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El plenario rechazó este jueves una moción para interpelar al ministro de Planificación, Roberto Gallardo, por los pagos que el Gobierno debe hacerle a la empresa OAS tras quitarle la concesión de la construcción de la carretera San José-San Ramón.
La moción de interpelación la impulsó el diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El legislador argumentó que el ministro Gallardo, quien ha conducido las negociaciones con OAS, debe explicarle al país todos los detalles de lo negociado y por qué fueron destruidos los archivos que respaldan las conversaciones en busca de conciliación con la empresa brasileña, detalle que reveló el "Semanario Universidad".
Pese a que los diputados de otras bancadas hicieron uso de la palabra para criticar el actuar del ministro Gallardo y del Poder Ejecutivo, al aceptar el pago de ¢18.600 millones a OAS, la moción no tuvo los votos necesarios para ser aprobada.
De inmediato, el diputado Monge criticó el actuar de la oposición y los acusó de proteger al Gobierno.
Al respecto, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Sotomayor, defendió a su bancada y afirmó que la moción no había contado los votos socialcristianos porque la misma no le fue consultada.
La jefe de fracción del PAC, Carmen Muñoz, reconoció que ella tampoco conocía el fondo de la moción que presentó su compañero de bancada, lo cual le imposibilitó negociarla con el resto de la oposición durante la reunión de jefes de fracción celebrada este jueves por la mañana.
Empero, Muñoz adelantó que la próxima semana su partido negociará otra moción de interpelación para que Roberto Gallardo se apersone al plenario a aclarar las dudas de los diputados sobre el finiquito de la relación con OAS.
El Gobierno ya giró más de ¢3.000 millones a la empresa constructora.
Hace una semana el diario "La Nación" dio a conocer una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) donde advirtió al Gobierno de que no puede tomar los ¢15.100 millones restantes para indemnizar a OAS del presupuesto de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
A raíz de ese pronunciamiento, el Gobierno valora tomar los recursos del presupuesto del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
