La administración de la presidenta Laura Fernández asumirá su nuevo mandato con una ventaja inusual, una agenda ambiciosa y el expresidente Rodrigo Chaves —una figura polarizadora— como ministro de la Presidencia.
Con 31 diputados y el control de la agenda en los tres primeros meses del cuatrienio, el oficialismo tiene definidas sus prioridades en seguridad, economía y hasta cambios constitucionales; pero su margen real dependerá de algo menos automático: su capacidad de negociación y de comunicación para evitar eventuales bloqueos.
Horas antes de que se anunciara formalmente su nuevo nombramiento como ministro, Chaves ya lanzó un primer mensaje a los nuevos diputados durante su informe de rendición de cuentas. Les dijo que la oposición no debe ser obediente ni dejar de fiscalizar, pero que sí evitar negativas “irracionales”.
Fernández —quien promete darle continuidad al gobierno chavista— ya adelantó ideas e iniciativas, algunas totalmente nuevas y otras heredadas del cuatrienio anterior. En ese período, Chaves priorizó la confrontación con la mayoría opositora y acusó a los congresistas de rechazar sus ánimos iniciales de cooperación.
Estas son las prioridades que se fija el oficialismo de cara a los próximos años.
Seguridad y economía
Fernández adelantó desde febrero pasado algunas de las iniciativas que buscará impulsar en la Asamblea Legislativa.
En seguridad, por ejemplo, dijo que planea endurecer las penas de prisión para adultos y jóvenes; revisar las normas que regulan la ejecución condicional; y reducir los beneficios penitenciarios de los que gozan los privados de libertad.
También dijo que propondrá una ley para prevenir el lavado de dinero y cerrar el financiamiento del crimen organizado, aunque todavía no detalló su diseño.
El plano de la seguridad pública podría ser crucial para el mandato de Fernández. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada este mes de mayo, uno de cada dos costarricenses consideran que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país; y caso la misma proporción confía en que el gobierno pueda resolverlo.
En el frente económico, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, señaló tres reformas clave en una reciente entrevista con EF.
El exministro de Hacienda habló sobre la apertura del mercado eléctrico, mejoras a la regulación para alianzas público-privadas y la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Acosta dijo que “ve espacio” para la negociación y la aprobación de los dos primeros proyectos; pero reconoció ver un escenario más complejo para la discusión sobre el BCR.
Las principales fracciones de oposición se han manifestado en contra de la medida hasta el momento y una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicada en abril de 2024, señaló que menos de un tercio de la población respalda la venta de la entidad y otros activos del Estado.
El ministro de Hacienda saliente, Rudolf Lücke, agregó en otra reciente entrevista con EF que su cartera dejaría listos algunos proyectos de ley que se presentaron en los últimos cuatro años, pero no fueron aprobados. Se trata de iniciativas que presentó Acosta a inicios de la anterior administración y que, según dijo, podrían retomarse con la nueva mayoría parlamentaria.
Entre ellos, mencionó una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para fortalecer la fiscalización y facilitar el cobro administrativo de deudas; así como la eliminación de exoneraciones en rubros como tiquetes aéreos, madera, equipo médico y vehículos para alquiler turístico.
No colocó dentro de ese paquete la reforma de renta global, que buscaba unificar el cobro del impuesto de renta en una sola declaración sin importar el tipo de ganancia; aunque dijo que seguramente debería retomarse su discusión en un mediano plazo.
Con 31 diputaciones, Fernández también podría probar la vía del referéndum para proyectos de ley que sean de su interés y que no rocen con los límites constitucionales. Únicamente le estarían vedados asuntos sobre presupuestos, impuestos, materia fiscal, créditos internacionales, pensiones, seguridad, actos administrativos y asuntos de derechos humanos.
Reformas constitucionales
El gobierno entrante también apunta a impulsar cambios de mayor calado.
Fernández ha dicho que desea impulsar reformas constitucionales para varios temas relacionados con el Poder Judicial; entre ellas, para la rendición de cuentas de los magistrados y para modificar el rol de la Sala Constitucional.
Esas iniciativas se anuncian después de cuatro años de tensión del expresidente Rodrigo Chaves y ese tribunal que se encarga de revisar proyectos de ley, frenar atropellos institucionales y revisar las propuestas de consulta popular, entre otras funciones.
Acosta también ha mencionado otras posibles reformas que podrían tocar la Constitución o requerir más de 38 votos para su aprobación.
Entre ellas, “limitar el número de reelecciones que pueden tener los magistrados”, revisar “los límites” de la Contraloría General de la República, o la eventual habilitación de la reelección consecutiva para presidentes por un solo período extra de cuatro años.
Mayoría, pero con límites
La mayoría legislativa del oficialismo es inédita en las últimas ocho administraciones, pero tiene límites claros.
Con 31 diputados, el gobierno tiene los votos para aprobar leyes ordinarias; pero no le alcanza para reformas constitucionales, ni proyectos que requieran mayoría calificada. Entre esos casos están las iniciativas que afectan el funcionamiento de otros Poderes de la República y las aprobaciones de financiamiento externo.
Para esos casos, el gobierno necesitaría al menos siete votos adicionales.
Aun así, incluso las iniciativas más simples pueden enfrentar obstáculos. Acosta reconoce que el Ejecutivo tendrá que construir acuerdos porque el Congreso “está hecho para buscar consensos”.
“Todo requiere discusión” porque cada diputado puede “hacer uso de la palabra, presentar mociones y demás”, recordó.
Ese margen de bloqueo puede ser significativo, tal como recordó el gerente de la Secretaría del Directorio Legislativo, Edel Reales, en una reciente conversación con EF. Según dijo, incluso una fracción unipersonal puede hacer la diferencia para el avance o el freno de cualquier iniciativa.
31 diputaciones tampoco alcanzan para aplicar vías rápidas ni para modificar el reglamento parlamentario; es decir, no logran imponer voluntades.
Según el politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Ronald Alfaro, el gobierno de Fernández tendrá que definir muy bien sus prioridades y “no disparar a todo lado” si quiere evitar una agenda paralizada en lugar de la dinámica fluida que muchos esperan. Tendrá que “escoger sus batallas”, subrayó.
Un rol clave en esa tarea lo asumirá el expresidente Chaves, quien fue nombrado por Fernández como nuevo ministro de la Presidencia y Hacienda.
José María Villalta, jefe del Frente Amplio (FA), aseguró que esa designación “parece una renuncia al diálogo”, tomando en cuenta la personalidad confrontativa de Chaves en los últimos cuatro años. Por otra parte, Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró esperar una nueva actitud negociadora y advirtió que su partido “exigirá respeto” desde la Asamblea.
El expresidente lanzó un mensaje a los nuevos diputados poco antes de dejar el cargo y asumir sus nuevas funciones. En su último informe de labores, que presentó a los nuevos congresistas, dijo que Costa Rica “no necesita una oposición obediente”, pero sí una “patriótica” y distante de posturas “irracionales” como las que, él considera, enfrentó en los últimos cuatro años.
Primera convocatoria
Fernández asumirá el poder en sesiones extraordinarias, lo cual le permitirá definir la agenda legislativa en los primeros tres meses de su mandato.
Según dijo la presidenta desde febrero, una de sus intenciones principales een este período sería etomar expedientes que el gobierno de Chaves impulsó y que fueron archivados o no avanzaron “por cálculo o pura mezquindad”.
Entre los proyectos que podría incluir están iniciativas que no avanzaron en la Asamblea anterior como la explotación de oro en Crucitas, las jornadas laborales de 12 horas por cuatro días y el financiamiento para el tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM). También cambios al sistema penitenciario, seguros agropecuarios y otras reformas al aparato estatal.
Esas reformas institucionales las presentó la administración Chaves, en áreas como ambiente, cultura, vivienda y obras públicas y transporte, con el fin de eliminar duplicidades de funciones y hacer más vertical y expedita la toma de decisiones.
El menú está sobre la mesa. Pero ahora le corresponderá al Ejecutivo gestionarlo.
