EscucharDespués de sus primeras tres semanas de labores en Cuesta de Moras –caracterizadas por sesiones excesivamente cortas del Plenario legislativo y el ejercicio de los espacios regulares de control político–, los nuevos diputados del Congreso apenas empiezan a encontrar posibles prioridades que coincidan con las del Poder Ejecutivo.
El Gobierno actualmente domina la agenda de la Asamblea Legislativa y lo hará hasta el próximo 31 de julio, al encontrarse en su primer período trimestral de sesiones extraordinarias.
Inicialmente el Poder Ejecutivo presentó una lista escueta, de apenas ocho proyectos de interés, el 9 de mayo pasado. Pero ahora mismo ya amplió esa lista a un grupo un tanto más amplio, de 43 propuestas, con la inclusión de algunos expedientes y la exclusión de otros.
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Entre las 43 iniciativas están actualmente convocadas (la gran mayoría heredadas del cuatrienio anterior), los nuevos diputados ya definen algunas eventuales que priorizar. Entre ellas, destacan dos proyectos para reducir tratos preferenciales en materia de pensiones del sector público; así como la reforma para habilitar la aplicación de jornadas laborales diurnas de hasta 48 horas semanales en cuatro días.
Las tres iniciativas, sin embargo, todavía requieren superar diversos trámites. Solo uno de los proyectos referentes a pensiones (que busca cerrar una serie de regímenes de jubilaciones especiales) está listo para su discusión y votación en primer debate.
El Poder Ejecutivo también ha puesto en agenda legislativa otras iniciativas como su proyecto de reforma al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el de reestructuración de 17 órganos desconcentrados y la solicitud que dejó la administración anterior para autorizar la emisión de hasta a $6.000 millones en títulos de deuda externa (eurobonos) en los próximos seis años. No obstante, esas iniciativas son completamente nuevas, todavía no hay acuerdos sólidos sobre ellas y apenas podrán iniciar su trámite en algunas comisiones del Congreso en los próximos días.
La aprobación de proyectos apunta a ser pequeña en los primeros meses de los nuevos diputados, comandados por la nueva administración de Rodrigo Chaves Robles. Según advirtió la jefa de fracción del oficialista, Pilar Cisneros, desde el 11 de mayo pasado, el Poder Ejecutivo y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) no desean “hemorragias” en la aprobación de iniciativas que se consideren poco sustantivas, al menos por el momento.
Prioridades de largo plazo
Los diputados revisaron, este 20 de mayo, la lista de proyectos convocados por el Poder Ejecutivo hasta el momento y mencionaron tres posibles proyectos prioritarios. Así lo hicieron los legisladores en su habitual reunión de jefaturas de fracción.
Entre esas posibles iniciativas prioritarias, la que está más cerca de su eventual discusión y aprobación es el proyecto de Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (21.345). Esta es una iniciativa que dejó el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, y que pretende cerrar una serie de regímenes especiales de jubilación que todavía hoy permitirían a cientos de funcionarios estatales retirarse con beneficios excesivamente ventajosos y a edades tempranas.
Ese proyecto está listo para su discusión y votación en primer debate desde finales de 2020; y las jefaturas de fracción del Congreso acordaron empezar con ese trámite en la semana próxima (23 a 27 de mayo).
La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) estimó, en 2020, que esta iniciativa habría permitido ahorrar unos ahorrar unos ¢115.000 millones en nueve años; sin embargo, esas proyecciones debieron haberse mermado en los últimos meses, en los cuales todavía no se aprobó la iniciativa y más personas consiguieron jubilarse.
Precisamente sobre ese efecto advirtió, este 20 de mayo, el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, a los representantes de las otras bancadas. “Entre más pronto lo aprobemos, mayor el impacto positivo”, les dijo.
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Esta iniciativa la presentó el PAC desde abril de 2019, pero la ausencia de su bancada proponente en el Congreso en este período 2022-2026 no impediría la continuidad de su trámite. Por el contrario, coincide con uno de los principales intereses expuestos públicamente por el nuevo presidente Rodrigo Chaves, recordó la diputada Cisneros.
Otro de los proyectos que apuntan a priorizarse es la iniciativa de Ley para Derogar los Regímenes de Pensiones Complementarios Especiales (21.824). Este plan también es heredado de la conformación legislativa anterior y busca eliminar regímenes especiales de pensiones complementarias adicionales de los que solo se gozan trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El plan de ley se devolvió, este 20 de mayo, a su comisión dictaminadora por hasta dos meses, en tanto se obtienen estudios actuariales que permitan dilucidar su impacto específico antes de una eventual aprobación de la norma. Esto quiere decir que la iniciativa deberá dictaminarse de nuevo en ese foro y enviarse al Plenario legislativo para la apertura de dos espacios para la proposición de modificaciones adicionales al texto de ley.
La diputada Daniela Rojas, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que el plazo de dos meses de espera es solo un máximo y que la iniciativa podría dictaminarse antes, si se recibe la información contable más oportunamente. Además, el jefe del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, añadió que en caso contrario se podrían utilizar informes más viejos, pero que sirvan de referencia, para avanzar más oportunamente con la iniciativa.
El proyecto lo presentó desde marzo de 2020 la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León. Ella ahora es jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) en el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Además de estos proyectos en materia de pensiones, los diputados apuntan a priorizar la iniciativa de Ley para Actualizar las Jornadas de Trabajo de Jornadas Excepcionales (21.182). Este proyecto pretende habilitar jornadas laborales de hasta 48 horas semanales en jornadas diurnas de hasta cuatro días por semana, entre otras reformas.
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La propuesta de ley; sin embargo, todavía debe sobrepasar dos espacios de enmiendas en comisión: un proceso que arrancaría en las próximas semanas, según coincidieron las autoridades de los partidos representados en el Congreso.
Al respecto, el diputado del PLN y presidente legislativo, Rodrigo Arias, afirmó en reunión de jefaturas de fracción que se trata de una iniciativa que considera ”de una gran trascendencia para el país”, pero que, “a como está hoy, le hacen falta reformas importantes”.
El proyecto tendrá que pasar por el conocimiento de la Comisión de Asuntos Hacendarios y eso supone un punto que podría retrasar su avance. Además de las dudas que genera el texto en algunos sectores políticos y sociales por la ampliación de jornadas diarias sin el pago de horas extra para los trabajadores, la comisión de Hacendarios deberá enfrentar procesos pesados en los próximos meses, como la discusión del Presupuesto Nacional de 2022, en septiembre.
La iniciativa, además, ya tenía presentadas más de 300 propuestas de enmienda desde el cuatrienio pasado.
Estas cuestiones podrían implicar un trámite lento, a pesar de que la mayoría de fracciones (con excepción del Frente Amplio) han manifestado un interés especial en el texto. Este, además, es acuerpado por las representaciones empresariales.
Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), señaló que la Asamblea debería comprometerse a realizar mesas de trabajo para ese tema y avanzar pronto. La oficialista Cisneros, además, afirmó que se trata de una reforma al Código de Trabajo por la que se ha pujado por más de 22 años y que “ya es suficiente tiempo de espera”.
Recriminaciones iniciales
A pesar de que la mayoría de fracciones de oposición ha recriminado al Gobierno la estrecha lista de proyectos convocada en distintos momentos, la posición oficialista ha sido de restar importancia a esos comentarios y ha dicho que al Ejecutivo “no le interesa impulsar una hemorragia de proyectos”.
“Queremos arrancar con proyectos de calidad y no con un montón de proyectos. (...) Habrá momentos en que requiramos activar los famosos proyectos ‘chayotes’, como autorizaciones, cesiones de terrenos, concesión de honores y otros que no tienen mayor trascendencia, pero en este momento esa no es nuestra prioridad”, afirmó desde el pasado 11 de mayo, la diputada Pilar Cisneros.
Así respondió ese día a comentarios de diputadas como Gloria Navas, del PNR, y Andrea Álvarez, del PLN; quienes criticaron una agenda que consideraban escuálida y que imposibilitaba discusiones mayores en el Plenario del Congreso.
Navas había acusado al Gobierno de impericia para detectar iniciativas entre las más de 300 que, según su revisión, podían verse en el Plenario legislativo para primer o segundo debate. La Asamblea Legislativa anterior dejó listo para su votación en segundo debate, por ejemplo, una iniciativa para impulsar la producción de hidrógeno verde en el país a través de diversos incentivos para el sector privado e indicaciones para el sector público.
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Pese a la baja actividad en el Plenario legislativo, es previsible que el trabajo en el Congreso aumente en los próximos días, aunque sea por la reciente conformación oficial de la mayoría de las comisiones de trabajo. En ellas podrán ocupar espacio iniciativas que quedaron a medio trámite del cuatrienio anterior y que aún no están listas para aprobarse; así como los proyectos nuevos de interés del Poder Ejecutivo, que apenas podrán empezar su trámite.
Hasta el momento, los nuevos legisladores solo han aprobado 10 proyectos de ley en primer debate, desde el 12 de mayo pasado. Seis de ellos se trataron de derogatorias de leyes que caducaron, una desafectación de un terreno para la construcción de infraestructura, dos acuerdos de cooperación internacional (con Brunei y Guatemala), y una reforma relacionada con el control general de exoneraciones. No se han dado votaciones en segundo debate hasta el momento.
Los diputados anteriores aprobaron una reforma constitucional que, entre otras implicaciones, provoca que cada nuevo Gobierno arranque su cuatrienio con la agenda legislativa en sus manos por tres meses. Según analizaron en su momento, eso permitiría a la nueva administración mostrar sus prioridades legislativas desde un inicio.
No obstante, el ahora gobernante PPSD es completamente nuevo en la escena política costarricense y no contaba con proyectos propios avanzados para ese fin, ni mayores negociaciones en curso sobre proyectos de otras bancadas anteriores.
