EscucharTres de cada cuatro trabajadores asalariados en Costa Rica están exentos del impuesto sobre la renta y solo uno tiene ingresos suficientemente altos para quedar sujeto a alguno de sus cuatro tramos, según datos suministrados por el Ministerio de Hacienda.
La proporción de asalariados gravados aumentó de 20,5% en 2015 a 25,1% en 2019, pero desde entonces prácticamente dejó de crecer.
Hacienda contabilizó 1,55 millones de asalariados en 2025, de los cuales solo 384.380 (un 24,9%) se encontraban en alguno de los tramos sujetos al tributo.
En números absolutos sí hubo crecimiento: los trabajadores sujetos a renta pasaron de 325.300 a 384.400 entre 2021 y 2025, cerca de un 18% más. Sin embargo, el total de asalariados también aumentó un 17%. En otras palabras, la base tributaria creció prácticamente al mismo ritmo que el empleo asalariado y no ganó peso dentro de él.
Ese comportamiento ayuda a explicar una de las piezas del menor dinamismo reciente del impuesto sobre la renta: el sistema dejó de incorporar, proporcionalmente, a más trabajadores con salarios lo suficientemente altos como para tener que pagar impuestos.
Los salarios son una de las principales fuentes del impuesto sobre la renta. En 2025 generaron cerca de ¢689.000 millones, más de una cuarta parte de toda la recaudación por el tributo.
El cuarto superior
Que el porcentaje de asalariados costarricenses que pagan renta se mantenga desde hace cinco años en una cuarta parte del total guarda relación con la propia estructura salarial del país.
Una radiografía publicada por EF con datos de facturación de octubre de 2025 encontró que la mediana salarial era de ¢540.000 y el promedio salarial alcanzaba los ¢840.000 hasta ese momento. Además, un 72,6% de los salarios estaba por debajo de ¢900.000 mensuales y un 76,1% por debajo de ¢1 millón.
El mínimo exento de renta en 2025 (¢922.000 mensuales) se ubicaba justamente entre ambos puntos, lo cual implica que el impuesto se empieza a cobrar aproximadamente a partir de la cuarta parte de los salarios más altos del país, cuya estructura ha variado poco en los últimos años.
Fernando Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Ingresos, considera que el mínimo costarricense es “altísimo” y limita la capacidad recaudatoria del impuesto sobre la renta personal. Sin embargo, advierte que una eventual reducción del umbral tendría que acompañarse de un rediseño de los créditos familiares para tomar en cuenta las diferencias en la capacidad de pago de los trabajadores. “No es lo mismo” gravar a una persona sin dependientes que a otra que utiliza el mismo salario para sostener a hijos u otros familiares, explicó.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, coincide en que el umbral es alto en términos comparativos. No obstante, también asegura que Costa Rica presenta un costo de vida elevado, lo cual dificulta plantear una reducción de esa línea de medición.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado esa característica del sistema tributario costarricense. En su estudio económico sobre Costa Rica, publicado en 2025, la entidad señaló que ve margen para ampliar la base del impuesto sobre la renta personal y estimó que el umbral de ingreso para comenzar a pagarlo se encontraba muy por encima de los niveles observados en otros países de la región, como México, y del mismo promedio de la OCDE.
Un informe posterior, titulado Taxing Wages 2026, también ubicó a Costa Rica junto con Chile y Colombia como los países del organismo donde una persona soltera y sin hijos no paga renta por ingresos equivalentes a un salario promedio, frente a un 15,5% como promedio de la organización.
Una base rígida
El resultado es una base tributaria rígida, en la que solo el 25% de los trabajadores paga el impuesto.
Para 2025 estaban exentos los salarios de hasta ¢922.000 mensuales y, a partir de ese monto, se aplicaban sucesivamente tasas marginales del 10%, 15%, 20% y 25%, dependiendo del nivel de ingreso.
De los 1,55 millones de asalariados, hasta un 75,1% permanecían exentos ese año, según Hacienda. Del resto, un 10,7% se ubicaba en el tramo del 10%, un 9,6% en el de 15%, un 3,7% en el de 20% y apenas un 0,8% en el de 25%.
Esos dos últimos tramos se crearon con la reforma fiscal de 2018, lo cual permitió elevar la recaudación a partir de 2019. Hasta entonces, la tarifa máxima era del 15%.
Además de la estructura salarial del país y del alto mínimo exento, Rodríguez también relaciona parte del estancamiento reciente con el cambio ocurrido en los salarios del sector público en los últimos años. Durante buena parte de la década pasada, explicó, los salarios del Estado todavía crecían por encima de la inflación por la acumulación de pluses como anualidades, lo cual permitió que más trabajadores fueran superando el mínimo exento.
Ese proceso perdió fuerza con la reforma fiscal, el congelamiento de los salarios por la pandemia, la regla fiscal y la Ley Marco de Empleo Público.
El cambio coincide con la evolución de la base gravada. La proporción de asalariados que pagaban rentas creció de un 20,5% a un 25,1% entre 2015 y 2019; pero seis años después se encuentra prácticamente en el mismo nivel (24,9%).
Recaudación pierde velocidad
La estabilidad de la base no significa que Hacienda haya dejado de recaudar más dinero por salarios.
Expresado en colones de diciembre de 2025, el impuesto pasó de generar ¢593.000 millones en 2021 a ¢689.000 millones en 2025, un crecimiento real cercano al 16%. Sin embargo, el ritmo fue aproximadamente la mitad del observado entre 2015 y 2019, cuando los ingresos aumentaron casi un 32%, de ¢397.000 millones a ¢524.000 millones.
La diferencia coincide con las explicaciones de Rodríguez sobre el sector público. Entre 2019 y 2025, según los registros analizados por EF, la recaudación real procedente de los salarios privados aumentó un 75%; mientras que la correspondiente al sector público disminuyó un 3%.
Tener tres cuartas partes de los trabajadores exentos no constituye, por sí mismo, un problema tributario. Sin embargo, desde el punto de vista de la recaudación, sí implica una limitación.
Mientras alrededor de tres cuartas partes de los asalariados permanezcan fuera y esa proporción no disminuya, el impuesto dependerá principalmente de que aumente el empleo y los ingresos de la cuarta parte que sí paga.
La OCDE ha insistido en los últimos años en que Costa Rica tiene un amplio margen para ampliar el impuesto a sus salarios y otras rentas personales, de modo que se acerque a estándares internacionales. Sin embargo, el tema es de difícil discusión en un país donde la mayoría de la población no está acostumbrada a pagar tasas, siquiera marginales, sobre sus remuneraciones.
