Por: Laura Ávila.   6 agosto
Durante el mes de agosto el Poder Ejecutivo dicta la agenda de proyectos que deben seguir los diputados. Uno de los proyectos convocados pretende exonerar del pago del IVA a los alquileres comerciales. Foto: Jeffrey Zamora
Durante el mes de agosto el Poder Ejecutivo dicta la agenda de proyectos que deben seguir los diputados. Uno de los proyectos convocados pretende exonerar del pago del IVA a los alquileres comerciales. Foto: Jeffrey Zamora

Para el mes de agosto el Poder Ejecutivo convocó seis proyectos de ley con los que pretende revivir la economía tras los embates ocasionados por la COVID-19. Se trata de iniciativas que pretenden resucitar sectores golpeados como las pymes, los comercios, las zonas costeras y el turismo rural comunitario.

También se incluyeron iniciativas para ampliar la exoneración del Impuesto del Valor Agregado (IVA) al alquiler de locales comerciales y de simplificación de trámites en los gobiernos locales.

Esta es la conclusión de EF tras revisar la agenda de 61 proyectos que se podrían discutir en agosto y que estaba publicada en el sitio web de la Asamblea el martes 4 de agosto.

Para el 2020 la producción padecerá una contracción del 5% y la deuda del Gobierno cerrará en 70,2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las iniciativas
  • Proyecto Ley de Fomento e Incentivos a los Emprendimientos y las Microempresas (Expediente 21.524)

El plan pretende crear una especie de régimen especial para fortalecer y acelerar los emprendimientos y pymes, sin embargo, el texto debe ser actualizado. Por esa razón la diputada proponente, María José Corrales, manifestó que se afinan los detalles para aplicar un texto sustitutivo en la Comisión de Asuntos Sociales.

“Para este año se vuelve fundamental tomar medidas para las pymes que necesitan reactivarse, crecer y acelerarse sin tanto obstáculo burocrático. Nos referimos al 78% de las empresas constituidas en el país y que son catalogadas como pymes según la tercera Encuesta Nacional de la micro, pequeña y mediana empresa del 2018”, manifestó la congresista.

En el texto base se contemplaba un pago reducido en el seguro de salud para los patronos microempresarios y emprendedores. Ya en setiembre de 2019 la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el reglamento para la aplicación de la base ajustada al salario para microempresas.

También contempla un proceso simplificado ante las municipalidades para la tramitación que deben hacer las microempresas y emprendedores.

  • Proyecto Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción (Expediente N° 21.935 )

La iniciativa del diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN) pretende regular procesos especiales de rescate y fortalecimiento de empresas privadas no financieras.

Se pretende la creación de una Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial y la Red de Acompañamiento Empresarial, que estaría compuesta por entidades financieras y no financieras.

La iniciativa propone fideicomisos especiales de recuperación para que se detecte en etapas tempranas la vulnerabilidad financiera de las empresas, así el mecanismo permitiría sanear las finanzas y evitar la quiebra o ir a un proceso judicial.

“El sector productivo agrícola y pesquero consideran que el texto está adaptado a las necesidades para la sostenibilidad del mismo. Esperaremos la discusión y las consultas”, afirmó Walter Muñoz, diputado proponente ante la consulta de este medio.

  • Proyecto Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y de Desarrollo Costero (Expediente N° 21.990)

El texto quiere construir un marco operativo novedoso que permita la reactivación económica y social de las zonas costeras con los servicios de charteo de embarcaciones extranjeras.

Así se habilitaría a las embarcaciones extranjeras para que desarrollen actividades lucrativas dentro del territorio nacional. Para lograrlo el proyecto plantea estandarizar y simplificar los trámites de arribo y salida de las embarcaciones foráneas.

Pretende autorizar la contratación de marineros, capitanes y tripulación costarricense aunque la embarcación no sea nacional, para que los costarricenses puedan acceder a esta fuente de empleo.

También pretende elevar a 50 años el plazo máximo de las concesiones marinas, renovable cada 20 años; y una concesión de los atracaderos turísticos por 35 años renovable cada diez.

Esta iniciativa es del diputado socialcristiano Rodolfo Peña y otros legisladores.

  • Proyecto de Ley Modificación y Adición de Varias Leyes para Extender Beneficios del Ecoturismo Rural Comunitario a las Comunidades Rurales y Costeras (Expediente N° 21.562)

Una de las reformas es habilitar el acceso de la declaratoria turística para las micro y pequeñas empresas y organizaciones ecoturísticas.

Esta declaratoria es vital para acceder a incentivos y que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) pueda brindarles capacitación, protección, asistencia técnica, y que estas pymes se incluyan en los programas de promoción y publicidad a nivel local y en el mercado internacional. Esto se lograría con cambios a la Ley Orgánica del ICT.

Otra reforma sería al artículo 6 inciso a de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario pues la redacción actual obliga a aplicar los mismos requisitos (para la declaratoria turística) que el resto de la industria.

La iniciativa el frenteamplista José María Villalta también pretende flexibilizar los requisitos de las posadas que se dedican a esta actividad e impulsar como una actividad formal el cabotaje turístico de pequeña escala para apoyar a las personas que se ganan la vida transportando turistas en lagos, lagunas, canales y ríos navegables.

  • Proyecto Ley para Promover la Reactivación Económica y la Simplificación de Trámites desde lo Local (Expediente N° 21.839)

Uno de los cambios más sustantivos que propone la iniciativa del diputado liberacionista Roberto Thompson es la adición del artículo 9 bis al Código Municipal para establecer incentivos fiscales y no fiscales municipales. Además de conceder descuentos en las patentes de hasta un 50% y hasta por cinco años, y rebajos del 100% en el impuesto a la construcción.

El proyecto autoriza que durante crisis económicas o emergencias por desastres naturales se brinden descuentos de hasta 100% en el costo de las licencias o patentes. A fin de reactivar las economías de las zonas afectadas, que se puedan atraer empresarios y se genere empleo.

  • Proyecto Ley de Atención a los Arrendatarios y Arrendadores de los Locales comerciales (Expediente N° 22.045)

Este proyecto pretende extender la medida aprobada mediante la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (Moratoria del impuesto al valor agregado) N° 9.830, y llevar alivio a los arrendatarios y arrendadores de locales comerciales.

El espíritu de esta medida era aplicar la moratoria para julio, agosto y setiembre (porque con la ley anterior se exoneraban del pago en abril, mayo y junio), pero la iniciativa no se dispensó de trámite y se retrasó la discusión.

Es decir, no se pudo exonerar del pago de este tributo julio y agosto. Ahora la expectativa que tiene el proponente del proyecto, Roberto Thompson, es aplicar un texto sustitutivo para que se exonere de este pago en setiembre, octubre y noviembre.