EscucharLa decisión anunciada el 10 de diciembre del 2025 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de sancionar comercialmente a Nicaragua marca un punto de inflexión para la economía centroamericana.
Si bien la medida evita —por el momento— la expulsión total de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), la imposición de aranceles escalonados bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio plantea un escenario complejo de “ganadores y perdedores” que afectará directamente a Costa Rica y al resto del istmo.
El paquete de sanciones, diseñado como una estrategia “correctiva”, establece un cronograma claro: un arancel del 0% en 2026 (periodo de gracia), aumentando al 10% en 2027 y alcanzando un 15% en 2028 para productos nicaragüenses que no califiquen bajo las reglas de origen del tratado. Esto se suma al arancel recíproco existente del 18%, creando una barrera comercial significativa a mediano plazo.
Aunque productos clave de origen 100% centroamericano como el café, la carne y ciertos textiles quedaron exentos para limitar disrupciones, el impacto colateral para los vecinos de Nicaragua es inevitable.
El riesgo para las cadenas de valor regionales
El mayor desafío técnico para Costa Rica radica en la integración logística. La región opera bajo cadenas de valor compartidas donde un producto final exportado desde un país del CAFTA puede contener insumos de sus vecinos.
Por ejemplo, un producto procesado (como conservas o jugos) fabricado en Costa Rica puede incorporar frutas frescas de Nicaragua, empaque de papel de Honduras, y aditivos de El Salvador. Si los insumos nicaragüenses se encarecen debido a las sanciones, la viabilidad de la cadena de producción costarricense se ve comprometida, pudiendo resultar en la pérdida de beneficios arancelarios si no cumple con las reglas de origen del CAFTA-DR.
Expertos advierten sobre el riesgo en la acumulación de origen. La regla del CAFTA exige que los productos sean totalmente centroamericanos para gozar de beneficios arancelarios. Si los insumos nicaragüenses pierden competitividad o son rechazados, las cadenas de producción que los utilizan —incluyendo aquellas que finalizan en Costa Rica— podrían perder sus preferencias comerciales.
La logística física también está en la mira. Cualquier interrupción en Nicaragua podría afectar el tránsito de textiles, alimentos y alta tecnología que cruzan desde Guatemala hasta Panamá.
Reconfiguración empresarial: ¿oportunidad para Costa Rica?
El endurecimiento de las condiciones para Managua podría derivar en un desplazamiento de la inversión.
- Migración del sector textil: Un sector particularmente vulnerable es el textil. Nicaragua, que a menudo depende de insumos externos como el algodón o hilos de origen no centroamericano, enfrentará aranceles del 15% para 2028 para aquellos productos que no califiquen bajo las reglas de origen del CAFTA-DR. Para estos bienes específicos, el nuevo arancel podría sumarse al recíproco ya existente del 18%, creando una barrera combinada de hasta el 33%. Este escenario vuelve insostenible la operación para muchas maquilas, que podrían buscar relocalizarse en entornos más estables como Costa Rica, Honduras o El Salvador.
- Atracción de Zonas Francas: Ante el riesgo que corren decenas de miles de empleos en las zonas francas nicaragüenses, Costa Rica podría absorber parte de esa inversión manufacturera, apalancada en su reputación democrática y su sólida infraestructura logística.
- Sustitución de exportaciones: Sectores específicos costarricenses podrían capturar cuotas de mercado que Nicaragua perdería. El cacao de alta calidad y el procesamiento de frutas (piña y banano), donde Costa Rica ya es líder, surgen como claros beneficiarios ante la posible salida de competidores nicaragüenses del mercado estadounidense.
El arma de doble filo: contracción y migración
No todo son oportunidades. La interdependencia económica implica que una crisis en el vecino del norte golpeará la balanza comercial costarricense. Costa Rica mantiene un superávit comercial con la región, exportando medicamentos, instrumentos médicos y manufacturas a Nicaragua. Una contracción económica severa en ese país, provocada por la pérdida de su principal mercado (EE.UU.), reduciría la demanda de productos costarricenses.
Más alarmante es el factor humano. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas locales coinciden en que un golpe económico al CAFTA podría detonar consecuencias severas. Para Costa Rica, el riesgo inmediato es una nueva ola migratoria. Si el desempleo se dispara en Nicaragua por el cierre de empresas, la presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral costarricense aumentará significativamente.
Escenarios a futuro: 2029 y la diplomacia
El horizonte temporal plantea un escenario bifurcado. El corto plazo (2026) servirá como periodo de ajuste, pero a partir de 2029, si no hay “avances verificables” en derechos humanos por parte de Managua, Washington ha dejado la puerta abierta a medidas extremas: aranceles del 100% o la suspensión total del tratado.
En este contexto, la diplomacia costarricense enfrenta el reto de mantener su estatus de “socio privilegiado”. La alineación con las políticas de Washington es crucial para evitar que las sanciones se extiendan por asociación o falta de cumplimiento en las nuevas normativas de origen.
La decisión del 10 de diciembre ha transformado la arquitectura económica de Centroamérica. Para Costa Rica, la tarea inmediata es fortalecer sus cadenas de valor nacionales y prepararse para mitigar los efectos de una crisis regional prolongada, mientras se posiciona como el puerto seguro para la inversión que huye de la incertidumbre.
