Tras años de promesas y retrasos, el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, estimado en casi $900 millones, vuelve a tomar impulso gracias a un acuerdo político entre todas las fracciones legislativas.

La iniciativa es considerada estratégica por diputados y dirigentes empresariales debido a su potencial para dinamizar el turismo, atraer inversión y generar empleo en el Caribe costarricense.
Los diputados aprobaron un texto sustitutivo del expediente 24.259, el cual pretende modificar la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
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La propuesta permitiría a la institución desarrollar proyectos de infraestructura, comerciales, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza mediante alianzas estratégicas.
La moción fue presentada por el Frente Amplio y, según explicó el diputado José María Villalta, la contratación podrá realizarse “siempre y cuando se garantice, mediante estudios técnicos y de factibilidad, que la iniciativa genera beneficios económicos, financieros y sociales para Limón”.
Villalta señaló que este tipo de proyectos puede desarrollarse con la legislación vigente, pero advirtió que el principal riesgo sería intentar evadir los procedimientos de contratación administrativa para escoger “a dedo” a un socio privado, sin respetar los concursos públicos.
Precisamente, uno de los principales obstáculos que enfrentaba la iniciativa estaba relacionado con preocupaciones sobre posibles excepciones indebidas a la contratación pública, debido a las similitudes con el artículo 9 de la llamada “Ley Jaguar”, propuesta que fue cuestionada por la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.
El proyecto original fue presentado por María Marta Carballo, diputada del PUSC entre 2022 y 2026, y retomaba uno de los artículos impulsados por el gobierno de Rodrigo Chaves para reformar el artículo 5 de la Ley de Japdeva y facilitar la construcción de obras en Limón, principalmente la Marina y la Terminal de Cruceros.
Los números clave del megaproyecto
- Inversión estimada: cerca de $900 millones
- Área de desarrollo: 27 hectáreas
- Capacidad de la marina: entre 80 y 120 espacios de atraque
- Capacidad de cruceros: dos embarcaciones simultáneas
- Visitantes en un día pico: entre 8.000 y 10.000 pasajeros
- Empleos proyectados: más de 20.000 directos e indirectos
- Gasto promedio por crucerista: $70 diarios
- Gasto promedio por visitante de marina: $114 diarios
Frente a este panorama, las fracciones de Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana consensuaron un texto intermedio que brinda mayor certeza jurídica y establece la obligación de respetar principios de contratación pública como transparencia, publicidad, eficiencia y libre concurrencia.
“La consulta a la Contraloría es importante porque ahí podemos ver si esta fórmula intermedia es conforme con los objetivos que se quieren cumplir”, concluyó Villalta.
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El nuevo texto sustitutivo incorpora, además, mecanismos de control, fiscalización y libre competencia para reducir eventuales cuestionamientos constitucionales.

En concordancia con esta premisa, el diputado limonense Mangell Mc Lean Villalobos, de Liberación Nacional, reconoció que el reto será avanzar sin debilitar los controles institucionales.
“La realidad es que un proyecto de esta envergadura nunca es sencillo. Nuestro modelo estatal es sumamente cauteloso, y con toda razón, pues se trata de inversiones millonarias, ya sean públicas o de alianzas con el sector privado. En ese sentido, la fiscalización debe ser impecable antes, durante y después de la ejecución; no estamos hablando de proyectos pequeños, sino de una obra que cambiará la historia de nuestra provincia”, afirmó.
Gobernanza corporativa y reglas de asociación
Aunque Japdeva no quedaría sometida a los procedimientos ordinarios establecidos por la Ley General de Contratación Pública, el proyecto sí obliga a la entidad a respetar principios constitucionales como transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la hacienda pública.
Mc Lean insistió en que, aunque los controles pueden ralentizar algunos procesos, la falta de voluntad política ha sido históricamente un obstáculo aún mayor para concretar iniciativas de desarrollo en Limón.
El proyecto establece, de igual forma, que las instalaciones construidas en los muelles de Japdeva continuarán siendo de dominio público y no podrán venderse, arrendarse ni gravarse.
Sin embargo, sí podrían ser explotadas conjuntamente con un socio estratégico bajo las condiciones que establezca el reglamento.
Bajo esta misma línea, el Consejo de Administración de Japdeva deberá definir, mediante reglamento, los requisitos y procedimientos para seleccionar aliados estratégicos.
Entre los criterios mínimos se incluyen estudios de riesgos y ventajas del proyecto, experiencia técnica y capacidad financiera de los socios, mecanismos de fiscalización y resolución de conflictos, así como declaraciones juradas para acreditar que los participantes no estén alcanzados por el régimen de prohibiciones de la Ley 9986.
Cada alianza deberá contar con la aprobación del Consejo de Administración de Japdeva y tendrá un plazo máximo de vigencia de 50 años.
Pese al avance político, el camino legislativo todavía es amplio, ya que el expediente deberá ser consultado ante la Contraloría General de la República y otras instituciones involucradas antes de continuar su trámite en el Plenario Legislativo.
Proyecciones de impacto socioeconómico
La Terminal de Cruceros tendría capacidad para recibir simultáneamente dos embarcaciones de gran tamaño, permitiendo movilizar entre 8.000 y 10.000 visitantes en un solo día de alta afluencia, de acuerdo con la presentación oficial del proyecto divulgada por Japdeva.
El desarrollo también contempla una marina con infraestructura turística y comercial que incluiría un edificio de atención para cruceristas, restaurantes, tiendas, mercado de artesanías, hoteles, estacionamientos y espacios de integración urbana para revitalizar la zona.
Para la diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, el alcance del proyecto puede ser transformador para toda la provincia.
“Estamos hablando de una obra capaz de convertir a Limón en un polo estratégico para el turismo, el comercio y los servicios. Se plantea un desarrollo integral con marina turística, nuevos atracaderos para cruceros, hoteles, comercios, restaurantes, paseo marítimo y espacios públicos”, destacó.
Según estimaciones de Japdeva y el Gobierno, el proyecto podría generar alrededor de 23.000 empleos directos e indirectos.
Datos oficiales estiman, además, que cada crucero puede representar cerca de $300.000 en ingresos para la región mediante comercio, tours, transporte y servicios turísticos.
Bajo este marco, Rubén Acón, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Limón, aseguró que el país necesita generar condiciones de certeza jurídica y rentabilidad económica para atraer inversionistas, ya que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para desarrollar la obra por sí solo.
“Este proyecto generará más de 20.000 empleos directos e indirectos y avanzar en esta iniciativa es urgente, porque Limón ha venido perdiendo visitas de cruceros y la única forma de revertir esa tendencia es modernizando la infraestructura y fortaleciendo la oferta turística”, afirmó.
En su momento, el ICT también estimó que, en el caso de la marina, cada visitante podría gastar hasta $114 diarios en servicios, con un promedio de dos ocupantes por embarcación.
La diputada del PUSC, Abril Gordienko López, aseguró que Limón tiene un enorme potencial que históricamente ha sido desaprovechado.
“Una marina turística y una terminal de cruceros de clase internacional colocarían al Caribe costarricense en el mapa del turismo de alto valor en la región. El impacto se traduciría en divisas, encadenamientos productivos locales, desarrollo comercial y, sobre todo, oportunidades reales para una provincia que ha sido relegada durante décadas”, afirmó.

Gordienko agregó que Limón arrastra décadas de promesas incumplidas y proyectos que nunca llegaron a ejecutarse, pero insistió en que la urgencia no puede convertirse en excusa para debilitar los controles institucionales.
“Urgencia y rigor no son contradictorios, son complementarios. Avanzar rápido y bien es posible si existe voluntad política real y si las instituciones cumplen adecuadamente su papel de fiscalización”, concluyó.
Hoja de ruta y viabilidad regulatoria
Pese al avance político, todavía no se conocen detalles técnicos definitivos del proyecto, tales como el número exacto de atraques, diseños finales, cronograma de construcción, financiamiento definitivo, operador final ni estudios ambientales concluidos.
El expediente será enviado en consulta a instituciones como:
- Contraloría General de la República
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes
- Procuraduría General de la República
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
- Ministerio de la Presidencia
- Municipalidades limonenses
- Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
¿Qué incluye el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros?
El proyecto contempla el desarrollo de una marina turística y una terminal de cruceros de clase mundial en Puerto Limón. La infraestructura abarcaría 27 hectáreas e incluiría:
- Edificio de atención para cruceristas
- Restaurantes y zonas comerciales
- Mercado de artesanías
- Hoteles
- Estacionamientos
- Espacios públicos y de integración urbana
- Paseo marítimo
- Club de yates
- Patios técnicos y bodegas para embarcaciones
- Áreas para tours acuáticos y transporte terrestre
Además, el muelle tendría capacidad para recibir dos grandes cruceros de forma simultánea, movilizando entre 8.000 y 10.000 pasajeros en un solo día de alta afluencia.
