EscucharLa detención de Guobin Tam Zhang abrió un proceso de extradición a Estados Unidos. La difusión de fotografías de su presencia en actividades con figuras del chavismo abrió otro frente: determinar cómo llegó a esos espacios, qué relaciones mantenía y si existió algún vínculo financiero con la campaña de Pueblo Soberano. En menos de una semana, la controversia pasó de las explicaciones de dirigentes políticos a la aprobación de una comisión legislativa.
El 8 de octubre, 52 diputados respaldaron una investigación cuyo alcance supera al detenido, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong. El órgano examinará posibles nexos entre personas sospechosas o detenidas por narcotráfico y legitimación de capitales, partidos políticos y financiamiento electoral. Incluirá las campañas de 2022 y 2026 y tendrá seis meses para desarrollar su trabajo.
Ese desenlace resume la transformación política del caso. Una captura coordinada con autoridades estadounidenses derivó en preguntas sobre el acceso a espacios del oficialismo, respuestas de distintos integrantes de Pueblo Soberano y una disputa parlamentaria por definir qué investigar. Las fotografías no demuestran por sí solas relaciones ilícitas, pero sí colocaron sobre la mesa preguntas de responsabilidad política que las negativas generales no resuelven.
Una captura que dio otra relevancia a las imágenes
Tam Zhang, ciudadano de origen chino naturalizado costarricense, fue detenido el 2 de octubre a solicitud de Estados Unidos. Según la información de la DEA citada por el Ministerio Público, estaría relacionado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, en México, y con el Clan del Golfo, en Colombia. Las autoridades también lo vinculan con el uso de criptoactivos para movilizar fondos relacionados con actividades ilícitas.
La dimensión política apareció con la difusión de una fotografía junto a Pilar Cisneros, exdiputada y asesora de comunicación del Gobierno, durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, el 1.° de febrero, en el Hotel Aurola. Según la información de La Nación, Tam estuvo en salones reservados para autoridades partidarias, integrantes de campaña e invitados especiales, cuyo acceso requería invitación y controles de seguridad.
La distinción entre un espacio abierto a simpatizantes y un salón de acceso restringido es central. La fotografía permite establecer que Tam y Cisneros coincidieron y posaron juntos; no permite determinar la naturaleza de una relación. El ingreso a un recinto reservado, en cambio, plantea una pregunta organizativa verificable: quién autorizó o facilitó su presencia.
Cisneros negó conocerlo y explicó que durante aquella noche se tomó fotografías con numerosas personas. También trasladó al partido la responsabilidad de aclarar quién lo invitó, con referencias específicas a Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, y a Freddy González, secretario general de la agrupación.
La controversia dejó entonces de depender únicamente de lo que mostraba una imagen. Comenzó a girar alrededor de los procedimientos de invitación y de la distribución de responsabilidades dentro de la campaña.
Las negativas y las explicaciones pendientes
El 5 de octubre, la presidenta Laura Fernández afirmó que no conocía a Tam, que no se había reunido con él y que desconocía qué hacía en la celebración electoral. También indicó que investigaría las circunstancias de su presencia.
Mayuli Ortega negó cualquier relación personal o partidaria con el detenido y sostuvo que las actividades de campaña no eran organizadas directamente por Pueblo Soberano, sino por el comando de campaña. Posteriormente, anunció ante el plenario legislativo una investigación interna para determinar cómo ingresó Tam a los espacios exclusivos para invitados.
El PPSO también respondió en el terreno financiero. Según el documento de su Tesorería, la revisión de los registros de la campaña de 2026 no encontró donaciones en efectivo o especie, contratos, transferencias, contribuciones ni otras operaciones bajo los nombres Zhang Guobin, Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong.
Otros encuentros ampliaron las preguntas
La controversia adquirió otra dimensión cuando trascendió que Alexander Astorga, tesorero del PPSO y jefe de despacho de Fernández, estuvo en una fiesta de cumpleaños en Casa China a la que también asistió Tam. La actividad se realizó el 4 de setiembre y correspondía al cumpleaños de Kathleen Quirós, identificada por La Nación como pareja del detenido.
Astorga explicó que acudió por invitación de Quirós, que no sabía que Tam estaría presente y que ella se lo presentó al llegar. También aseguró que no tuvo contacto con él antes ni después de la fiesta. La Nación reportó, además, que Freddy González, quien inicialmente había negado conocer a Tam, terminó reconociendo que sí lo conocía.
La disputa por el alcance de la comisión
El traslado del caso a la Asamblea Legislativa no produjo un acuerdo inmediato sobre qué investigar. El oficialismo rechazó una propuesta del PLN enfocada en Tam y en las circunstancias de su ingreso a la celebración electoral. Esa moción recibió 29 votos en contra y 23 a favor. Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, argumentó que una comisión con ese objeto no sería “pareja”.
La propuesta finalmente aprobada amplió el campo de investigación a posibles relaciones entre personas investigadas por narcotráfico o legitimación de capitales, agrupaciones políticas, funcionarios y otras instituciones del Estado. También incorporó el financiamiento de las dos últimas campañas.
La diferencia tiene consecuencias políticas. Una investigación centrada en Tam colocaba el foco inmediato sobre Pueblo Soberano y sus explicaciones. El mandato más amplio incorpora otros casos y partidos, por lo que distribuye el escrutinio más allá del oficialismo.
La comisión tendrá nueve integrantes: cinco del PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio y uno de las bancadas unipersonales. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció su instalación para el 27 de octubre, fecha a partir de la cual empezaría a correr el plazo de seis meses.
El oficialismo contará, por tanto, con mayoría en el órgano encargado de examinar un caso que lo involucra en el debate público. Esa composición no anticipa las conclusiones, pero vuelve relevante observar cómo se definirá la agenda, a quiénes se convocará y qué documentación se solicitará.
La prueba de la comisión será pasar de las fotografías a la documentación. Su aporte dependerá de esclarecer quién invitó a Tam, qué relaciones mantuvo y si esas relaciones tuvieron alguna dimensión económica o institucional.
