EscucharLa administración del presidente Donald Trump decidió incrementar el recargo arancelario que enfrentan productos costarricenses al ingresar al mercado estadounidense, al pasar de un 10% a un 12,5%, en respuesta a lo que Washington considera una falta de prohibición y aplicación efectiva de restricciones a bienes producidos con trabajo forzoso.
El aumento se enmarca en una serie de investigaciones que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrió contra 60 economías por no imponer ni hacer cumplir una prohibición a la importación de bienes vinculados con trabajo forzoso, entre ellas Costa Rica.
Tras este proceso, la USTR propuso un esquema de aranceles adicionales de entre 10% y 12,5%, ubicando a Costa Rica hacia el rango superior.
Las exportaciones costarricenses ya venían afrontando un arancel adicional general del 10%, aplicado por Estados Unidos sobre la mayoría de sus socios comerciales, con algunas exclusiones de productos específicos.
Como parte del proceso de consulta pública, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, presentó observaciones ante la USTR en las que manifestó que “Costa Rica busca mantener las condiciones de acceso al mercado negociadas en el marco del Cafta-DR para los productos originarios y trabajar proactivamente con la USTR para abordar cualquier inquietud que haya identificado como resultado de esta investigación”.
La nueva propuesta de la USTR eleva ese recargo al 12,5% para Costa Rica, lo que encarece aún más el acceso de los bienes nacionales al principal socio comercial del país y agrava el impacto sobre sectores fuertemente integrados a las cadenas de valor estadounidenses.
Impacto sectorial
La mayoría de las partidas industriales y de manufactura —incluyendo áreas clave como dispositivos médicos y otros bienes de exportación de alto valor agregado— quedarían sujetas al nuevo recargo, aumentando costos y presionando márgenes de competitividad frente a otros proveedores globales.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) había comunicado que daría “seguimiento cercano” al proceso de consulta pública abierto por la USTR y que coordinaría acciones para participar en las audiencias, con el objetivo de “salvaguardar los intereses del sector productivo y exportador costarricense”.
La estrategia oficial apuntaba a intentar que Costa Rica quedara fuera de la tasa máxima del 12,5%, o al menos que se ampliara el listado de productos exentos, mientras se revisaban internamente las normas y capacidades institucionales en materia de trabajo forzoso y trazabilidad en cadenas de suministro.
