La aprobación del entonces proyecto de ley 22.215 para la atracción de nómadas digitales en la Asamblea Legislativa encendió una llama que prometía grandes resultados, pero que fue disminuyendo progresivamente.
Este tipo de visa, oficialmente conocida como Estancia para Trabajadores Remotos y Prestadores de Servicios, es una subcategoría migratoria creada para atraer a profesionales extranjeros que trabajan de forma remota para empresas o clientes fuera de su país. Este permiso permite residir legalmente en Costa Rica durante un año, con la posibilidad de renovarlo por otro adicional, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. En el primer trimestre del 2025 solo se aprobaron 54 permisos de este tipo.
La actual Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional fue presentada oficialmente el 21 de septiembre de 2020 por Carlos Ricardo Benavides, ex diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), en medio de las dificultades de la pandemia por Covid-19, como una oportunidad para aprovechar la emergente tendencia y necesidad de teletrabajo a nivel internacional. El 13 de julio de 2021 se aprobó en segundo debate con 34 votos a favor y cinco en contra.
Las ventajas no compensarían el costo
En una entrevista con El Financiero, Benavides recordó que la motivación surgió al observar cómo algunas ciudades en Estados Unidos comenzaban a ofrecer incentivos para atraer a este nuevo perfil de trabajadores. Con más meses cálidos al año, buena conectividad y calidad de vida, esos destinos buscaban dinamizar sus economías locales mediante el gasto de quienes llegaban con ingresos generados en el exterior.
“Descubrimos que las condiciones migratorias que teníamos eran bastante limitadas y muy atrasadas. El país exigía una serie de requisitos poco realistas para este tipo de visitante: trámites lentos, complejos y sin un enfoque digital. Así surgió una premisa clara: que la visa se pudiera tramitar en pocas semanas, con requisitos razonables y de forma completamente en línea”, explicó.
El nuevo permiso debía ofrecer ventajas competitivas, entre ellas abrir cuentas bancarias, usar licencias de conducir extranjeras sin restricciones y la exoneración de impuestos de importación para equipos como computadoras o cámaras. Todo pensado para que el visitante no solo residiera en el país, sino que también consumiera y dejara ingresos en la economía local.
Aunque la ley fue aprobada con relativa rapidez, su implementación se estancó. A juicio del diputado, el reglamento requerido para aplicarla enfrentó resistencias dentro de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME): “Había resistencia a ceder ante requisitos del reglamento para efectos de aplicación de la ley”.
A pesar de ese avance, algo cambió en el camino, pues mientras se afinaban los detalles para aplicarla, el gobierno duplicó el tiempo de permanencia permitido para las visas de turista, que pasó de ser de tres a seis meses. Esa decisión tuvo un efecto colateral directo, pues abrió la posibilidad de que extranjeros que antes habrían optado por la visa de nómada digital tuvieran la oportunidad de ingresar con visa de turista, salir una vez, y regresar para completar hasta un año legal en el país.
Para Benavides, esto desincentivó el uso formal de la visa, aunque no necesariamente redujo la presencia de nómadas. “Yo estoy seguro de que tenemos muchísimos, pero no están usando la visa. Están viniendo como turistas”, afirmó.
¿Eso afecta a la economía? No del todo, pues según el exdiputado el impacto económico existe independientemente del tipo de visa: alquilan, consumen, contratan servicios. Sin embargo, sí hay diferencias prácticas, ya que quienes ingresan con visa de nómada digital deben contratar un seguro de salud privado. Si no entran con este permiso (y sin seguro), entonces se genera una dependencia de la seguridad social costarricense en caso de emergencias.
Además, los turistas no pueden abrir cuentas bancarias ni usar legalmente sus licencias de conducir, dos facilidades que sí ofrece la visa de nómada digital. Aun así, puede que las ventajas no compensan el tiempo y costo del trámite.
Benavides no descartó que sea necesario revisar la ley y sus condiciones. “Eventualmente sería interesante hacer ajustes para mejorar las posibilidades de atraer personas bajo esta modalidad”, sentenció.
Cantidad de solicitudes y aprobaciones
Desde que se aprobó la ley, el 2023 se consolidó como el año con mayor movimiento en cuanto a solicitudes y aprobaciones de este tipo de visa. En ese año se recibieron 577 solicitudes y se aprobaron 555, cifras que superan ampliamente las registradas en otros periodos.
En 2022, durante los primeros meses de implementación, se presentaron 455 solicitudes y se aprobaron 193. Para 2024, con corte a octubre, la Dirección General de Migración y Extranjería reportó 193 solicitudes y 201 aprobaciones. En tanto, en el primer trimestre de 2025, se registraron 43 nuevas solicitudes y 54 aprobaciones.
La institución aclaró que cuando el número de aprobaciones supera al de solicitudes es porque algunas resoluciones corresponden a trámites ingresados en periodos anteriores y que enfrentaron retrasos por necesidad de más documentación o procesos adicionales.
¿Cómo se tramita una visa de nómada digital?
Uno de los criterios principales para aplicar es demostrar ingresos mensuales mínimos de $3.000 si se viaja solo, o de $4.000 si se incluye a familiares dependientes. Además, es obligatorio contar con un seguro médico con una cobertura mínima de $50.000, válido durante toda la estadía y que también cubra a los acompañantes.
La solicitud puede presentarse a través de la plataforma Trámite Ya de Migración, o bien de manera presencial si la persona ya se encuentra en el país. Se debe presentar el pasaporte vigente, documentos que prueben el ingreso regular (como contratos o estados de cuenta bancarios) y traducir al español cualquier documento emitido en otro idioma.
También se requiere el pago de tasas administrativas que incluyen un depósito inicial de $100 y un monto adicional cercano a los $90 para la emisión del Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex). En algunos casos, se pide un depósito de garantía proporcional al valor de un tiquete de regreso.
Una vez que se presenta la solicitud, Migración tiene un plazo de 15 días naturales para emitir una resolución. Si la documentación está incompleta, se otorga un plazo adicional para corregirla y la administración cuenta con otros 15 días para tomar una decisión definitiva.
Para renovarla por un segundo año, es necesario haber permanecido en el país al menos 180 días durante el primero.
