EscucharPor primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa tendrá que decidir si un presidente pierde su inmunidad para enfrentar un juicio penal. El Congreso tendrá que decidir este lunes 22 de septiembre si Rodrigo Chaves puede ser procesado por el presunto delito de concusión.
La Fiscalía General acusa a Chaves por presuntas irregularidades en una contratación con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Puntualmente, sostiene que la Presidencia habría realizado la contratación ‘a dedo’ de una empresa de comunicación por $405.800, y que el mandatario habría pedido beneficiar con parte de ese dinero a un asesor suyo que había trabajado para su campaña y que había reconocido como su amigo.
Los diputados no tienen que decidir si Chaves es culpable de los hechos que le endilga la Fiscalía. Únicamente, deben de definir si se justifica o no la solicitud de avanzar con el proceso judicial.
En este artículo le explicamos todo lo que debe saber de cara a la decisión de este lunes en Cuesta de Moras, que quedará marcada en la historia cualquiera que sea su resultado.
¿Qué se vota este 22 de septiembre?
Este lunes 22 de septiembre se vota en la Asamblea Legislativa si se levanta o no se levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
Los presidentes —al igual que los demás miembros de los Supremos Poderes como ministros, magistrados o diputados— tienen un fuero de improcedibilidad penal, el cual impide que se activen procesos penales en su contra de forma ordinaria.
Esa garantía, sin embargo, tiene límites.
El fuero se puede levantar siempre que se cumplan varios rquisitos:
| Requisito | Fecha en que ocurrió |
|---|---|
| Primer requisito: La Fiscalía debe acusar de un delito al miembro de los Supremos Poderes en cuestión. | En el caso de Chaves, la Fiscalía General de la República acusó al mandatario por el presunto delito de concusión desde el 7 de abril de 2025. |
| Segundo requisito: La Corte debe analizar la acusación y determinar si cumple con los requisitos mínimos legales y si los hechos señalados pueden constituir un delito. | La Corte Suprema de Justicia determinó que procedía continuar con el enjuiciamiento de Chaves desde el 1 de julio pasado. A favor votaron 15 magistrados y en contra, los siete restantes. |
| Tercer requisito: Si considera que hay mérito, la Corte debe de enviar el expediente con la solicitud de levantamiento de inmunidad a la Asamblea Legislativa, en donde una comisión especial debe de analizar el caso y determinar si recomienda o no que se quite el fuero. | La Corte envió el expediente sobre Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa desde el 28 de julio pasado; y posteriormente una comisión especial integrada por tres diputados determinó, en informe de mayoría, recomendar al Plenario el levantamiento de la inmunidad del presidente desde el 5 de septiembre pasado. También hubo un informe de minoría que recomendó no levantar el fuero |
| Cuarto requisito: El Plenario legislativo debe de decidir si levanta o no la inmunidad de la persona acusada. Para lograrlo, se requiere el voto positivo de al menos dos terceras partes de los diputados; es decir, 38 congresistas. | La votación final en el caso del presidente Rodrigo Chaves está pactada para este lunes 22 de septiembre. |
¿De qué se acusa al presidente?
El fiscal general Carlo Díaz acusó al presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión.
Este delito castiga con penas de dos a ocho años de cárcel a aquellos funcionarios públicos que —abusando de su posición— obligan o inducen a una tercera persona que le dé o le prometa un beneficio indebido a otra persona, según el artículo 355 del Código Penal.
En el caso específico del mandatario, la Fiscalía considera que tiene pruebas suficientes de que la Presidencia de la República habría realizado la contratación ‘a dedo’ de una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli para obtener servicios de comunicación; y que, como parte de ese proceso, el mandatario le habría solicitado a Bulgarelli girar $32.000 al exasesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz, con el fin de que pudiera enganchar una casa en un condominio en Concepción de Tres Ríos.
El caso se basa en diversas pruebas, según la Fiscalía. Entre ellas, la declaración del propio Bulgarelli y varios audios de reuniones relacionadas con la construcción del contrato aportados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que fueron difundidos previamente por la prensa.
Por este caso también es acusado el actual ministro de Cultura y exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; quien era jefe de despacho del presidente a inicios de la administración.
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¿Cómo funciona la votación?
La ley establece que solo se puede quitar la inmunidad de un miembro de los Supremos Poderes con el respaldo de la mayoría calificada del Congreso; es decir, solo se puede aprobar el levantamiento con el voto positivo de 38 legisladores (dos terceras partes de todos los integrantes de la Asamblea).
La sesión del Plenario iniciará a las 2:00 p.m., y los diputados tendrán hasta cinco horas para debatir sobre el asunto hasta el momento de la votación.
El presidente Chaves podía asistir a la sesión para referirse nuevamente sobre el caso, pero desistió de ese derecho. Este 17 de septiembre dijo que no quiere ir una vez más a Cuesta de Moras para hablar sobre un asunto que considera “absurdo”.
Chaves, sin embargo, ya se había presentado ante la comisión legislativa que revisó el caso; en donde no solo rechazó todas la tesis de la Fiscalía, sino que además dijo sentirse víctima de un “intento de golpe” judicial.
¿Qué resultado se espera?
Todavía no hay claridad absoluta sobre cuál podría ser el resultado de la votación de este lunes.
Hasta el momento solo 33 diputados han dicho abiertamente que votarían a favor de quitar el fuero de protección al presidente, según un recuento publicado por el periódico La Nación:
Están decididos a favor:
- 16 de los 18 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
- Los seis diputados del Frente Amplio (FA)
- Cinco diputadas independientes
- Los dos diputados del Partido Liberal Progresista (PLP)
- Tres de los nueve diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Una diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
En tanto, hay 18 diputaciones tendientes a votar en contra:
- Los ocho diputados oficialistas
- Los seis diputados del Partido Nueva República (PNR)
- Tres de los nueve diputados del PUSC
- El independiente Gilberth Jiménez, que se separó recientemente del PLN y se acercó al oficialismo.
Solamente quedan indecisos seis legisladores, de los cuales la mitad son parte del PUSC (Horacio Alvarado, Daniela Rojas y María Marta Carballo); así como los liberacionistas Carolina Delgado y José Joaquín Hernández, y el independiente Luis Diego Vargas, actual candidato a vicepresidente del Partido Unidos Podemos de la exministra de la Presidencia en este gobierno, Natalia Díaz.
¿Qué pasa si la votación es positiva o negativa?
Hay dos posibles resultados para una votación como la de este lunes:
— Si la votación es positiva con el respaldo de 38 o más congresista, entonces la Sala Tercera (que se encarga de juzgar a los funcionarios de los Supremos Poderes) tendrá que designar a un magistrado que instruya el proceso para el eventual juicio.
— Si la votación es negativa —o incluso favorable, pero con el respaldo de menos de 38 legisladores—, entonces el proceso no desaparece del todo, sino que el Poder Judicial tiene que esperar hasta que el miembro de los Supremos Poderes abandone su cargo y entonces pueda juzgarlo como un ciudadano común (siempre que los hechos no hayan prescrito).
Esa situación solo podría cambiar en caso de que la persona acusada asuma otro alto puesto en alguno de los Poderes de la República. Por ejemplo, si el presidente Chaves fuera designado como ministro del próximo gobierno.
En ese sentido, la candidata oficialista, Laura Fernández, ya ha dicho que desearía contar con Chaves como jerarca de la Presidencia.
¿Ha habido novedades recientes?
En las últimas semanas, el productor audiovisual Christian Bulgarelli denunció haber recibido presiones indirectas por parte del presidente Rodrigo Chaves para modificar su declaración ante la Fiscalía.
Puntualmente, dijo que terceras personas habrían contactado a familiares suyos, incluido su hermano Geovanni.
Los hechos fueron denunciados por Bulgarelli ante el Ministerio Público y constan en el expediente N.° 25-000115-033-PE.
Entre las pruebas que aportó Bulgarelli hay detalles de conversaciones de su hermano con el director de Costa Rica ante el BCIE y exdiputado del PUSC, Erwen Masís, quien le habría trasladado una supuesta oferta de “paz” por parte del presidente Chaves y advertencias de posibles consecuencias si no aceptaba.
Bulgarelli también dijo que otro familiar suyo recibió llamadas de terceros y un supuesto audio del presidente Chaves —cuya veracidad no ha sido confirmada—, en el cual se escucha a la voz del mandatario decir que “cuando se fuma la pipa de la paz, se entierran las hachas y todos los instrumentos de guerra“.
El presidente, por su parte, desestimó las acusaciones. “¿A cuál de los miles de facetas, caretas falsas de Christian Bulgarelli le va a creer? Ahorita va a denunciar que los aguaceros son culpa mía”, dijo el mandatario.
Bulgarelli es el testigo clave de la causa en contra de Chaves porque la Fiscalía le utilizó como “testigo de la corona”. Este es un concepto jurídico que se refiere a la posibilidad que tienen las autoridades de llegar a un acuerdo con uno de los imputados de una causa de menor relevancia en la causa para que colabore en la investigación sobre otros más prominentes.
Las declaraciones de un testigo de la corona no se asumen inmediatamente como verdaderas por las autoridades, sino que se usan como una prueba que se puede contrastar con otras para guiar la investigación y llegar a conclusiones certeras.
¿Qué representa la votación?
Pase lo que pase, la votación de este 22 de septiembre será un hecho inédito.
Nunca antes un mandatario se enfrentó a esta situación en Costa Rica y el último caso de un miembro de los Supremos Poderes que enfrentó el proceso fue el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez en marzo de 2018.
A Gamboa se le acusó por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con la supuesta eliminación del nombre del exalcalde de San José, Johnny Araya, de un expediente judicial en el que se le investigaba, previo a las elecciones municipales del 2016.
Finalmente, Gamboa, Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith fueron absueltos el pasado mes de agosto, luego de una década de idas y vueltas judiciales.
Además de esta causa, Chaves tiene varias decenas más apiladas en el Poder Judicial, incluida otra que está en fase de acusación por el financiamiento de su campaña. Sin embargo, el proceso en marcha únicamente es válido para el caso de la contratación con dinero del BCIE.
Ya sea la apertura del camino para un juicio o la preservación de un fuero, la Asamblea tendrá que tomar una decisión histórica.
