EscucharEl sistema de pesos y contrapesos de Costa Rica atraviesa momentos de máxima tensión. El presidente Rodrigo Chaves ha convertido en blanco de ataques y descrédito a las instituciones encargadas de vigilar y controlar al gobierno, a las que acusa de perseguirlo y frenar el progreso del país, cada vez que cuestionan sus decisiones.
El entramado institucional es complejo, pero opera bajo reglas claras. El Poder Ejecutivo gobierna y administra, el Poder Legislativo crea leyes y fiscaliza, y el Poder Judicial investiga delitos y resuelve disputas.
A ellos se suman el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que organiza los comicios y resguarda el registro civil; la Contraloría General, que audita el uso del dinero público; y la Sala Constitucional, que se creó posteriormente para corregir decisiones contrarias a la Carta Magna.
Este sistema existe para evitar abusos y mantener los equilibrios, pero depende de un factor decisivo: la legitimidad. En otras palabras, que la ciudadanía y las autoridades reconozcan sus límites y respeten las funciones de los demás. En el caso del presidente, esas condiciones parecen parcialmente ausentes.
En los últimos tres años y medio, las entidades de control han seguido ejerciendo sus funciones, pero lo han hecho bajo un asedio constante, lo cual implica riesgos a largo plazo, según explicó el politólogo Ronald Alfaro, de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“El sistema de controles sigue en pie frente a todos esos ataques y hostilidades, no se ha silenciado ni cooptado, e incluso el Poder Ejecutivo ha tenido que ‘echar para atrás’ distintas decisiones”, señaló; “pero este clima tiene un gran costo político: las instituciones viven en el ojo del huracán, atacadas como responsables de todo lo que ocurre o deja de ocurrir, y eso afecta su credibilidad y legitimidad en el largo plazo”.
Cambio de tono
La politóloga Carolina Ovares Sánchez ilustró el giro con un ejemplo claro.
“En 2010, el TSE le ordenó al presidente Óscar Arias dejar de decir que quería una mujer presidenta porque eso atentaba contra la neutralidad (la candidata oficialista era Laura Chinchilla), y Arias lo dejó de decir. Hoy, ese tipo de advertencias parecen insuficientes porque tenemos a un Poder Ejecutivo y a un presidente que actúan de manera distinta a la esperada”.
El TSE ha hecho múltiples advertencias al presidente Rodrigo Chaves para que no incurra en beligerancia política. Le ha recordado que no puede usar medios públicos para influir en la campaña. Pero Chaves ha reaccionado diciendo que le quieren imponer una “mordaza”.
“Ahí está la parte más compleja”, indicó Ovares. “El sistema siempre asume que todos los actores van a respetar o seguir sus roles, pero eso no está pasando”, subrayó.
El presidente también ha acusado a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y a la Sala Constitucional de actuar con parcialidad política o con intereses ocultos; ya sea por críticas en su contra, investigaciones, frenos a proyectos o contrataciones cuestionadas, o reversiones de decisiones que, se determinó, carecían de base jurídica o técnica.
Chaves, por ejemplo, también reaccionó cuestionando la legitimidad del Poder Judicial y de sus jerarcas cuando la Fiscalía presentó acusaciones en su contra por el financiamiento de su campaña y por una contratación aparentemente irregular con fondos del BCIE: de forma totalmente distinta a su predecesor, Carlos Alvarado, quien también fue acusado por el caso UPAD (que también implicó un allanamiento de Casa Presidencial).
Chaves incluso calificó los 75 años de la Segunda República como una “dictadura perfecta” (luego matizada como “tiranía”), alegando que las instituciones están cooptadas por supuestas élites que confabulan para bloquear a su gobierno.
¿Inicio o final?
La gran incógnita ahora es si la erosión, como un acto promovido por actores políticos, seguirá profundizándose o si puede mermar o revertirse.
Eso hoy es imposible de determinar, señaló el politólogo Constantino Urcuyo, quien recordó que estas elecciones avanzan en un clima de incertidumbre máxima.
Urcuyo considera que Chaves aceleró una erosión que ya venía desde antes, producto del desgaste de los partidos políticos tradicionales y del deterioro de los servicios públicos por los problemas financieros del país.
La crisis de representatividad en los partidos políticos, además, abrió de par en par las puertas para los discursos sobre supuestas élites dominantes; como Javier Milei hizo también en Argentina, hablando de “la casta”.
Sin embargo, el analista no cree que se trata de un problema sistémico todavía: ningún actor, ni siquiera el chavismo, ha planteado una alternativa o cambio estructural específico, y la insinuación del presidente para replantear la Constitución Política no encontró mayor eco.
Chaves también pidió una ‘supermayoría’ en el Congreso para impulsar reformas no especificadas sin mayor oposición, pero ese llamado tampoco parece estarse concretando en intención de voto, según las encuestas.
Aun así, tampoco se puede decir que la ofensiva contra las instituciones haya sido inútil: parece generar réditos de opinión para el presidente y para el oficialismo.
La gestión del presidente recibe el respaldo de seis de cada 10 personas mayores de 18 años en Costa Rica, según el CIEP-UCR, pese al deterioro percibido en áreas clave y a la duda mayoritaria de que el actual gobierno pueda atender los principales problemas del país.
En el campo electoral, además, una de cada cuatro personas con ánimo de votar en 2026 dice decantarse por la continuista Laura Fernández, exministra del gobierno que encabeza las mediciones (aunque la mayoría de posibles votantes siguen indecisos).
La desconfianza hacia el sistema es, además, una semilla que parece haber sido sembrada y abonada. Tres de cada cuatro ciudadanos dicen sentirse movidas a votar en las próximas elecciones para cambiar la Constitución —aunque muchas posiblemente no tengan claridad sobre el proceso o sus implicaciones—, y esa es una proporción ligeramente superior a la de quienes afirman querer votar movidos por las propuestas de las candidaturas.
