EscucharA menos de tres meses para las elecciones de febrero 2026 en Costa Rica, alrededor de un 57% de las personas que podrían votar están indecisas. Así se concluye de una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
Es posible que en los próximos meses esa cifra de abstencionismo disminuya y esté cerca del 40% registrado en la primera ronda de las elecciones de 2022. Sin duda, se trata de un porcentaje mayor que el apoyo a cualquier persona candidata.
¿Por qué aumenta el abstencionismo pese a que aumentan los partidos políticos, los cuales sumaron 25 en 2022 y 20 en 2026? Entre quienes no se han decidido o del todo no votarán predomina la percepción de que, pasadas las elecciones, los problemas permanecen. Las promesas van quedando en el olvido y la vida sigue su rumbo.
La saturación de mensajes en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales no siempre recoge los grandes desafíos para los cuales las personas quisieran respuestas. Ello tiene como consecuencia que las declaraciones y promesas de las personas candidatas no se cotejan con los grandes retos del país.
A menudo, los medios de comunicación y las redes sociales apoyan o critican las agendas partidarias, pero encuentran muy difícil posicionar temas que recojan demandas y expectativas de la ciudadanía. Los grandes desafíos se ahogan en medio de los gritos digitales.
En el año 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 148 del Código Electoral, la cual establece que los partidos que se postulen para la presidencia de la República deben presentar un programa de gobierno.
Un balance de los programas de gobierno presentados para las elecciones 2022, incluido en el libro ¿Responde la política electoral a la exclusión social? Nicaragua, Honduras y Costa Rica 2021-2022, deja ver que predominan diagnósticos y son menos las propuestas. Tampoco se incluyen metas o indicadores que permitan evaluar cumplimiento.
La reforma al artículo 148 es un paso muy positivo, pero se requiere afinarle, para decirlo así, la punta al lápiz, de modo que el diagnóstico se acompañe de propuestas y de metas concretas.
En este contexto, Nuevas cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI, un libro digital de descarga gratuita que resulta de una iniciativa conjunta de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, para cuya publicación se contó con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, identifica algunos desafíos claves que enfrentamos como sociedad y para los cuales hay más diagnósticos que propuestas.
Enseguida, se presentan algunos retos. El énfasis se coloca en las propuestas, pues es de lo que menos se conversa. Cada reto finaliza con preguntas que procuran visualizar qué se puede esperar en los próximos cuatro años. La política no puede ser una fábrica de promesas rotas.
Educación: un gran acuerdo nacional
Empecemos con la educación, que condiciona las oportunidades y la calidad del empleo de las nuevas generaciones. Como dicen muchas mamás y papás a sus hijas e hijos, “lo mejor que les podemos heredar es educación”.
La inversión en educación para el año 2024 es de 4,8% del PIB, muy cercana a la del año 2000 (4,1%). Este retroceso incide en infraestructura, becas, formación del personal, entre otros factores.
Se requiere de un compromiso para incrementar de manera gradual y sostenida la inversión en educación y nos urgen propuestas que operacionalicen este incremento.
Ahora bien, ¿solo basta incrementar el presupuesto? No, los aprendizajes requieren de acompañamiento, disposición y tiempo. Si las desigualdades se han consolidado en el tiempo, las oportunidades también requieren fortalecerse de manera sostenida durante años.
Se requiere tiempo y compromiso para fortalecer la lectoescritura, para consolidar las operaciones matemáticas elementales, por mencionar solo dos aprendizajes fundamentales. Pero también se podría señalar la adquisición del inglés como segunda lengua.
Las universidades, públicas y privadas, podrían asumir, durante cinco años, por ejemplo, el apoyo a centros educativos de primaria y secundaria, como una de sus prioridades principales.
Solo en las universidades públicas estudian unas 124.000 personas. Este apoyo se puede volver efectivo por medio de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario.
Personas jubiladas interesadas en contribuir en superar rezagos educativos podrían brindar un enorme apoyo como tutoras y tutores, tanto en primaria como en secundaria.
En el sistema de pensiones de la CCSS habría al menos 380.000 personas jubiladas. A ellas, se podrían sumar unas 58.000 del Magisterio Nacional.
Junto con estudiantes universitarios, podrían apoyar una tarde a la semana al personal docente, de modo que se puedan retomar y consolidar aprendizajes.
Hay muchísimas personas deseosas de aportar sus saberes en medio de esta crisis; el reto es consolidar una estrategia que lo haga posible.
¿Cuántas personas voluntarias (estudiantes y personas jubiladas) y cuántas instituciones educativas podrían iniciar un programa de tutorías para apoyar al personal docente en instituciones de educación inicial, primaria y secundaria?
Empleo digno
El empleo informal se ha incrementado en lo que va del siglo XXI. El empleo informal a menudo tiene como consecuencia que no se cumplen salarios mínimos ni otros derechos laborales, incluida la cotización para la pensión.
El empleo es la principal fuente de ingresos para la mayoría de las personas, de manera que, si no se cumple la legislación laboral, será muy difícil disminuir la pobreza y la desigualdad.
Esta situación la viven las mujeres con mayor crudeza. Al asumir una carga desproporcionada en las responsabilidades de cuido, las mujeres tienen menor participación en el empleo formal, lo que se traduce en muchas menos cotizaciones que los hombres para la pensión, impidiendo el acceso a una mejor calidad de vida en su vejez. El escaso porcentaje de trabajadoras domésticas con seguro social es un ejemplo de esto.
Además, para las mujeres, el aseguramiento permite el acceso a métodos de anticoncepción, servicios de salud materna y mayor acceso a su salud sexual y reproductiva. Por eso, estas piezas para un pacto social requieren verse en relación unas con otras.
En cuanto al desempleo, los datos muestran que las mujeres experimentan más desempleo que los hombres. Además, más personas han dejado de buscar activamente empleo.
Mejorar la calidad del empleo es un “ganar-ganar”, tanto para las personas trabajadoras, para el sector privado, para el Estado y, más importante aún, para la sociedad en su conjunto.
¿Qué características tendría una estrategia de cuido, que asegure a las personas menores de edad, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores acompañamiento, y que permita a las mujeres aspirar a empleo en el sector formal?
Al asumir una carga desproporcionada en las responsabilidades de cuido, las mujeres tienen menor participación en el empleo formal, lo que se traduce en muchas menos cotizaciones que los hombres para la pensión, impidiendo el acceso a una mejor calidad de vida en su vejez.
De la violencia criminal a la seguridad humana
La inseguridad es considerada, concluyen varias encuestas, como el principal problema del país. Esta percepción de la población no sorprende, pues los homicidios dolosos, es decir, los cometidos con premeditación y alevosía aumentaron de 12,91 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 16,6 en 2024. Este 2025, el número de homicidios superará los 900 por tercer año consecutivo.
El Organismo de Investigación Judicial subraya dos conclusiones que no se pueden dejar de lado: la mayoría de los homicidios están asociados a disputas por la venta de sustancias ilícitas y, en segundo lugar, la gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.
Las incautaciones de sustancias y de capitales son pasos muy positivos, pero junto a estas dos medidas es indispensable un acuerdo regional entre gobiernos, que disminuya la producción, trasiego y consumo de sustancias.
Se requiere también una iniciativa que bloquee el ingreso de armas de fuego no registradas, al tiempo que se diseñe un programa de entrega voluntaria de estas con un incentivo de intercambio por electrodomésticos, u otros bienes. En ciudades como Medellín, en Colombia, las iniciativas de entrega voluntaria de armas contribuyeron a disminuir las tasas de homicidios.
También se puede invitar a niños y niñas a entregar sus juguetes bélicos.
¿Cuántas armas se podrían recoger en una gran iniciativa país por la paz? ¿Qué se puede ofrecer a cambios de entregar voluntariamente armas de fuego?
Varios países en uno mismo
Si bien Costa Rica es un país pequeño, hay importantes diferencias regionales y cantonales. Hay cantones, como algunos de la provincia de Heredia, con condiciones de vida muy favorables; en cambio, hay otros donde existe una mayor concentración de necesidades básicas insatisfechas.
Por ejemplo, el área construida, reportada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en cantones de la provincia de Guanacaste, posiblemente alentado por la industria turística, ha aumentado más que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en esos cantones. Vale la pena preguntarse si este auge de construcción de vivienda en la provincia tiene alguna incidencia en reducir las necesidades de vivienda o por el contrario promueve una expulsión de la población mediante procesos de gentrificación. El IDH de todos los cantones de la provincia de Guanacaste está por debajo del promedio nacional, sin embargo algunos de ellos están entre los que tienen un mayor PIB cantonal.
Hay varios países en un mismo país. La mayoría de los cantones con menor desarrollo humano están ubicados en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste.
No sorprende que sea en estas provincias en donde acontecen más homicidios dolosos. En 2024, la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional fue de 17 por 100.000 habitantes; mientras tanto, en Limón fue de 39. Es decir, la tasa de homicidios en Limón duplica la del conjunto del país.
Es decir, la ausencia de oportunidades incide en el incremento de la violencia criminal. Como se suele decir, no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender que las cosas cambien.
¿Qué metas, indicadores y resultados esperados podría tener una estrategia que pudiéramos llamar “las costas primero”, que revierta años de desigualdades?
Asegurar la CCSS es vital
Los análisis financieros muestran que el patrimonio de la CCSS es muy superior a los pasivos.
En este contexto, hay tres factores de especial relevancia. El primero es el envejecimiento de la población, que requiere atención más frecuente y, en algunos casos, más prolongada.
Es preciso prever con amplio detalle cuáles serán las principales demandas en términos de salud que están asociadas al envejecimiento y preparar las condiciones para su atención. Este análisis prospectivo dará mayores luces para anticipar a las dificultades.
El segundo es la precarización del empleo. Es importante insistir en que disminuir la informalidad y la precariedad de los empleos beneficia al trabajador y a la trabajadora y mejora las finanzas de la CCSS.
El tercero es la deuda del Estado con la CCSS que, entre 2022 y 2024, aumentó de ¢2,91 billones a ¢4,04 billones. Es decir, durante los primeros dos años de la administración 2022-2024 la deuda se incrementó en un 40%.
¿Qué medidas puede incluir una estrategia de largo plazo de la CCSS frente al envejecimiento de la población? ¿Cuál puede ser una estrategia de pago del Estado con la CCSS, de modo que haya una disminución gradual y sostenida de la deuda?
Justicia tributaria
Costa Rica pasó de ser el segundo país menos desigual, después de Uruguay, a constituir el tercer país más desigual de América Latina, solo superado por Colombia y Brasil. La desigualdad es relacional, es decir, lo que ciertos sectores dejan de recibir, lo acumulan otros.
El capital comercial, el capital financiero, empresas del Régimen de Zonas Francas (RZF) y los proyectos turísticos de gran escala son algunos de los sectores que han acumulado más beneficios. Mientras tanto, quienes no cuentan con trabajo digno están entre quienes reciben muchos menos beneficios.
La tasa de interés para adquirir un electrodoméstico puede alcanzar, por ejemplo, hasta un 44,55%. Si bien una cocina, una refrigeradora o una computadora podrían considerarse parte de una “canasta básica” tecnológica de los hogares, tienen un costo final al crédito que supera las posibilidades de miles de personas, pues terminan pagando el doble o el triple de lo que cuestan estos bienes de primera necesidad.
En este contexto, enfrentamos el reto de ir más allá de demonizar a la empresa privada o a las propuestas sobre justicia tributaria. Salirnos de la polarización, nos puede facilitar “zonas grises”, que abran posibilidades de negociación y de construcción de acuerdos.
¿Podríamos consensuar un límite a las tasas de interés que se cobran para préstamos o adquisición de electrodomésticos? ¿Sería un 30% un término de referencia para iniciar una negociación respetuosa e informada?
¿Podría modificarse la Ley 7210 de Zonas Francas para introducir una tributación que tendría como destino la inversión en educación, de modo que empresas que se benefician de nuevas generaciones muy bien preparadas académica y profesionalmente, contribuyan en su proceso de formación?
Estos tres meses previos a las elecciones 2026 plantean retos fundamentales. El primero es ir de las descalificaciones y la polarización al diagnóstico de los grandes retos. El segundo reto es el paso de los diagnósticos a propuestas que incluyan metas que puedan ser evaluadas. Un tercer reto es traducir las propuestas a agendas de discusión, de modo que los debates y otras actividades se refieran a los desafíos fundamentales. No hay más lugar para promesas vacías y “ruido digital”.
Costa Rica pasó de ser el segundo país menos desigual, después de Uruguay, a constituir el tercer país más desigual de América Latina, solo superado por Colombia y Brasil. La desigualdad es relacional, es decir, lo que ciertos sectores dejan de recibir, lo acumulan otros.
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Carlos Sandoval García es profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica carlos.sandoval@ucr.ac.cr.
Carolina Sánchez Hernández es profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional.
Karla Barrantes Chaves es profesora de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica.
Brayan Rodríguez Delgado es estudiante de la Universidad Estatal a Distancia.
