La solicitud de extradición que emitieron las autoridades de Estados Unidos contra Celso Gamboa marcó la cristalización de un cambio en el panorama legal costarricense, surgido tras la aprobación de la reforma constitucional al artículo 32 de la carta magna.
Este proceso, que involucra una serie de cargos por crimen organizado, pone a prueba a nuestro sistema judicial y a la capacidad país para manejar casos con implicaciones internacionales.
La situación es compleja, especialmente porque la acusación de Estados Unidos surge luego de que el Tribunal Penal de Hacienda absolviera a Gamboa en un juicio por presunto tráfico de influencias.
El proceso de extradición todavía genera debate sobre la cooperación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, la defensa de Gamboa explora opciones legales para oponerse, entre las que destaca la posibilidad de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, y en los últimos días, agencias estadounidenses como la DEA y el FBI presentaron las pruebas con las que sustentan su acusación.
La maquinaria legal de Washington opera de manera coordinada para sancionar económicamente a individuos y confiscar activos. Este es un proceso que involucra a diversas agencias y un complejo entramado legal que se extiende más allá de sus fronteras. Esta estructura ahora tiene su mirada sobre el exfuncionario costarricense.
Medios de comunicación informaron sobre varios de los puntos clave en esa acusación. Estos detalles provienen de la solicitud de extradición y de documentos oficiales, y revelan el alcance de la investigación y las implicaciones que esta tiene para Gamboa.
1. La acusación formal y la evidencia
La acusación de un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas formaliza la acción legal contra Celso Gamboa Sánchez.
La acusación principal indica cargos por narcotráfico y blanqueo de capitales. Específicamente, Estados Unidos acusa a Gamboa de fabricar y distribuir cinco o más kilogramos de cocaína. Estados Unidos afirma que él sabía que la droga sería importada de forma ilegal a ese país.
Un informe del fiscal auxiliar M. Wesley Wynne, del Distrito Este de Texas, presentó la documentación que respalda la solicitud de extradición ante los tribunales costarricenses.
2. La supuesta participación desde 2017
Los documentos de la acusación estadounidense señalan que la supuesta participación de Celso Gamboa en actividades de narcotráfico inició en 2017.
Esta fecha es relevante porque los hechos supuestamente ocurrieron mientras él ocupaba el cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La acusación indica que los crímenes continuaron de forma ininterrumpida desde ese año hasta su detención en junio de 2025.
La acusación de EE. UU. tiene como evidencia grabaciones del FBI.
Las autoridades estadounidenses grabaron en audio y video reuniones que el exfuncionario tuvo con agentes encubiertos. En estas grabaciones, Gamboa supuestamente garantizó el uso de sus contactos en el gobierno para ayudar a ingresar droga al país.
Estas grabaciones constituyen una de las principales pruebas que Washington presentó a los tribunales costarricenses para sustentar la solicitud de extradición.
3. El vínculo con alias “Diablo”
Otro de los puntos centrales de la acusación es el supuesto vínculo de Gamboa con el narcotraficante costarricense Alejandro Arias Monge, conocido por el alias “Diablo”.
Un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que Gamboa supuestamente usó sus contactos gubernamentales para alertar a Arias Monge de las operaciones policiales que buscaban capturarlo.
La acusación de la OFAC señala a Gamboa como socio en negocios ilícitos y su colaboración contribuyó a que “Diablo” se mantuviera prófugo.
La Administración de Control de Drogas (DEA) actualmente ofrece una recompensa de $500.000 por información que dé con el paradero de Arias Monge.
4. La confiscación del patrimonio y la multa
Las consecuencias de la acusación no se limitan a una posible pena de cárcel. El Departamento de Justicia de EE. UU. busca la confiscación del patrimonio que Gamboa habría acumulado con dinero del narcotráfico.
El expediente detalla la intención de la justicia de ese país de, además, sancionarlo con una multa de $10 millones.
La inclusión de Gamboa en la lista de la OFAC es parte de una estrategia para sancionar financieramente a los individuos involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero a nivel internacional.
5. Las acusaciones de lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Celso Gamboa y a tres de sus allegados por blanqueo de capitales.
Los allegados, identificados en los informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”; Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” y Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, están acusados de ser parte de esta red.
Las autoridades estadounidenses acusan al exfuncionario y a sus asociados de usar sus cargos e instituciones deportivas y legales para encubrir operaciones y lavar dinero.
6. Los detalles de las reuniones grabadas
El expediente de la extradición detalla que Celso Gamboa sostuvo dos reuniones con colaboradores de la DEA y un agente encubierto del FBI, los día 20 de setiembre y 7 de noviembre de 2023.
En estos encuentros, según lo divulgado por CRHoy, Gamboa y sus interlocutores utilizaron palabras clave como “producto”, “cosas” y “coca” para referirse a la cocaína.
El agente del FBI interpretó estos términos como lenguaje codificado, basándose en su “capacitación y experiencia”.
En la segunda reunión, el 7 de noviembre, estuvo presente un coconspirador quien junto a Gamboa, discutió el precio de la cocaína en Costa Rica, Guatemala y México; así como rutas para su transporte.
Según la acusación, Gamboa informó a los agentes sobre sus pasados cargos de alto nivel en el gobierno costarricense para demostrar su poder e influencia para facilitar el tráfico de narcóticos.
El documento señala que, tras la segunda reunión, los agentes intentaron contactar a Gamboa para continuar las conversaciones, pero él no respondió a los intentos de comunicación.
Por su parte, Celso Gamboa niega todas las acusaciones. En una entrevista concedida a Noticias Repretel desde la cárcel, el exmagistrado se defendió y denunció que se convirtió en un “trofeo” para las autoridades internacionales.
Él argumenta que su caso responde más a intereses políticos que a evidencia sólida y aseguró que lo quieren usar como un ejemplo para exhibir en la región, aunque su versión de los hechos choca con la acusación formal de la DEA.
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A nivel nacional, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial indicó que, para abrir una investigación por lavado de dinero en Costa Rica, necesita que las autoridades estadounidenses le envíen las pruebas que tienen.
Las actualizaciones en la lista de la OFAC no inician automáticamente una causa penal en el país. El caso continúa en desarrollo.
