, el ICE recibió un borrador del informe sobre el cual se pronunció. Sus observaciones fueron consideradas en el texto final, se explicó.
