La Corte Suprema de Justicia aprobó, con el voto unánime de 20 magistrados presentes, enviar una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa en primer debate.
La decisión la tomó este miércoles el organismo y se trata de un movimiento inédito por parte del máximo órgano director del Poder Judicial, según indicó el propio presidente de la Corte, el magistrado Fernando Cruz.
Él aseguró que la consulta es necesaria porque ya se señaló al Congreso en distintas ocasiones que el proyecto incidiría en competencias constitucionales del Poder de la República.
La decisión de la Corte es aplicar el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (7135).
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Este indica en su tercer inciso que la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o la Contraloría General de la República (CGR) podrán consultar un proyecto de ley a la Sala, “si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional”.
La representación del Poder Judicial sostiene que el proyecto de reforma no solo afecta su funcionamiento, sino que violaría la independencia de poderes y su autonomía.
Así lo expresó el propio Cruz durante una audiencia en la Comisión de Gobierno y Administración, el 2 de septiembre de 2020, cuando el proyecto estaba en ese foro.
“Lo que pasa es que si a base de las necesidades lo que queremos es unificar, ignorando la importancia que tiene la independencia de poderes, entonces sí existiría una distorsión (...) La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que la independencia judicial se traduce en independencia en materia económica, por la inamovilidad de su personal y que en lo funcional requiere que pueda tomar decisiones conforme a criterios propios y no como resultados de presiones procedentes de determinados grupos, instituciones o personas”, indicó entonces.
Cruz agregó algo similar este 30 de junio durante la sesión de la Corte. Dijo que, desde su punto de vista, el proyecto tiene una incidencia “muy dramática” en la independencia judicial y que el proyecto lo obvia en medio de “fines fiscalistas”.
Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, aseguró que su departamento ya formuló una propuesta de consulta de constitucionalidad para análisis y discusión de los magistrados. Según Campos, el proyecto “obvia” competencias constitucionales de gobierno interno de la Corte Suprema de Justicia dentro del Poder Judicial.
La propuesta de consulta la secundaron varios magistrados, entre ella Julia Varela, de la Sala Segunda. Ella consideró la norma traería incerteza jurídica por dejar la rectoría del empleo público centralizada en el Ministerio de Planificación (Mideplan).
Varela además calificó el texto de ley como una amenaza para el Poder Judicial.
Proyecto a la espera
El proyecto de reforma al empleo público, que entre otras medidas propone el establecimiento de una escala salarial única para todo el sector público que elimine el actual modelo de pluses salariales, ya fue aprobado en primer debate con el visto bueno de 32 legisladores de 47 presentes en el Congreso, el 17 de junio pasado.
El proyecto también incluye regulaciones estrictas en la negociación de convenciones colectivas, para evitar aumentos en las erogaciones estatales; dos nuevas modalidades de despido, por ineficiencia en evaluaciones y por reestructuración organizacional; topes generales de vacaciones; y algunas licencias y permisos extraordinarios, entre otros detalles.
Según Campos, el Poder Judicial debería poder participar en la construcción de esos mecanismos.
La aprobación definitiva del proyecto está en pausa precisamente porque el plan deberá pasar por el tamiz de la Sala Constitucional.
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La Sala tendrá un plazo de un mes para responder las consultas, el cual se empezará a descontar desde que reciba el expediente legislativo. Luego tendrá que publicar su resolución final, un proceso que en el caso del proyecto de reforma fiscal de 2018 tardó dos semanas adicionales.
Repercusiones de la consulta
Existen tres posibles respuestas de la Sala Constitucional ante alegatos sobre posibles inconstitucionalidades de un proyecto de ley:
- Que no encuentre vicios, lo cual permitiría que siga su camino para su votación final en segundo debate
- Que encuentre vicios de procedimiento, lo cual podría provocar que nulidades e incluso que el proyecto sea desechado
- Que encuentre vicios de fondo; es decir, cuestiones del proyecto que podrían ser impugnadas de manera posterior a la aprobación de la ley si no se corrigen
El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que “el dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado”; es decir, cuando se trate de problemas de procedimiento.
Si la Sala detecta problemas de fondo, estos pueden ser corregidos o no por los legisladores, ya conociendo que pueden ser impugnadas a posteriori.
Cuánto tardará el proyecto en votarse en segundo debate dependerá primero de que la Sala no encuentre vicios de procedimiento que ameriten tirar abajo el proyecto. Además, dependerá de si los diputados deciden corregir o no señalamientos que haga la Sala sobre cuestiones de fondo.
El Gobierno estima disponer de los 38 votos necesarios para ratificar el proyecto, con todos los diputados presentes en el Congreso.
El proyecto de empleo público es crucial para el Gobierno, que lo incluyó como una reforma de referencia estructural dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una facilidad de servicio ampliado por $1.778 millones.
Según comentó a EF Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y gobernador de Costa Rica ante el FMI, “hay un compromiso formal de aprobar ese proyecto” lo antes posible.
