Gabriel Putoy no sale solo ni para botar la basura, tampoco pasa dos veces por el mismo sitio: los nicaragüenses exiliados en Costa Rica viven con miedo a ser alcanzados por la persecución del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El portón de su casa no se le abre a cualquiera. Una docena de crímenes o intentos de asesinato de exiliados ocurrieron en los últimos cinco años, denunció en marzo un informe de expertos de la ONU.
“Nos monitorean. No nos sentimos seguros. Es terrible esta zozobra”, dice a AFP el profesor de 49 años en una habitación que hace de sala, cocina y dormitorio, dominada por una hornacina con una Virgen de yeso.
Allí se llega tras cruzar un patio con ropa tendida junto a un muro con el escudo de Nicaragua. El apartamento es chico, pero alberga a siete expatriados que se conocen hace años y se cuidan entre sí.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, Nicaragua tiene una “extensa” red para vigilar, intimidar y atacar a opositores exiliados que incluye a ejército, policía, funcionarios migratorios y diplomáticos.
“Están intentando silenciar a los cientos de miles de nicaragüenses en el exilio”, dijo a AFP el estadounidense Reed Brody, experto del grupo conocido como el “cazadictadores”.
Ortega, de 80 años y con casi dos décadas en el poder, y su esposa, acusan a los organismos internacionales de “injerencistas” y “mentirosos”, y a sus opositores de haber intentado derrocarlos con masivas protestas en 2018.
Su represión dejó unos 300 muertos, presos políticos y una diáspora en Costa Rica, Estados Unidos y España que incluye unos 400 activistas, intelectuales, religiosos y periodistas despojados de nacionalidad y bienes, acusados de “traición a la patria”.
Putoy cruzó en chancletas a Costa Rica por un punto ciego de la frontera en 2019, tras ser liberado luego de pasar un año preso, según él por participar en las marchas y trabajar en un colegio católico.
“Motivos ideológicos”
El temor se desbordó con el asesinato del mayor retirado del ejército Roberto Samcam, quien recibió ocho disparos en la puerta de su casa en San José, en junio de 2025.
En su apartamento entre plantas, libros y fotos de su marido, Claudia Vargas relata a la AFP que el crimen estuvo precedido por “amenazas de muerte” y una “campaña de difamación en redes sociales”.
Samcam, de 66 años, se exilió con su familia en 2018 tras denunciar la represión del ejército en las protestas. “La dictadura lo mandó a matar, su crimen muestra cómo opera la inteligencia” gubernamental, afirmó Vargas, de 53 años.
En la calle a plena luz del día, el opositor Joao Maldonado sobrevivió con heridas de bala a dos atentados en 2021 y 2024. Su esposa quedó en silla de ruedas.
“La represión no termina con solo cruzar la frontera. No tengo la menor duda de que esto viene ordenado desde Nicaragua”, aseguró su abogado Marlon Medina.
Sin mencionar a Managua, la policía del Poder Judicial costarricense, que no respondió consultas de AFP por ser casos en investigación, señaló “motivos ideológicos” en el crimen de Samcam y los atentados contra Maldonado.
“Es un fenómeno nuevo” en un país con tradición de asilo, dice Medina, al abogar por facilidades para denunciar estos casos.
La derrota del miedo
La “represión transnacional” empujó a muchos a dejar Costa Rica en busca de un refugio más seguro y lejano. Maldonado partió hace año y medio, pero otros se resisten.
En un estudio de televisión improvisado en la casa que rentan, dos periodistas treintañeros, parte de los 300 que se exiliaron desde 2018, rompen la censura con su medio digital Nicaragua Actual, fundado hace siete años.
“No nos resignamos a perder nuestro derecho a informar”, dice a la AFP Yelsin Espinoza, feliz de que 60% de su audiencia esté en Nicaragua.
Su colega Gerall Chávez asegura que seguirá adelante “pese a la amenaza, la persecución y el destierro”.
“Las dictaduras pasan y el periodismo queda”, subrayó.
Hace poco, en su noticiero, hablaron de la indignación de los exiliados por una visita a Costa Rica del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, quien según los expertos de la ONU creó una red “espía” en la embajada en San José.
Para la viuda de Samcam, activista de derechos humanos, callar tampoco es opción: “No voy a dejar que el miedo me venza porque es lo que el poder está tratando de hacer: silenciarnos”.
Espinoza y Chávez sueñan con reportear desde Nicaragua; Putoy, con abrazar a sus dos hijos adolescentes que quedaron allá; y Vargas, con trasladar y enterrar los restos de su esposo: “La esperanza es lo que nos sostiene”, dice ella.
