El diálogo multisectorial convocado por el Gobierno y la Asamblea Legislativa fue un buen gesto político cuando muy pocos creían posible sentar en la misma mesa, por ejemplo, a sindicatos y empresarios.

Los 62 sectores representados lograron conversar. Concretaron acuerdos −al menos en los puntos en los que hubo coincidencia−, y eso es positivo. Sin embargo, evitaron los temas urgentes y polémicos relacionados con reformas estructurales para reducir el tamaño del Estado, recortar el gasto público y aumentar los ingresos.

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Tras casi un mes y 12 sesiones, el ejercicio multisectorial concluyó, en el papel, con una rebaja en el déficit fiscal del 3,16% del Producto Interno Bruto (PIB), por una única vez y condicionada a una serie de medidas que podrían caerse entre el trámite legislativo y las urgentes necesidades financieras del Ejecutivo.

En teoría, los recortes permanentes al déficit financiero −después del 2020− serían del 2,2% de la producción cada año, pero de nuevo, todo depende de lo que suceda en un futuro incierto amenazado por una deuda pública que llegará al 80% del PIB y por la falta de credibilidad del gobierno que nubla sus posibilidades de fondearse en los mercados internacionales.

Economistas y expertos en derecho tributario consultados por EF, consideran que luego del “cosmético” resultado del diálogo se vuelve necesario y urgente retomar el plan para buscar un acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La nueva propuesta se debe nutrir de los diferentes foros donde se discutieron medidas en los últimos meses.

Acuerdos no alcanzan

La mesa recibió 2.301 propuestas de las cuales se sometieron a análisis 259 y, finalmente, se aprobaron 58 en las que todos los sectores lograron ponerse de acuerdo.

Gerardo Corrales, economista quien participó en el proceso como representante de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), considera positivo el hecho de que los sectores lograran conversar, pero la conformación y la dinámica del diálogo no permitieron avanzar sobre temas más profundos con mayor impacto en las finanzas públicas.

Corrales recuerda que por un lado los sindicatos estaban dispuestos a aumentar los ingresos con incrementos en impuestos como, por ejemplo, gravar las Zonas Francas, aplicar renta mundial o cobrar un tributo a los patrimonios de las empresas privadas.

“Sin ceder absolutamente nada desde el punto de vista del gasto y de los activos del Estado, como lo dijo la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), ellos no iban dar ni un dólar en la negociación de activos públicos”, añadió.

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Mientras que por el otro lado, recordó el economista, se tiene al sector productivo que se niega a aceptar impuestos hasta que se den discusiones sobre recortes al gasto en puntos como pluses salariales, convenciones colectivas y transferencias.

“Era muy lógico esperar que, dada esa metodología, no se iba a llegar a consensos en puntos contradictorios. Lo que quedó fue un poco cosmético”, apuntó Corrales.

De los acuerdos alcanzados, únicamente 13 generan aumentos en ingresos o recortes al gasto. Dos de ellos −las leyes de Hacienda Digital y Pagar− ya estaban en camino en el Congreso y no pueden acreditarse como un logro del diálogo.

Para el economista José Luis Arce, director de FCS Capital y expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el hecho de construir un espacio de conversación entre los sectores del país es positivo, pero los resultados son insuficientes.

“Mucho del ruido político que se hace en torno a la mesa de negociación se debe a que teníamos expectativas muy ingenuas o muy altas de lo que podía salir de ahí, por ejemplo, que de ese foro iba a nacer la nueva propuesta para negociar con el FMI, lo cual me parece absolutamente imposible”, aseveró.

Arce recuerda que la mesa tenía dos objetivos: el primero era apaciguar los ánimos de protestas en las calles que persistían antes del inicio del foro; y el segundo, era tratar de obtener algunos avances por consenso que se puedan complementar con otras medidas políticas que deberán ser impulsadas por el Gobierno y por los diputados.

Las estimaciones del economista muestran que se requiere un ajuste fiscal inmediato cercano al 2,5% del PIB que podrían obtenerse con algunas acciones resultado del diálogo, con proyectos de ley alternativos impulsados por las fracciones y mediante un programa con el Fondo Monetario Internacional.

Reformas quedaron fuera

El diálogo multisectorial arrancó con muchas ambiciones que se fueron desechando conforme avanzaba la dinámica.

Las propuestas fuertes como una Ley de Empleo Público para todos los funcionarios, la eliminación de exoneraciones, la reducción del Estado, recortes a transferencias como el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), entre otras; fueron parte del punto de partida.

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¿Qué sucedió entonces? Luego de casi dos semanas, los 62 sectores representados lograron ponerse de acuerdo sobre la metodología del diálogo, esto permitió la creación de una mesa técnica donde se discutieron en primera instancia las iniciativas y, en caso de consenso, avanzaron al plenario multisectorial. Por el contrario, en las que no hubo respaldo de mayoría, fueron desechadas.

Fue así como se dejaron por fuera seis acciones para aumentar los ingresos de manera permanente con un rendimiento del 0,39% de la producción nacional y con aplicación a partir del 2021.

También se excluyeron diez ideas para recortar el gasto público en 3,66% del PIB que de igual manera habrían entrado a regir el próximo año. En este apartado los sectores patearon la bola con temas como eliminar anualidades, recortar transferencias corrientes importantes, renegociar alquileres del Estado y refinanciar la deuda gubernamental.

Mientras que otras cinco propuestas, que se aplicarían por única vez, habrían creado un rendimiento del 6,52% del producto nacional entre 2021 y 2022.

Se trata de la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), eliminar algunas cargas parafiscales a los bancos estatales y subastar el espectro radioeléctrico que no utiliza el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Todo esto quedó por fuera del ámbito de discusión multisectorial por la imposibilidad de concertar acuerdos, pero sirve como hoja de ruta para que el Gobierno retome las propuestas y las incluya en el nuevo plan con el FMI o en proyectos de ley adicionales.

El inevitable FMI

Frente a un ejercicio social que con bajos resultados ante el creciente déficit fiscal que cerrará el año en 9,3% del PIB, según las estimaciones de Hacienda. El Ejecutivo no tiene otro camino y deberá retomar la idea de buscar un Servicio Ampliado con el FMI por hasta $1.750 millones.

Alberto Trejos, economista y exministro de Comercio Exterior (2002-2004), esperaba que en el acuerdo del diálogo las diferentes partes se comprometieran con sacrificios específicos ligados a metas y fechas de cumplimiento, algo que no ocurrió.

El economista no duda en señalar que los resultados de la mesa se queda cortos en relación con lo que el FMI pediría al país y no alcanzan para hacer un ajuste fiscal sin el Fondo.

“El Gobierno debe tomar el toro por los cuernos, ni modo: gobernar, e ir al FMI para negociar un acuerdo que incluya las medidas del diálogo como base, pero tendrá que ir mucho más allá porque el Fondo no se va a tragar el cuento de que vas a recortar el presupuesto y después me contás cómo”, concluyó Trejos.

Para Alan Saborío, abogado tributario y exdirector general de Hacienda, ahora es el turno del Gobierno de asumir sus responsabilidades, sobre todo porque tendrá ocho meses de sesiones extraordinarias que arrancan el 1.° de diciembre y terminan el 31 de julio.

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Este “megaperiodo” de extraordinarias se debe a la Ley Reforma al Artículo 116 de la Constitución Política (9.850) que fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 22 de junio.

La normativa invierte los periodos ordinarios y extraordinarios, y en la fase de transición le dará al Gobierno −por primera vez en la historia− ocho meses para controlar la agenda legislativa.

Antes del arranque del diálogo, el equipo económico del Gobierno se reunió con economistas, abogados y expertos en diferentes áreas para recibir retroalimentación sobre la propuesta inicial presentada al país con la que pretendía negociar el acuerdo con el FMI. Ese borrador provocó un rechazó casi generalizado a nivel nacional.

Corrales, Arce, Saborío y Trejos confirmaron a este medio su participación en reuniones con el Ejecutivo, previas a la mesa multisectorial, donde ofrecieron sus criterios e ideas para un nuevo plan con el Fondo.

Entre las propuestas que se discutieron informalmente destacan la implementación de un impuesto a las transacciones bancarias únicamente para aquellas mayores a ¢1 millón y movimientos bursátiles; además de ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la aplicación de la Ley de Empleo Público a todos los funcionarios estatales (los nuevos y los antiguos), entre otras ideas.