El costo de estudiar una carrera universitaria en Costa Rica va mucho más allá de los costos directos como la matrícula, materiales y los créditos (aranceles). La mayor carga financiera para los estudiantes en realidad proviene de los gastos complementarios: alimentación, vivienda, transporte y telecomunicaciones.
Esa es una de las principales conclusiones del estudio El gasto real de estudiar educación superior en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El informe también señala que el gasto promedio total depende del tipo de institución y su ubicación: en una privada de la capital puede alcanzar los $49.000 (casi ¢25 millones al tipo de cambio actual) y bajar a $38.000 (unos ¢19 millones) fuera de San José.
Pero si la opción es la oferta pública, entonces el costo promedio de una carrera en la capital será de $41.000 (casi ¢21 millones) por completar el programa de estudios. Fuera de la capital, la inversión baja a $26.000 (unos ¢13 millones).
El gasto de los estudiantes
Traducido a gastos anuales, los estudiantes en universidades privadas de la capital desembolsan $16.000 (¢8 millones), frente a $10.000 en públicas (¢5 millones). Esos gastos suman los costos directos y los complementarios.
“En Costa Rica, por ejemplo, los gastos complementarios en universidades públicas pueden ser más elevados que en las privadas, lo que sugiere que el gasto real de estudiar depende de múltiples factores más allá de los aranceles”, revela el informe.
Los gastos complementarios para los estudiantes en universidades públicas equivalen a un 79% y 74% de sus gastos totales de carrera dentro de la capital y fuera de ella, respectivamente. En el caso de los universitarios del sector privado, esos mismos gastos equivalen al 50% del total que invertirán durante su carrera en la capital, mientras que fuera de la capital corresponden a un 38%.
El estudio señala que el gasto anual de estudiar en universidades privadas representa entre el 45% (fuera de la capital) y 58% (en la capital) del PIB per cápita.
La distribución de estudiantes según financiamiento de la institución evidenció que el 52% de los estudiantes se estaban formando en instituciones privadas en el 2023. Aunque el dato deja a las opciones públicas como las menos dominantes, ese 48% que representa en el país es el más alto frente a Colombia (20%), Perú (también 20%), y Chile (18%).
Por otra parte, los contrastes entre grupos sociales siguen presentes, aunque han disminuido. En 2006, apenas un 10% de los jóvenes de los quintiles 1 y 2 (los más pobres) accedía a la educación superior; la participación llegó al 32% en 2023. La participación del quintil 5 (los más ricos) pasó de 50% a 65%.
Inversión pública en educación superior
Chile y Costa Rica figuran entre los países con mayor inversión pública en educación superior como proporción del producto interno bruto (PIB), con un 1,4% y 1,3%, respectivamente, superando tanto el promedio regional como el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, en el caso costarricense, el impulso a la inversión pública se dio principalmente en educación secundaria, donde pasó del 1,3% al 2,1% del PIB, mientras que en educación superior creció moderadamente, de 0,9% a 1,3%.
Cuando se observa el gasto por estudiante, la diferencia es notoria: en 2020, Costa Rica destinó $2.000 por alumno en educación superior, frente a los $3.000 invertidos por cada estudiante de secundaria.
Aunque Costa Rica dedica una alta proporción de su PIB a la educación superior, el monto por estudiante es relativamente bajo comparado con Perú ($3.000), Colombia ($6.000) y Chile ($7.000). Esta diferencia, según el BID, podría incidir negativamente en la calidad educativa “que generalmente implica una mayor inversión por estudiante”.
A pesar de la diferencia en la inversión que hace Costa Rica en educación superior frente a otros países, el porcentaje de presupuesto nacional destinado a educación superior, entre el 2010 y 2024, fue de un 22,7% y se situó por encima de Chile, Perú y Colombia.
El informe también detalla que el 91% del presupuesto público de este rubro se orienta a la oferta educativa, es decir, al funcionamiento institucional. El porcentaje restante se destina a los costos de programas académicos que mejoren las condiciones de acceso y permanencia de los jóvenes.
Las becas y subvenciones en el país financian el pago en la matrícula y el arancel del programa académico con un tope máximo definido. Mientras que los créditos estudiantiles —fondos reembolsables destinados a financiar parcial o totalmente los gastos del programa de estudios en educación superior y otros gastos relacionados— se realizan directamente a los estudiantes y se destinan principalmente a los estudios en universidades privadas.
El estudio concluye que Costa Rica ha desarrollado un sistema donde los créditos cumplen una función específica y diferenciada, convirtiéndose en el principal instrumento de financiamiento para el sector privado.