EscucharLa industria del chocolate y el café carga desde hace años con el “riesgo reputacional” de estar asociada a la deforestación. Para limpiar esa imagen, la Unión Europea (UE) puso en marcha una de sus regulaciones más ambiciosas, una medida que busca garantizar que el consumo europeo no contribuya a la destrucción de bosques en otras latitudes.
Sin embargo, esta buena intención choca ahora con una dura realidad logística y financiera. A pocos meses de la entrada en vigor de la ley, la normativa amenaza con borrar del mapa a miles de pequeños agricultores que temen ser incapaces de cumplir con las nuevas y costosas exigencias de trazabilidad.
El Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (RDUE), formalmente el Reglamento 2023/1115, prohíbe que productos básicos como el cacao, café, soja, madera, caucho y carne bovina entren al mercado europeo si proceden de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Los pequeños productores de cacao de todo el mundo, desde África hasta América Latina, temen que una nueva ley contra la deforestación les deja fuera del mercado europeo.
La exigencia principal del RDUE recae sobre los importadores y operadores europeos. Estos deberán acreditar la “diligencia debida”, demostrando la trazabilidad, la legalidad y el origen responsable de cada carga. Esto incluye la ubicación exacta de las parcelas —muchas veces mediante coordenadas GPS— y pruebas de que la producción cumplió con la legislación del país de origen en materia de uso de suelo.
El calendario de aplicación se flexibilizó, pero los plazos se acercan con rapidez: las grandes empresas deben cumplir obligatoriamente a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las micro y pequeñas empresas tienen un plazo extendido hasta el 30 de junio de 2026.
Según Régis Meritan, experto de la Comisión Europea y uno de los promotores de esta normativa conocida como RDUE (Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación), el objetivo es implicar al mayor número de industrias en la lucha contra la deforestación.
“La mala reputación adquirida por el aceite de palma hace 10 o 15 años”, acusado de destruir los bosques, “ha dejado huella en la industria del chocolate”, apunta el experto, que participó en una reunión del sector este fin de semana en París, en el marco del Salón del Chocolate.
Y ahora la industria es consciente del “riesgo reputacional de poner en el mercado productos no sostenibles”.
El objetivo es que la ley “contribuya a poner fin a los ciclos de deforestación que siempre han caracterizado la producción de cacao y alimentado el mercado mundial con precios bajos”, afirma.
A escala global, la deforestación está principalmente ligada a la expansión de tierras agrícolas.
En algunos países africanos, el cacao ha desempeñado un papel importante: un agricultor explota una parcela obtenida del bosque, donde los cacaoteros crecen durante algunos años gracias a la fertilidad de las cenizas, antes de agotarse, lo que empuja al productor a talar otra zona y empezar de nuevo.
“Costa de Marfil (el primer productor mundial) ha perdido el 95% de sus bosques por esta razón”, explica Christophe Eberhart, cofundador de Ethiquable, que se reunió junto con Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) en un debate paralelo al 30º Salón del Chocolate, que termina el domingo.
Según él, la intención europea es buena pero podría dejar a los pequeños productores fuera del mercado europeo.
Una carga para el productor y una brecha en el mercado
El impacto de esta regulación, como informó El Financiero, se espera que sea drástico sobre los productores más pequeños.
Históricamente, a estos agricultores se les motivó a adoptar sistemas de producción intensiva y monocultivos para maximizar el rendimiento. Ahora, la misma industria les exige un giro hacia la sostenibilidad certificada, un proceso que requiere herramientas tecnológicas, información administrativa y una capacidad de inversión que la mayoría no posee.
La entrada en vigor de la RDUE fue aplazada un año, hasta finales de este 2025 y en octubre la Comisión Europea propuso retrasarla de nuevos seis meses para reducir las obligaciones que tendrán que cumplir las empresas más pequeñas.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo aún deben pronunciarse.
“Las grandes empresas —Barry Callebaut, Nestlé, Mondelez, Kraft— se han pronunciado contra un nuevo aplazamiento, porque ya han hecho las inversiones necesarias para cumplir la norma”, señaló Eberhart.
Efectivamente, grandes compañías como Mars Wrigley y Mondelez invirtieron millones de dólares en programas de sostenibilidad. Estos programas buscaban garantizar el combate a la deforestación y mejorar los ingresos de las comunidades, asegurando de paso su propia cadena de suministro ante la inminente barrera regulatoria.
Pero para los pequeños productores, que deberán aportar entre otros la localización GPS de sus parcelas, “esto supone ante todo una carga” que podría afectar negativamente a sus precios.
La Red Marfileña de Comercio Justo (Rice), ya certificada, ve la ley como “una oportunidad”, según su presidente Fortin Bley, aunque reconoce que “hay cooperativas certificadas y otras que apenas tienen información sobre la RDUE”.
Luis Mendoza, presidente de Alcacao, una red latinoamericana de productores de cacao, recuerda que “en América Latina, las principales causas de deforestación no son el cacao”.
Sin embargo, el reglamento europeo exige un producto “cero deforestación”, “trazable” y “legal”. Y Mendoza recuerda que en países como Perú “solo el 30% de los productores tienen un título de propiedad” por lo que es difícil hablar de “legalidad”.
El punto de Mendoza sobre la “legalidad” es uno de los retos más complejos de la norma. La UE exige demostrar que el cultivo respeta las leyes del país de origen, pero en muchas naciones productoras la tenencia de la tierra es informal, lo que hace casi imposible para un pequeño agricultor demostrar legalmente el derecho de uso de suelo que la UE le exige.
En Haití, los cacaoteros poseen en promedio una hectárea y “no tiene sentido hablar de deforestación”, afirma Guito Gilot, gerente de la cooperativa Feccano. “Son parcelas antiguas que permiten vivir a las familias”.
Aunque no se opone a la ley contra la deforestación, pide que tenga en cuenta las especificidades de ciertas regiones. “Para Haití, es un choque más. Tenemos clientes europeos y debemos georreferenciar las parcelas, lo que representa una carga financiera”, apunta.
Según Romain Valleur, de la oenegé AVSF, “muchos productores y organizaciones aún no cumplen la normativa, pese a sus esfuerzos”.
Pero espera que esto lleve a que “los productores se organicen en verdaderas cooperativas”.
Costa Rica, un paso adelante
Mientras la incertidumbre golpea a gran parte de los países productores, Costa Rica se posiciona de manera proactiva. El panorama para el país es alentador, gracias a la Ley Forestal (N.º 7.575) que prohíbe la deforestación y una cobertura forestal que ronda el 60% del territorio.
Esta ventaja estructural, sumada a la voluntad del sector exportador, permitió al país un hito clave. Como reportó El Financiero, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en realizar una exportación de café libre de deforestación, alineada con los requerimientos europeos.
Ese primer envío piloto, realizado en marzo de 2024 con destino a Italia, fue un esfuerzo conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del proyecto REDD+, y la cooperativa CoopeTarrazú R.L.
El mecanismo se basó en las plataformas de trazabilidad ya existentes del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé). Los productores capacitados presentaron declaraciones juradas de cumplimiento y la información de georreferenciación de sus fincas.
Estos datos fueron cruzados en la herramienta CRCAFE del Icafé con los mapas de cobertura forestal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para validar que el café provenía de zonas libres de deforestación.
El éxito de Costa Rica subraya la disyuntiva que el RDUE impondrá al mercado en los próximos meses. Aquellos países y productores que, como los cafetaleros ticos, logren adaptar sus procesos a las nuevas reglas de trazabilidad, podrían beneficiarse de un mejor acceso y precios. Sin embargo, la transición representa un reto que amenaza con dejar fuera de la cadena de suministro global a los productores más vulnerables si no reciben el apoyo adecuado.
