EscucharEl candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, ha manifestado en reiteradas ocasiones que, de llegar a ser electo el próximo año como mandatario de Costa Rica, fusionará, cerrará y venderá algunas instituciones públicas.
También impulsa propuestas como otorgar becas a personas desempleadas a través de alianzas público-privadas, quitar 90 impuestos, abrir el sector eléctrico para que empresas privadas compitan en el mercado, eliminar el monopolio de importación de combustibles, y promover el ingreso de Costa Rica al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
En la primera entrega de una serie de entrevistas con candidatos presidenciales, EF conversó con Feinzaig para conocer más a fondo sus ideas para la generación de empleo, combate de la pobreza, movilidad urbana, eliminación de impuestos, y fusión, cierre y venta de instituciones públicas.
Datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) al tercer trimestre de 2021 indican que en Costa Rica hay 378.000 desempleados, ¿qué propuestas tiene usted para generar más empleo en el país?
— Esa es precisamente la esencia del plan de gobierno, es tomar medidas para recuperar la confianza en la economía que permitan un crecimiento que vaya de la mano con la generación de empleo.
Eso se basa principalmente en tres pilares. El primero es reducir los costos de producción, estamos hablando de costos como los de la electricidad, los combustibles, tasas de interés y las cargas sociales, para permitirle a los productores costarricenses recuperar competitividad.
Lo segundo es simplificar la estructura del aparato estatal para reducir el gasto público y permitir, por una parte, equilibrar las finanzas públicas, pero también mejorar la prestación de los servicios públicos, eliminando un montón de trámites y requisitos.
El tercer pilar es la simplificación tributaria que persigue simplificar la vida, hacer atractivo para emprendedores, empresarios, agricultores, para todo el mundo, invertir, crecer y poder generar esas oportunidades de empleo.
De la mano de esto hay propuestas de capacitación para la empleabilidad, becas para las personas desempleadas para que se capaciten en áreas pertinentes de cara a la cuarta revolución industrial, etc.
Su plan de gobierno indica que becarán, a través de alianzas público-privadas, a personas desempleadas, subempleadas, en informalidad o que buscan una reconversión de su ocupación y mejorar el dominio del inglés.¿Cómo financiará el programa? ¿Cuántas personas, aproximadamente, podrían acceder a una beca?
— Es mediante alianzas público-privadas donde vamos a poner a disposición recursos con los que ya cuenta el Gobierno pero que están siendo mal utilizados, en el sentido de que se les dan ayudas a las personas a cambio de nada. Lo que vamos a hacer es condicionarlas para que reciban la ayuda mientras se capacitan para poder volver a incorporarse al mercado laboral.
También existen ofertas, de hecho este Gobierno había anunciado (no recuerdo la cantidad exacta) pero eran alrededor de unas 40.000 becas, que había ofrecido una empresa que da cursos en línea, que se desperdiciaron por completo. Entonces, queremos hacer ese tipo de alianzas público-privadas. La idea es que las personas participen en concursos relativamente cortos de cuatro, seis u ocho meses, para que puedan adquirir herramientas y habilidades que les permitan reincorporarse al mercado laboral.
¿Tiene una estimación de cuántas personas podrían acceder a estas becas?
— No, en este momento le quedo mal. Yo no tengo el dato, pero sí se está trabajando en esa propuesta.
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue (y es) el de turismo. ¿Qué hará para reactivar a este sector en el corto y mediano plazo?
— Eliminar las restricciones que se le han impuesto al movimiento de las personas, a la visitación de lugares, los horarios de las playas, la restricción vehicular nocturna; todo ese tipo de cosas que no han demostrado tener un impacto científicamente en la reducción de contagio o en evitar el contagio, o las que han dejado de ser necesarias por la etapa en la que ya estamos en el ciclo pandémico.
De manera que podamos invitar al turista extranjero a regresar a Costa Rica sin tanta restricción, tanto trámite, tanta burocracia, tanto requisito que hace que vayan a buscar otros destinos.
Con respecto a la pobreza nacional, la Encuesta Nacional de Hogares 2021 reveló que en el país hay 383.500 hogares en esa condición. ¿Qué haría usted para mitigar la pobreza?
— La apuesta de nuestro plan de gobierno es una propuesta que persigue reducir la pobreza, creando oportunidades de empleo formal y bien remunerado para las personas.
El enfoque de nuestra política social será otorgar herramientas para que las personas puedan recuperar el empleo y de esa manera salir de la condición de pobreza.
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Por otra parte, el costo de la canasta básica en Costa Rica, donde tenemos muchos productos que funcionan como monopolio o con mercados que tienen protecciones arancelarias y de otros tipos que encarecen el producto, explican una buena parte de esa pobreza . Eso reduce el poder adquisitivo a las personas, y nosotros tenemos una propuesta para eliminar monopolios, modificar la Ley de la Promoción de la Competencia para que la Coprocom (Comisión para Promover la Competencia) pueda meterse en todos estos campos, hacer sus recomendaciones y exigencias.
Lo tercero es que buena parte de los recursos de la política social en Costa Rica se quedan en el gasto en planillas al tener más de 20 instituciones administrando más de 40 programas sociales. Proponemos fusionar estas entidades en un ministerio de Bienestar Social para generar un ahorro en la capa burocrática que permita liberar recursos para el combate de la pobreza.
En materia de movilidad urbana, ¿cuáles son sus propuestas?
— Para resolver el problema de la movilidad urbana y los problemas de congestión y contaminación es necesario que la columna vertebral del sistema del transporte público sea un tren de pasajeros, pero no el que está promoviendo este Gobierno.
Este tren tiene el problema de que se quiso hacer rápido, se utilizó el mismo trazado de tren que tiene desde hace 150 años, por lo tanto el tren al Atlántico como el tren al Pacífico datan de la década de 1870. Ese es un trazado que se diseñó en aquel momento para sacar producto del Valle Central a los puertos, no para conectar a las personas.
Por supuesto hace 150 años no existían las grandes aglomeraciones de población que tiene la Gran Área Metropolitana (GAM) sobre todo la ciudad de San José al norte y al sur: Desamparados, Alajuelita, Hatillo, Goicoechea, Coronado, Tibás, etc.; que el trazado actual del tren no las toca del todo.
Entonces, sí quisiéramos avanzar en el análisis de una propuesta de tren que conecte estos centros poblacionales evitando la necesidad de que los buses entren hasta el centro de San José.
¿El tren que estaría promoviendo es eléctrico?
— Sí, bueno, en este momento no está definido exactamente. Pero sí, sería un tren eléctrico, no sería un tren de diésel o que queme combustibles fósiles, eso no tendría ningún sentido.
Nuestros análisis preliminares nos dicen que un tren de superficie sería lo más factible pero no descartamos la posibilidad de hacer uno subterráneo o que haya tramos subterráneos en el diseño. Todo va a depender de esos estudios finales.
¿Cómo haría para atraer e incentivar a las empresas extranjeras a instalarse en las “zonas de menor desarrollo relativo”? (Guanacaste, Puntarenas, Zona Sur, Limón y Zona Norte)
— Hoy en día la Ley de Zonas Francas tiene algunos incentivos diferenciados para invertir fuera de la GAM que no son suficientemente diferenciados. Lo que hacen es darles un par de años más de exoneración, pero no resuelve el problema de los altísimos costos de la falta de infraestructura y de que no se consiguen en estas zonas de menor desarrollo humano, la cantidad de personal necesario para el tipo de zona de franca que se ha instalado en la GAM.
Nosotros lo que queremos, por medio de la política de reducción de costos de producción, es hacer atractivo para las empresas instalar operaciones que hagan productos más sencillos de los que se están haciendo en la GAM, ensambles electrónicos, ese tipo de cosas donde tal vez no se necesita el nivel de educación que se requiere para trabajar en un Intel, pero que perfectamente se podrían hacer en zonas como Guanacaste, San Carlos, Pérez Zeledón, Limón o algunas otras zonas de menor desarrollo económico y menor desarrollo humano.
Entre las propuestas que hacemos es que a las empresas que se instalen ahí se les permita generar su propia electricidad, si eso les va a permitir disminuir el costo de la factura eléctrica. Insisto, para compensar el alto costo de la mano de obra con seguridad social, hay que disminuir los otros costos de producción para que sea atractivo irse para allá.
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Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que pretende eliminar 90 de 110 impuestos que hay en Costa Rica, ¿de dónde va a salir el dinero en un Gobierno que ya tiene déficit y una deuda grande?
— El dinero va a salir de la eliminación de los impuestos. La mayoría de esos 90 impuestos en realidad no generan gran cosa y si nosotros agarramos al ejército de funcionarios que laboran en la administración de esos 90 impuestos y los trasladamos a los otros impuestos que dejan más recursos, podemos aumentar la probabilidad de detección de la actividad evasora y recuperar por ahí recursos.
Nosotros estamos hablando es de una simplificación tributaria donde, por ejemplo, con respecto al IVA tenemos un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) que estima que cambiando la composición de la canasta básica tributaria, para que refleje los verdaderos patrones de consumo de los costarricenses, se puede bajar la tasa del IVA al 11% y aumentar la recaudación en aproximadamente ¢60.000 millones al año.
Hay otro estudio publicado recientemente en el American Economic Journal de los economistas Mauricio Soto y Pierre Bachas que analizaron el impuesto de renta costarricense y llegan a la conclusión de que disminuyendo la tasa del impuesto de renta y eliminando una serie de exoneraciones, que no tienen que ver con generación de empleo ni tampoco con programas sociales, se puede aumentar la recaudación de renta hasta en un 80%.
Entonces, más bien debería de mejorar significativamente la recaudación con nuestra propuesta de simplificación tributaria.
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¿Cuáles son algunos de los impuestos que pretende eliminar?
— Déjeme decirle algunos de los más ridículos para que la gente entienda por qué es necesario eliminarlos. En Costa Rica hay un impuesto al consumo de cemento porque a alguien se le ocurrió que sería una buena idea hacer que construir casas en un país donde hay un déficit habitacional del 30%, más o menos, sea más caro.
En lo que es producción agrícola y pecuaria, tenemos un impuesto a los insumos agrícolas, a los concentrados alimenticios, un impuesto a los medicamentos veterinarios. Ahí hay tres impuestos que están construidos para encarecer el acto de producir en Costa Rica.
¿De qué forma pretende abrir el sector eléctrico del país ?
— Promoviendo un proyecto de ley de apertura que mantenga el requisito de que la generación tiene que ser de fuentes renovables. Vamos a respetar la energía limpia que se genera en Costa Rica.
La apertura es buena porque introduce siempre la amenaza de la competencia y obliga a los actores económicos a comportarse de una manera como si tuvieran la competencia, es decir, controlando costos.
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Pero más importante que esto, el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) que hoy está en el ICE tenemos que hacerlo una oficina independiente con un mandato legal que sea comprar energía al mejor postor, es decir, comprar la energía más barata. Hoy como es una oficina del ICE primero compran la energía generada por las empresas del Grupo ICE aunque sea la energía más cara de todo el mercado, si hace falta después de gastar la del ICE, le compran a las cooperativas, empresas municipales o generadores privados.
Queremos que se le compre al mejor postor, al más barato primero, y lo que haga falta al final se le compra al más caro. Con eso se baja el promedio del precio de la energía, el cóctel de energía a distribuirle a los costarricenses y bajaría el precio de la electricidad.
¿Cuáles serán las instituciones públicas que fusionará o eliminará? ¿Por qué?
— Nuestra propuesta de reforma del Estado es bastante ambiciosa.
Mencioné y lo repito rápidamente, 23 instituciones en el sector social que administran 44 programas antipobreza, y la pobreza ha disminuido tan levemente que prácticamente está estancada en 20% de los hogares y 24% de las personas a pesar de esa cantidad de instituciones que hay. Vamos a fusionar esas entidades en un solo ministerio de Bienestar Social.
En Costa Rica hay un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), un Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), un Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), hay una parte de un ministerio que es de Energía; estos son ministerios u oficinas que se dedican a atender a diferentes manifestaciones del sector productivo.
Vamos a fusionarlas en un solo Ministerio de la Producción para ser más eficiente el andamiaje institucional pero también para poder desarrollar una política integral de desarrollo productivo que Costa Rica no ha tenido en los últimos 40 años.
Tenemos otras propuestas como fusionar las superintendencias en una sola entidad reguladora de los mercados financieros; y eliminar Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) y que la junta directiva del Banco Central asuma el papel rector como corresponde.
¿Cómo pretende eliminar el monopolio de importación de combustibles?
— Tiene que ser un proyecto de ley donde se cierre Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo), una empresa que nació para refinar petróleo y hace 12 años no refina absolutamente nada . No tiene sentido tener un monopolio en la importación y comercialización de los combustibles.
Entonces, eliminamos el monopolio, cerramos Recope, permitimos la importación de los combustibles por parte de las empresas que quieran competir en el mercado local.
Lo que sí hacemos es rescatar la infraestructura que tiene Recope, que es muy valiosa, el muelle petrolero, el poliducto y los tanques de almacenamiento. Eso se puede manejar con una oficinita bien pequeña, incluso se puede concesionar la administración de eso, de manera que las petroleras cuando quieran importar su producto puedan utilizar esta infraestructura pagando un peaje por hacerlo.
¿Por qué eliminarlo? Porque hoy Recope no cumple el cometido legal pero sí encarece los combustibles de una manera innecesaria.
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¿Por qué impulsará la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa)?
— Porque el sector bancario costarricense está completamente adormecido. Aquí no hay una competencia efectiva, los márgenes de intermediación son excesivamente altos y en buena medida son altos porque las ineficiencias propias de los bancos públicos se traducen en un diferencial enorme entre las tasas pasivas y las tasas activas.
¿Qué queremos? Que un banco internacional de primer orden adquiera al Banco de Costa Rica y meta verdadera competencia en el mercado local buscando bajar las tasas de interés.
También en nuestro plan de gobierno estamos proponiendo eliminar una serie de distorsiones que existen, algunas que van en contra de la banca privada y otras que van en contra de la banca estatal. Por ejemplo, las cargas parafiscales que hoy tiene la banca estatal.
¿Cuáles son otras instituciones que planea vender?
— Vender no muchas porque lamentablemente las han ido dejando sin valor. Radiográfica Costarricense (Racsa) es una institución que es innecesaria, difícilmente tenga mucho valor de mercado, si lo tiene se venderá.
La Fábrica Nacional de Licores (Fanal) es otra institución que ya ha sido revelado que en los últimos cuatro o cinco años el Consejo Nacional de Producción (CNP) ha llegado a perder el 80% o 90% de su patrimonio por las pérdidas de la Fanal. Entonces, uno quisiera poder vender Fanal y obtener ingresos, pero da la impresión por la poca información que hay disponible al público de que hoy por hoy Fanal no tiene mucho valor. En todo caso la marca Cacique creemos que sí es valiosa y habría que venderla por aparte.
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Usted plantea impulsar el ingreso de Costa Rica al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿cómo lo haría y cuáles serían los beneficios de Costa Rica al ser, eventualmente, un país miembro?
— Queremos retomar lo que fue una política de Estado durante más de 30 años en Costa Rica que es la política de integración comercial y más allá de los tratados bilaterales que Costa Rica tiene, estos foros multilaterales traen una serie de ventajas y de beneficios porque nos dan espacios para discutir y convenir acuerdos con una serie de países.
Así que nuestra intención es avanzar en apertura comercial. También, hemos dicho claramente que vamos a buscar incorporarnos a la Alianza del Pacífico, cosa que lamentablemente este y el anterior Gobierno dejaron abandonado.
Muchas de sus propuestas significan una ruptura grande con el sistema actual. ¿Realmente podría implementarlas? ¿Cómo lo haría? Tomando en cuenta que esos cambios podrían requerir pasar por la Asamblea Legislativa, que puede que sea tan dividida como la actual.
— Para empezar, a mí no me gusta el término “ruptura” porque suena como que vamos a caminar en una dirección antidemocrática y no hay nada más lejos de nuestra intención que eso.
Lo que sí es cierto es que Costa Rica no puede seguir conformándose con la mediocridad que se ha instalado en este país con la excusa de que hacer el cambio es muy difícil. Reconocemos que hacer el cambio es muy difícil pero también reconocemos que si no hacemos ese cambio en los próximos cuatro años, la descomposición social podría convertirse en un estallido.
El país está muy mal y uno de los factores que nos ha fallado más en los últimos 20-25 años es el sistema educativo, en el que hemos tomado la decisión de invertir enormes recursos. Hoy somos el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mayor proporción de su producto interno bruto (PIB) destina a financiar la educación pero también somos uno de los países con los peores resultados.
Las pruebas PISA que se aplican cada tres años desde el 2009 en Costa Rica, lo que revelan es cada tres años un deterioro de la educación y en la última medición, la del 2018, lo que revelaron estas pruebas es que nuestro joven de 15 años, promedio, es un joven que no tiene comprensión de lectura, no domina las operaciones aritméticas básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir), y no domina el idioma extranjero en el que hemos invertido durante más de dos décadas con el bilingüismo.
¿Cómo pretendemos lograrlo? Con información, tratando de convencer a los costarricenses y a los diputados de que no podemos seguir extrayendo recursos de los bolsillos de los costarricenses y darles a cambio un servicio tan paupérrimo, y creemos muchísimo en el diálogo.
Si un Gobierno tan incompetente como el actual, con un Presidente absolutamente ausente del debate legislativo, que prácticamente no ha tenido ministro de la Presidencia y solo tiene 10 diputados y aún así han logrado aprobar reforma fiscal, reforma al derecho huelga, reforma al reglamento legislativo, reforma del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje); creemos que nosotros también podemos lograr reformas muy significativas, por ejemplo la simplifación tributaria.
