El idioma inglés es una exigencia laboral ineludible en la actualidad, en especial para algunos puestos y para las firmas internacionales. Pero la demanda en cantidad y en calidad, es decir que las personas tengan el nivel necesario, enfrenta un déficit en Costa Rica.
La idea de resolverlo a través de servicios de formación virtuales no es nueva, pero la caja negra de ese viaje hasta llegar a la actual propuesta en Hello Brete muestra los titubeos, las marchas atrás, no poca improvisación y vacíos en el Estado.
Desde 2018, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se planteó la necesidad de una plataforma de aprendizaje virtual en el área de idiomas, aunque al año siguiente se suspendió la idea. Tras la pandemia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) retomó el proyecto. Pero primero debía analizar si se desarrollaba la plataforma internamente o si la adquiría a un proveedor externo. Quedó pendiente.
Entre el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, se retomó otra vez el proyecto, dado el interés del gobierno de Rodrigo Chaves en la iniciativa, y se realizó una exploración del mercado, la cual incluía revisar los requerimientos tecnológicos y las condiciones administrativas de un servicio en línea. Ese fue el primer vistazo. Luego se pasó a investigar con más profundidad y con miras a un proyecto de contratación.
Una instrucción de la presidencia ejecutiva del INA formalizó la tarea y le aumentó su relevancia para que el proyecto estuviera listo en el corto plazo. El equipo a cargo se formó en setiembre de 2024. Su primera tarea fue realizar la investigación de mercado y estimar la demanda para una plataforma de gestión de procesos de ingreso, matrícula, formación, soporte, monitoreo y control para el autoaprendizaje del inglés.
Desde el inicio se determinó que el servicio debía alinearse al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el cual establece los niveles estandarizados de competencia lingüística (desde A1 hasta C1), tal como se consigna en los documentos del expediente de la licitación en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
El estudio de mercado enumeró los inconvenientes que tenía el Centro Virtual de Formación del INA con tecnología de código abierto. La lista no es corta (ver recuadro: Una plataforma limitada). Según el documento, la demanda insatisfecha de formación era de 34.654 personas al año, unas 2.800 personas por mes.
El informe no abordó varias claves: los niveles de deserción y de alcance de los cursos virtuales de idiomas en comparación a los presenciales. En el seno de la junta directiva del INA también surgieron cuestionamientos.
La representante empresarial en ese momento, Eleonora Badilla, planteó dudas sobre el estudio (que consideró una simple encuesta), la necesidad de invitar a todas las empresas (“grandes o pequeñas”) e instituciones relacionadas con la educación, los retos de la formación totalmente virtual, la dificultad para lograr los niveles requeridos de inglés en menos de un año y el acceso a la conectividad de Internet en Costa Rica. En el país casi 90% de los hogares tienen conectividad, pero la mayoría mediante el móvil y la brecha digital se amplió al uso de la tecnología.
Asimismo, Badilla —que ocupó el cargo entre mayo de 2018 y abril de 2024, cuando fue destituida— planteó la falta de formación para el personal docente nacional y de un mecanismo para evaluar la gestión de la empresa contratada.
Inicia licitación
Tras la presentación del estudio, el 13 de marzo de 2025, el presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, solicitó a tres departamentos incluir en el presupuesto del 2026 unos ¢917,6 millones en la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo para atender una iniciativa de una plataforma en inglés.
El centro de costos elegido fue el Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios. Dos días después, la gerente, Paula Valenciano, reiteró la instrucción a los mismos departamentos.
Al final de junio de ese 2025, el INA inició un sondeo de mercado para obtener cotizaciones de las empresas proveedoras interesadas. Se envió invitación a cinco entidades, incluyendo la Fundación Omar Dengo, Open English y Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa). Varios días después, el 7 de julio, se tenían sobre la mesa seis cotizaciones con precios mensuales entre $7 y $19 mensuales por estudiante.
El reporte sobre las cotizaciones recibidas indicó que la mayoría estaban parcial o totalmente alineadas con el marco europeo sobre idiomas. Asimismo, que dos de las plataformas aseguraron que podían atender unos 75.000 usuarios en forma simultánea y que una tenía capacidad hasta para 3 millones de personas (la de Open English).
Con esta previsualización del mercado, el 6 de agosto, el INA aprobó el pliego de condiciones del cártel, publicado ese mismo día en Sicop.
La recepción y apertura de ofertas se realizó casi 60 días después, el 30 de setiembre de 2025, con la presentación de las propuestas de Say Pura Vida By Open Education (Open English) & Racsa, Grupo PBS MTNET, Valdespe, Interchange Leader School, Edutech y Applica.
Según el análisis de las ofertas realizado por el INA, Say Pura Vida, Valdespe y Edutech cumplían los requerimientos del cartel, mientras que el precio de $82,99 anual por usuario y de $77,99 (cuando se excedan las 71.023 licencias) ofertado por la primera estaba dentro de los márgenes establecidos. La recomendación fue adjudicar al consorcio de Say Pura Vida, de Open English y Racsa.
La junta directiva del INA aprobó esa contratación a principios de noviembre. El acuerdo fue: “adjudicar al oferente consorcio Say Pura Vida By Open Education & Racsa (Radiográfica Costarricense a 6,82% y Open Education LLC 93,18%) por un monto unitario por usuario de licencia anual incluido IVA de $82.99 y con un precio privilegiado cuando se excedan 71.023 licencias de usuarios anuales incluido IVA de $77.99 y con un plazo contractual de cuatro años”.
Aunque las otras empresas apelaron, el INA lo ratificó en diciembre pasado. Luego las firmas recurrieron a la Contraloría General de la República a principios de 2026, que rechazó los recursos de objeción alegando falta de fundamentación en la mayoría de los recursos y falta de interés legítimo en el caso de una de las empresas. “Es importante indicar que el modelo de aprendizaje escogido por la entidad contratante es decisión y responsabilidad de la entidad contratante”, indicó la Contraloría el pasado 16 de abril.
El 9 de marzo de 2026 fue aprobado el contrato propiamente entre el INA y Say Pura Vida, con una garantía de ¢23 millones en caso de incumplimiento.
Un mes después, el 13 de marzo, el gobierno anunció que se brindará 500.000 becas. Podrían ser 2 millones de licencias en los cuatro años, dijo Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English, en una entrevista realizada por El Financiero. Las dos cifras son muy superiores a la demanda que identificó el estudio del INA. El costo total estimado es de unos $72 millones.
Lo que debe cumplir
La licitación mayor 2025 LY-000011-0002100001, adjudicada al consorcio de Say Pura Vida By Open Education y Racsa, estableció las condiciones de pago, empresariales y de funcionamiento del servicio que deben cumplir las partes.
Para el pago, el INA generará órdenes de compra (modalidad por demanda) para los nuevos ingresos de personas y realizará cortes de usuarios activos para cancelar el total, según el precio unitario por mes vencido y dentro de los 30 días naturales. También se establecen las situaciones excepcionales para el pago y la posibilidad de una reconsideración del costo según las circunstancias que se presenten.
En las condiciones empresariales se estableció que la empresa debe contar con tres años de brindar servicios de enseñanza del inglés de manera consecutiva en el mercado (Open English opera desde 2007) y contar con el personal certificado que tenga al menos dos años de enseñanza del inglés.
Y en las condiciones técnicas se establece cómo funcionará el servicio.
Entre las obligaciones del proveedor adjudicado está que debe brindar una plataforma virtual de autoaprendizaje que facilite el ingreso, la matrícula, la formación, el soporte educativo y tecnológico, el monitoreo y el control de servicios de enseñanza de inglés. El servicio debe estar disponible las 24 horas y debe brindar tutorías sincrónicas (es decir, “en vivo”).
En el primer paso, se dispondrá de un formulario donde se solicita información al usuario. Los datos pedidos son definidos por el INA. Precisamente, este documento virtual generó una fuerte polémica debido a que incluye preguntas que incumplen la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N° 8968).
Una vez que es admitida, la persona realiza una prueba o evaluación en esa plataforma para ubicarla en el nivel correspondiente y para que inicie la capacitación.
Sobre la formación se establece que debe estar estructurada según el estándar europeo, aceptado tanto para inglés avanzado como “en el sector empleador”, y abarcar las cuatro habilidades lingüísticas (habla, escucha, lectura y escritura).
Los usuarios deberán poder acceder a la plataforma desde dispositivos móviles, tabletas, computadoras o Chromebooks, para lo cual debe ser responsiva (adaptarse a las pantallas) y compatible con los principales navegadores en web o app. Se debe cumplir, a la vez, con los protocolos locales de ciberseguridad establecidos por el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
La firma proveedora es responsable de que la plataforma opere correctamente en cada uno de sus pasos, además de soportar la concurrencia de al menos 71.023 personas usuarias en un mismo momento, con posibilidad de ampliarla sin que esto implique costos adicionales.
Debe operar a través de los servicios usuales de computación en la nube de firmas globales reconocidas y, en caso necesario, debe brindar soporte técnico constante para dar respuesta según la necesidad del usuario y en un máximo de 24 horas.
Para la capacitación propiamente, el servicio debe cumplir con requerimientos de flexibilidad, contar con asistencia de inteligencia artificial (un profesor avatar) como complemento a la hora de estudiar, brindar sesiones con los docentes humanos y ofrecer la posibilidad para solicitar o reservar sesiones sincrónicas con intermediación humana también.
A nivel de contenidos se establece que deben estar asociados con la vida real y que deben abarcar: lecciones estructuradas, recursos didácticos, prácticas y material complementario (lectura, escritura, habla y escucha) y mecanismos de evaluación constante, además de un tablero de medición de progreso.
Se debe incorporar, además, herramientas de reconocimiento de voz para calificar la habilidad de conversación e identificar los posibles errores. De esta forma, se activan los mecanismos de retroalimentación.
Otro requerimiento es el control de ingresos y deserciones, que incluirá a las personas inactivas durante más de 15 días. Cuando es así, la empresa debe enviar el respectivo reporte. Asimismo, deberá enviar una alerta al INA cuando la tasa de deserción alcance o supere el 17%.
El INA también pidió que la plataforma debe contar con sistemas biométricos: reconocimiento facial, de voz y de huella digital. Estas funcionalidades permitirían la identificación y la autentificación de la persona cuando se matricula, inicia cada sesión académica y realiza la evaluación.
Eso sí, cada persona deberá dar su consentimiento informado según la Ley N° 8968, uno de los puntos críticos de la plataforma dado que la gestión de los datos no está clara, según los expertos legales en privacidad de la información.
“La licencia (lo que se paga a Racsa y a Open English) deberá tener una vigencia de un año, iniciando el día de activación por la persona usuaria, durante el cual la estructura formativa debe llevar a la persona usuaria a alcanzar como mínimo el nivel B1 según el MCERL”, se indica. “De iniciar en otro nivel, debe permitir avanzar al menos dos bandas de acuerdo con el MCERL durante ese año”.
Una vez aprobado el curso, se entrega al INA la información requerida para generar el certificado digital que indique el nivel alcanzado.
| Una plataforma limitada |
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| El estudio de mercado enumeró los inconvenientes del Centro Virtual de Formación del INA: |
| Falta de soporte técnico pues se basa en tecnología de código abierto. |
| Falta de integración nativa para sesiones sincrónicas, que obliga a usar plataformas de videoconferencias como Teams. |
| La programación de las sesiones ni es automática ni es personalizada. |
| No permite implementar pruebas de ubicación, ni la retroalimentación automática y menos el reconocimiento de voz. |
| No cumple los estándares avanzados de seguridad. |
| La escalabilidad o capacidad para crecer es restringida. |
| Carece de funcionalidades lingüísticas especializadas. |
| Se tarda mucho tiempo para la producción, la validación y la publicación de contenidos. |
| Fuente: INA, estudio de mercado. |
| Qué se necesita |
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| El estudio de mercado del INA incluyó algunos datos sobre la demanda de inglés: |
| Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mostraban en 2023 que el 28% de las empresas incluían el inglés como requisito en sus vacantes. |
| Cinde reportó en 2023 que el 33% de las compañías indicaba problemas en el nivel del inglés del talento. |
| Más de la mitad de las personas interesadas en un curso de inglés requerían un curso básico. |
| 73% de las vacantes en la Agencia Nacional de Empleo solicitaba inglés B1 (e incluso un menos que ese nivel). |
| Fuente: INA, estudio de mercado. |
