EscucharLaura Fernández —la favorita en la carrera por la presidencia, según las encuestas— se juega su proyecto político con un núcleo económico pequeño, cerrado y profundamente continuista. Su equipo lo integran tres personas que no solo diseñan la oferta económica del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sino que también competirán por cargos de elección popular en febrero.
La fórmula se trata de Francisco Gamboa, Douglas Soto y Nogui Acosta; es decir, sus dos candidatos a vicepresidentes y el candidato a diputado en el primer puesto por la provincia de San José.
¿Quiénes son, cuál es su trayectoria y cómo influyen en el plan económico del oficialismo estas tres figuras? Lo analizamos.
El núcleo duro
La conformación del equipo económico de Fernández la confirmó la propia candidata, ante una consulta de EF.
Gamboa y Acosta fueron compañeros de Fernández en el gabinete del presidente Rodrigo Chaves, en el que los tres participaron desde 2022 hasta 2025. Ellos ejercieron como ministros de Economía y Hacienda, respectivamente; mientras que ella se desempeñó como jerarca de Planificación y de la Presidencia.
Soto, por otra parte, es un abogado y empresario que nunca se ha desempeñado en cargos públicos; pero que sí había participado en la campaña electoral de 2022, cuando fue asesor de la excandidata socialcristiana Lineth Saborío, como “enlace empresarial”.
A diferencia de Soto, Acosta y Gamboa tienen una trayectoria pública amplia.
Antes de la experiencia en el actual gobierno, Acosta había sido viceministro de Hacienda en el gobierno del expresidente Carlos Alvarado, y fue una pieza clave en la negociación del plan fiscal que finalmente se aprobó en 2018.
Además, había sido asesor parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Gamboa, por otra parte, había pasado por Procomer y también había sido dirigente de las cámaras de Comercio y de Industrias, de la cual incluso fue director ejecutivo.
Antes de llegar al gobierno de Chaves, Gamboa también había sido director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Banco Nacional. De hecho, aún mantenía su cargo hasta junio de 2025 (disponía de un permiso sin goce de salario), pero decidió renunciar, luego de que trascendieran dudas legales sobre la incompatibilidad de su participación política con las restricciones en la Ley Orgánica del Sistema Bancario (1.644).
Tintes continuistas
El programa de gobierno del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se titula el “plan de la continuidad”, y eso también se refleja en sus posturas económicas.
El texto, por ejemplo, recoge ideas que en los últimos cuatro años fueron reiteradas por Nogui Acosta como ministro de Hacienda o por Francisco Gamboa como ministro de Economía.
En términos hacendarios, por ejemplo, el programa rescata posturas defendidas por Acosta como la priorización de la responsabilidad fiscal, la judicialización de casos de fraude y evasión fiscal, y la implementación de medios electrónicos para mejorar el cobro de impuestos; y en el plano productivo, enfatiza en la simplificación de trámites, que fue la principal bandera de Gamboa cuando estuvo al frente del MEIC.
El documento, además, dibuja un país cuya economía es “ejemplo global” en términos de “desempeño, gobernanza y visión estratégica”; donde las cifras de crecimiento superan los promedios recientes, las exportaciones y la visitación turística muestran dinamismo, el desempleo ha caído, y los indicadores fiscales se perciben estables.
No obstante, la propuesta continuista reconoce la existencia de retos grandes y persistentes; por ejemplo, las necesidades de consolidar la recuperación fiscal de los últimos años, expandir las oportunidades de desarrollo en la periferia del país, reducir los altos niveles de informalidad, mejorar la infraestructura y elevar el clima de inversión a nivel interno y externo.
Para atender esas cuestiones, el plan menciona múltiples vías. Entre ellas, habla sobre una mayor coordinación entre el gobierno y el sector privado, alianzas con sectores como el municipalismo y el cooperativismo, inversiones en infraestructura, la apertura del mercado eléctrico y la gestión de más alianzas público-privadas.
El plan no habla sobre la búsqueda de nuevos impuestos para incrementar las capacidades del Estado. Por el contrario, se retoman medidas que se han mencionado en la actual administración, pero que no tuvieron resultados, como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) —siempre defendida como necesaria por Acosta— o la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas.
Acosta siempre defendió la posibilidad de gestionar un Estado más pequeño, que no intervenga tanto en negocios como la banca, los seguros o los licores. “Si empezáramos a pensar que somos un Estado pequeño, con una capacidad de financiamiento muy baja, deberíamos empezar a pensar cuál es el contrato social que podemos financiar”, había manifestado en una entrevista con EF de 2023, como jerarca hacendario.
Como Acosta y Gamboa fueron ministros en el último gobierno, es más sencillo analizar su influencia en el plan de gobierno chavista. En el caso de Soto, la situación es más compleja.
No obstante, el ahora candidato a vicepresidente había manifestado algunas de sus posturas personales en una entrevista con el periódico La Nación, en abril pasado, luego de que había aparecido en anuncios televisivos en los que decía tener la intención de “poner las cosas en orden”.
Consultado sobre aquellos anuncios, había dicho que “no pretendía vivir de la política”, pero que quería “construir un movimiento” y “sacar una candidatura”, el cual podía estar liderado por él o por cualquier otra persona que tuviera las capacidades.
También había dicho que consideraba necesaria “una transformación del Estado”; se había definido como un conservador en lo social y centroderechista en lo económico; y había manifestado aplaudir el gobierno de Rodrigo Chaves en algunas cosas como “el valor y la firmeza de señalar dónde están los problemas” y no estar de acuerdo en otras cuestiones, como “los ataques personales”.
Por fuera
Las personas incluidas dentro del equipo económico de Laura Fernández señaladas en este artículo son las que mencionó específicamente la candidata de gobierno, por medio de su equipo de prensa.
Fernández no mencionó dentro de su equipo a otras figuras afines al oficialismo como el tesorero de su campaña, Carlos Valenciano Kamer, quien fue candidato presidencial del Movimiento Libertario en 2022 (aunque renunció de última hora) y recientemente traspasó las acciones de canal ¡OPA! a familiares suyos, una vez que tomó la decisión de meterse de lleno en la campaña.
Fernández también había descartado públicamente que el empresario Calixto Chaves, exdirector de campaña, financista y asesor ad honorem del presidente Rodrigo Chaves en la actual administración, fuera parte de su campaña. El PPSO salió a hacer dicha aclaración pública, después de que Chaves hubiese dicho que sería “asesor directo” de Fernández y que tendría un rol activo en su campaña coordinando procesos de “minería de datos”, entre otras cuestiones.
Calixto Chaves es un viejo conocido en el ámbito político y empresarial costarricense. Fundó Pipasa en 1968, fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) e incursionó con una aerolínea llamada Aero Costa Rica. Más recientemente se implicó en la campaña de Rodrigo Chaves, se afincó en Casa Presidencial como asesor del presidente —donde dijo tener “un pequeño cubículo”— y su familia es parcialmente propietaria de firmas a cargo de la operación de Puerto Caldera.
Que Calixto Chaves se relacionara con la campaña oficialista podía haber implicado problemas para el oficialismo. A fin de cuentas, el presidente Rodrigo Chaves no puede influir en la campaña presidencial por mandato legal y su relación con el empresario podía abrir la puerta a cuestionamientos.
Una vez que el Partido se desmarcó del empresario, este únicamente comentó a la prensa que no tenía más que decir. También dijo que invertiría en bonos de la campaña, de ser posible; aunque el PPSO indicó que el exministro no es contribuyente ni asambleísta suyo.
