El programa de ajuste fiscal que el Gobierno planea negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) descansa principalmente en nuevos impuestos temporales y ajustes a tributos que ya existen.
La medida que generaría mayores réditos es el impuesto que gravaría todas las transacciones bancarias como, por ejemplo, depósitos de salarios, Sinpe Móvil, retiros de cajeros automáticos, entre otros.
A las transferencias financieras se las aplicaría una tasa del 0,3% los primeros dos años (2021 y 2022) y luego se reduciría al 0,2% los últimos dos años (2023 y 2024), hasta desparecer a partir del quinto año.
Este tributo generaría un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, eso representa ¢963.000 millones. Al final del plan económico con el FMI −previsto para 2024− este gravamen habrá producido ingresos al Gobierno por unos ¢3,8 billones (se utilizó como base para la estimación el PIB nominal proyectado por el Banco Central de Costa Rica para el 2020 que es de ¢32,1 billones).
¿Qué pasa si no se aprueba el controvertido impuesto a las transacciones financieras? EF hizo las consultas al equipo económico del Gobierno en entrevista la mañana del viernes 18 de setiembre.
“Si nosotros eliminamos este componente (el tributo a las transferencias bancarias) habría que incorporar uno que esté a la altura del rendimiento que daría ese impuesto y ahí la alternativa, pues no hay muchas más, sería un Impuesto al Valor Agregado (IVA) más alto", indicó Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico.
La jerarca añadió: "Habría que visualizar qué proponen también las diferentes fracciones legislativas y qué es potable en términos de no afectar los servicios esenciales del Estado”.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que el impuesto temporal a las transacciones financieras daría los mismos resultados que si se aumentara la tasa del IVA del 13% al 20%, pero con efectos menos regresivos en la población.
Villegas pone como ejemplo que si una persona percibe un salario mensual de ¢1 millón y lo transfiriere por completo para realizar diferentes pagos, lo que tendría que tributar son ¢3.000.
“¿A qué es equivalente eso? Bueno equivale a un IVA del 20%, pero si nosotros tuviéramos un Impuesto al Valor Agregado de ese nivel el impacto al un salario de ¢1 millón sería de ¢70.000. Entonces estamos hablando de ¢70.000 contra ¢3.000 mensuales", detalló.
El ministro de Hacienda comprende que las personas no quieren impuestos sobre todo cuando se aplicaron ajustes en esta materia con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), desde finales del 2018.
“Yo mismo no quisiera impuestos, primero no tener que hablarle del tema a la gente y segundo que no me los apliquen, pero creo que en general la reacción es esperable, hay grupos que aunque no se ven afectados, por supuesto reaccionan. Lo que tenemos es un tema de necesidad y no nos queda de otra, hay que actuar”, concluyó Villegas.
De acuerdo con Garrido, existen aspectos que se deben considerar sobre el impuesto a las transacciones bancarias.
“He escuchado mucho sobre la desintermediación, pero es una medida temporal y hay un tema de inelasticidad en el uso del efectivo también que quizás no se está dimensionando adecuadamente, más aún sobre los montos de la afectación”, puntualizó.
La coordinadora del equipo económico recuerda que el programa de ajuste fiscal, tal y como está planteado, permite golpear la trayectoria de la deuda, revertir el déficit primario y generar un rendimiento anual de más de seis puntos porcentuales del PIB.
“Si se reduce la trayectoria ascendente de la deuda también se reducen los costos a los cuales se financia el Gobierno y esto tendrá un impacto positivo a las condiciones crediticias para los hogares y empresas”, zanjó.
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Otro de los puntos que, a criterio de la ministra, no se ha dimensionado lo suficiente es que el plan de ajuste contiene medidas para fortalecer la formalidad y bajar los costos de producción.
El programa propuesto por el Ejecutivo plantea la eliminación temporal del aporte del 5% mensual que hacen los patronos al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), ese dinero será compensado con la recaudación del impuesto a las transacciones financieras.
“Con esto ojalá las empresas y hogares con actividades productivas puedan reducir el costo relativo que se paga por planillas. Entonces el efecto combinado, creo que aunque sea muy duro, también ayuda a enrumbar al país en una ruta de consolidación fiscal, estabilidad macroeconómica y bienestar para las familias”, concluyó Garrido.
Recargo a las transferencias
Si se revisa con detalle la propuesta del Gobierno para negociar con el FMI se puede observar que el impuesto a las transferencias financieras −también conocido como tasa Tobin en la literatura económica− representa el 56,6% del total del rendimiento esperado para generar el 6% del PIB anual.
De hecho el 85% del plan se basa en impuestos, el 10% en eliminación de exoneraciones y solo el 5% en medidas de recorte al gasto, muchas de las cuales dependen de la regla fiscal aprobada en la reforma tributaria de 2018.
La aprobación del tributo a las transferencias es el punto más rentable para un ejecutivo que necesita generar ingresos de forma urgente.
Las cifras fiscales a agosto del 2020, publicadas por el Ministerio de Hacienda, revelan que los ingresos corrientes (impuestos y aranceles) del Gobierno cayeron un 11,8% con respecto a un año atrás.
Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB pasaron del 8,22%, en agosto del 2016, al 7,63%, este año, con una contracción del 11,54%, la más negativa del último lustro como consecuencia de la pandemia.
Mientras que la recaudación del IVA como porción de la producción nacional se redujo del 2,9%, en agosto del 2016, al 2,8%, este año, pero la caída (variación negativa) fue del 5,2%, la más drástica del quinquenio.
El impuesto de renta decreció 8,9% con respecto a un año antes. En agosto del 2019 fue del 3,09% del PIB y para el mismo mes de 2020 se registró en 2,96% de la producción.
Mientras que el gasto corriente sigue creciendo y pasó del 12,25% al 13,71% del PIB en la comparación interanual, lo que representa un aumento del 6,3%, el más bajo de los últimos cinco años.
Eso sí, al revisar el crecimiento en salarios del sector público se muestra que el rubro incrementó del 3,53% del PIB, en agosto del 2019, al 3,80%, un año después, se trata de la cifra más alta desde 2016.
Golpe a la bancarización
El impuesto a la transacciones bancarias que propone el Gobierno afectaría la bancarización en Costa Rica y promovería la informalidad.
La inclusión de personas al sistema financiero es un esfuerzo desarrollado durante los últimos años por los intermediarios (bancos, cooperativas y mutuales, etc.) y por los reguladores como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alertó que la eventual aplicación del impuesto es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del sistema financiero nacional.
Algunos de los impactos tienen que ver con incentivar el uso del efectivo lo cual aumenta la inseguridad, fomentar la elusión en el pago del tributo, generar fugas de capitales a cuentas en el extranjero, producir informalidad, e incrementar los costos de producción y los precios finales al consumidor.
La literatura económica y estudios en países de América Latina confirman que este tipo de tributo tiene un alto impacto distorsivo en el sistema financiero y contraviene la bancarización.
Consultado por este tema, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), aceptó que uno de los efectos es la “desintermediación financiera”.
“Estos impuestos pueden generar que la gente se vaya saliendo del sistema financiero formal y eso es una consecuencia que hay que evitar. Ciertamente la profundización del sistema financiero, la mayor bancarización y la inclusión financiera en última instancia son objetivos estratégicos del país y del Banco Central”, reconoció el jerarca.
Según Cubero, para evitar la desbancarización es necesario que el tributo tenga dos características: que se aplique con una tasa baja y que sea temporal.
“Una tasa de 0,3% es muy baja. También se ha visto en la evidencia que cuando los impuestos se mantienen en el tiempo la gente sí empieza a salirse del sistema financiero”, añadió.
Experiencia internacional
En los últimos años países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el impuesto a las transferencias financieras. En todos los casos se reportó un alto impacto distorsivo documentado por estudios.
En Colombia, por ejemplo, este tributo incrementó el costo de la intermediación financiera. Se empezó a aplicar en ese país en 1998 con el objetivo de solucionar la crisis que atravesaba el sector bancario.
La tarifa del impuesto fue fijada en 0,2% para retiros realizados de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de depósito en el Banco de la República y la emisión de cheques de gerencia.
Algunos meses después de la introducción del tributo las transacciones interbancarias fueron declaradas exentas. Posteriormente, en diciembre de 2000, mediante la Ley 633, la tasa se incrementó a 0,3%.
En diciembre de 2003, con la Ley 863 (de Colombia), se aumentó nuevamente la tarifa a 0,4%, de manera transitoria para el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la ley y el 2007. Así se describe en el estudio Represión Financiera y el Costo del Financiamiento en Colombia, elaborado y publicado por el Banco Mundial (BM) en junio del 2006.
Otra investigación publicada en mayo del 2013 por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), analiza el impacto del impuesto alas transacciones financieras en América Latina entre 1990 y 2012.
El informe concluye que la recaudación anual con este tributo en países como Ecuador, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Panamá; superan un punto del Producto Interno Bruto (PIB).
La aplicación de este tipo de tributo en esos países generó una contracción en los depósitos bancarios e incrementó la preferencia por el dinero en efectivo, además se reportaron alzas en el spread (diferencia entre la tasa cobrada por los préstamos y la pagada por los depósitos).
La organización The Tax Foundation, en un estudio de enero del 2020, determinó que los impuestos a las transacciones violan los principios de una política fiscal sólida que son: neutralidad, estabilidad, transparencia y simplicidad.
