Escuchar46 diputados de todas las fracciones representadas en el Congreso aprobaron, este miércoles, una nueva redacción del proyecto de Ley para la Contención Temporal del Aumento en el Precio de los Combustibles (22.914). Inicialmente la propuesta solo planteaba suspender las actualizaciones trimestrales del Impuesto Único a los Combustibles por un período de 12 meses, pero ahora añadiría una reducción del gravamen de ¢100 por litro de combustible.
La reducción al gravamen aplicaría por seis meses y se podría prorrogar por seis meses adicionales, si así lo estima pertinente el Poder Ejecutivo vía decreto.
De ser ratificada su aprobación en las próximas semanas, la disminución aplicaría para los precios de la gasolina súper, la gasolina regular y el diésel.
Si se utilizan como referencia las tarifas por litro de esos combustibles que regirán a partir de este 31 de marzo, la disminución significaría recortes de entre un 11% y un 12% para el precio de los tres combustibles.
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El Ministerio de Hacienda ya se manifiesta en contra de la nueva redacción del proyecto de ley. Sin embargo, esta contó con el respaldo de 46 congresistas, incluidos algunos diputados de gobierno.
Solo adversaron el nuevo texto las legisladoras oficialistas Laura Guido y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la independiente Paola Vega.
Hacienda estima que la rebaja del impuesto implicaría una pérdida de unos ¢200.000 millones para las finanzas públicas. Además, el ministro de la cartera, Elian Villegas, critica que los diputados no plantean una fuente para restituir los recursos.
Además de la rebaja al impuesto, el nuevo texto también exoneraría del pago del tributo por un igual período de seis meses, prorrogable por seis más, a operadores de transporte público, como buses, taxis y ferry. También lo haría con contribuyentes que se dediquen a labores agrícolas.
“Sin sustento alguno”
Elian Villegas, ministro de Hacienda, afirmó a EF que la moción aprobada por los diputados “carece de todo sustento técnico, ni siquiera fue consultada al Ministerio de Hacienda y no plantea balances adecuados para sustituir los recursos que se eliminarían del presupuesto nacional”.
“Están haciendo un verdadero hueco a las finanzas públicas, porque están dejando sin sustento y sin una fuente adecuada a parte del presupuesto”, comentó.
El impuesto a los combustibles es la tercera mayor fuente de ingresos del Gobierno Central y Hacienda presupuestó ingresar al menos ¢524.957 millones por ese concepto este año.
El diputado Erwen Masís, proponente del proyecto y miembro de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo considerar que es “urgente” aprobar la medida como un alivio a los bolsillos de las personas que se trasladan con un vehículo a sus trabajos o a sus estudios.
El ministro Villegas subrayó que, de aprobarse el proyecto, el país tendría que endeudarse por un monto similar al recortado y criticó que, si la propuesta de los diputados pide al Ejecutivo recortar el gasto público como medida compensatoria, las posibilidades de reducir el presupuesto ya son más bien reducidas.
“¿Qué más recortamos?, ¿recortamos todo el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Trabajo?, ¿O le quitamos esos ¢200.000 millones al Ministerio de Educación Pública (MEP)?... ¿Qué es lo que quieren los diputados?”, planteó. “Hablamos de que todo el presupuesto de la Asamblea Legislativa es menos de una tercera parte de lo que están recortando”.
El gravamen a los combustibles representa un 30%, un 29% y un 18% de las estructuras de precios de la gasolina súper, de la gasolina regular y del diésel, respectivamente.
La reducción de ¢100 del tributo implicarían disminuir el gravamen en un 37% para el monto de impuesto que se cobra la gasolina súper, en un 38% el que se carga a la gasolina regular y en un 65% al diésel.
La nueva versión del proyecto se aprobó en el Plenario Legislativo, pero todavía no recibe su votación en primer debate. Antes, los diputados acordaron consultar el texto a diversas entidades afectadas como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la Cruz Roja Costarricense y el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), entre otras.
